La Unión Progresista de Fiscales denuncia una “caza de brujas” contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El responsable jurídico, investigado por un supuesto delito de revelación de secretos, está citado a declarar como imputado el próximo 29 de enero en la causa abierta contra él, la Fiscal Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el Teniente Fiscal de la Secretaría General Técnica, Diego Villafañe, después de haber desmentido el bulo fabricado por el entorno de la lideresa de Sol en la causa judicial que afecta a su pareja, quien reconoció dos delitos fiscales.

El documento firmado por el vector progresista de los magistrados y al que ha tenido acceso la Cadena Ser, mantiene que lo que el juez del Alto Tribunal define como “indicios” contra los investigados se corresponde con el “normal funcionamiento” del Ministerio Público que opera ateniéndose a los principios de unidad y jerarquía y en la que todos los miembros que forman parte están obligados a informar a sus superiores de temas que tienen una especial trascendencia.

"Ataque sin precedentes"

Así las cosas, el texto asegura que “la resolución supone un ataque directo a la institución del Ministerio Fiscal y a su funcionamiento interno porque la dación de cuenta al Fiscal General de los asuntos trascendentes no es una posibilidad, sino una obligación”, y añade que el auto “no supone otra cosa que manifestar que la dación de cuentas al superior jerárquico puede ser considerado a partir de ahora un indicio de delito”. En consecuencia, la cuestión obedece a “un ataque frontal, sin precedentes al trabajo diario de los fiscales y al Estado de Derecho”.

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha dado por buena la tesis de las acusaciones con el auto por el cual se cita a declarar como investigados a los cargos mencionados mientras rechaza el testimonio de los periodistas que declararon como testigos y que tuvieron en su poder el correo con la confesión del compañero sentimental de la presidenta antes de que dicho documento alcanzara al Fiscal General.

De esta manera, Hurtado considera que la testifical de los informadores no arrojan datos objetivos a la vez que mantiene que la filtración salió de Fiscalía. Es más, se refiere a un plan cerrado entre García Ortiz, Rodríguez y Villafañe con el objetivo de dar rienda suelta a una dinámica delictiva; siendo así como definen las actuaciones llevadas a cabo para echar por tierra la mentira del entorno de la presidenta, concretamente de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Cabe destacar que el responsable de prensa de la baronesa regional intentó hacer creer a partir de información sesgada que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto a González Amador, cuando las cosas ocurrieron precisamente al revés. Es decir, que fue la defensa del novio de la política la que reconoció haber cometido fraude fiscal con la intención de evitar la prisión.

Con el último movimiento de Hurtado, Ortiz está llamado a declarar el próximo 29 de enero. Un día después está citada Rodríguez, y la número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, tendrá que hablar en sede judicial el próximo 5 de febrero.

El auto de Ángel Hurtado

En el auto, el juez Hurtado explica que da este paso porque considera que las diligencias practicadas, especialmente que las diligencias practicadas, especialmente los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, vienen a “apuntar” la presunta participación García Ortiz Rodríguez en la filtración investigada.

Asimismo, el juez considera que “hay base indiciaria para abrir la investigación contra Villafañe, pues los tres, de manera coordinada, se podrían haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de lo que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados”.

Para el magistrado, el “solo trasiego del intercambio de mensajes que se producen el día 13 de marzo de 2024 entre las 21:59 horas, en que García Ortiz recibe en su Gmail particular” el correo electrónico del 2 de febrero donde la defensa de González Amador ofrece reconocer dos delitos fiscales a cambio de alcanzar un acuerdo. A las 23:51, cuando el mail se publica en medios de comunicación, son “reveladores de momentos de urgencia y gran tensión, que tienen lugar bajo su batuta”.

En la misma línea, el magistrado añade que el Fiscal General en “la elaboración de la nota de prensa, que se publica como nota informativa, en la mañana del día 14”, pasadas las 10:00 horas, para hablar de ese cruce de mensajes “es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse”.

“La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero de 2024, que no había sido remitido a Fiscalía General entre la documentación enviada el día 8 a través del teniente fiscal Diego Villafañe Díez", apostilla el texto.