La renovación del Tribunal Constitucional lleva meses pendiendo de un hilo. El Partido Popular ha enarbolado constantemente críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque, a su juicio, esta institución está "invadida por el sanchismo" a raíz de sentencias como la de la ley de amnistía. Los 'populares' depositan toda la presión sobre el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, cuyo mandato concluyó el pasado mes de diciembre, pero es precisamente el PP quien bloquea su renovación desde entonces. La última prórroga pedida por los 'populares', vigente hasta el 30 de septiembre, se debe, por rocambolesco que pueda parecer, a la cántabra Virgen de la Bien Aparecida.
La Mesa del Parlamento de Cantabria y el Senado son los epicentros de este suceso. La citada asamblea autonómica aprobó el pasado 4 de mayo pedir a la Cámara Alta retrasar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional hasta más tarde del 15 de septiembre, porque tal fecha coincide con la festividad autonómica de la Virgen de la Bien Aparecida, y el calendario de plenos no suele empezar hasta después de esta celebración. Esa decisión se tomó con el visto bueno de todos los miembros de la Mesa oída la Junta de portavoces, incluso el PSOE, que aceptó con naturalidad la decisión sin buscarle la intencionalidad política. En el Senado, no obstante, la cosa fue distinta: el PP se valió de su mayoría absoluta para aprobar una nueva prórroga del plazo para presentar candidatos, y el PSOE votó inútilmente en contra. El documento recoge las quejas de los representantes socialistas, que valoraban que la prórroga no había estado acompañada de la debida justificación y que, en todo caso, para llegar hasta aquella fecha aún faltaba mucho, por lo que el Parlamento cántabro tenía margen para operar.
El presidente de la Cámara, Pedro Rollán, cerró a toda prisa el debate sin atender a las demandas de la oposición y presentó como justificación una hipotética falta de acuerdo en el Parlamento Cántabro. Con este, ya son media docena de aplazamientos de la renovación del tribunal. El PP, mientras tanto, juega a dos bandas: por un lado, continúa postergando el cambio, y por otro y al mismo tiempo, lo pone en su punto de mira como uno de los organismos "secuestrados" por La Moncloa.
Cómo se renueva el Constitucional y por qué está bloqueado
El Tribunal Constitucional está compuesto por doce miembros. Su renovación se prevé cada tres años por bloques de cuatro magistrados: un tercio corresponde al Congreso, otro al Senado y el tercero se lo reparten Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. En los dos tercios que respectan a las Cortes Generales, la elección de los jueces requiere de una mayoría cualificada de tres quintos de cada Cámara, lo que facilitaba (y obligaba) el entendimiento entre los partidos mayoritarios. El mandato de los magistrados elegidos hace nueve años por el Senado concluyó el pasado mes de diciembre, y entre ellos está el actual presidente, al que el PP ha acusado reiteradamente de tumbar sentencias o avalar leyes para favorecer al PSOE y al Gobierno. La judicatura, a su vez, se ha lanzado contra Conde-Pumpido por revertir sentencias procedentes del Supremo.
En el Senado, tres quintos son 159 senadores. El PP tiene 143, y es precisamente esa diferencia de 16 la que explica el bloqueo al máximo órgano de interpretación de la Constitución española. El PP, con su mayoría absoluta y a la vista de sus constantes críticas al actual presidente del tribunal de garantías, cabría esperar que fomentaran, a la mayor celeridad posible, la renovación. Pero no ha sido así y los de Núñez Feijóo han pospuesto el relevo todo lo posible para seguir azuzando el fantasma del secuestro de la institución durante la mayor cantidad de tiempo posible.
Pumpido remitió una misiva a la Cámara Alta en agosto de 2025 para recordar que el proceso de renovación debía echar a andar, a más tardar, en tres meses desde entonces. El PP, no obstante, ha decidido desde entonces bloquear el procedimiento haciendo uso de diferentes excusas. La primera de ellas llegó en noviembre, cuando María Guardiola anunció la disolución de la Asamblea de Extremadura y la convocatoria de elecciones para diciembre. Cabe tener en cuenta que el Senado elige a los magistrados del Constitucional a raíz, precisamente, de las propuestas que le llegan de los parlamentos autonómicos. Al estar disuelto el extremeño, el PP pidió la posposición del procedimiento. No obstante, aquella excusa cae en saco roto al percatarse de que el Senado esperó hasta el 15 de diciembre de 2025 para abrir formalmente el plazo de presentación de candidaturas, apenas a dos días de la expiración de los mandatos de los magistrados, y especialmente teniendo en cuenta que en 2026 habría hasta tres convocatorias electorales, que dilatarían todavía más el proceso: Aragón, Castilla y León y Andalucía. Cada una de esas votaciones ha dado lugar a su respectiva prórroga.
Otra de las demoras llegó de la mano de la Asamblea de Madrid, donde también ostentan mayoría absoluta. El pasado 17 de abril pidió ampliar el plazo con el objetivo de disponer de más tiempo para negociar, proponer y consensuar los perfiles entre los grupos parlamentarios. La petición fue aprobada y la votación quedó pospuesta a después del verano. Otros, por su parte, sí han cumplido con los plazos previstos: el Parlamento Vasco aprobó el pasado 30 de abril nominar para el cargo a Xabier Arzoz Santisteban y a Javier García Roca.
La última de esta sucesión de demoras y excusas ha sido, como se ha explicado en líneas anteriores, la festividad de la cántabra Virgen de la Bien Aparecida, que demorará la renovación, como mínimo, hasta después del 15 de septiembre, lo que supondrá que el mandato del tribunal de garantías llegará a estar caducado por nueve meses en ese momento.
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