La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha ganado especial protagonismo en los últimos meses por su papel activo, o inactivo, en las diferentes tramas corruptas que investigan los tribunales españoles. Las formaciones políticas han elevado los informes de este cuerpo a la categoría de dogma, según interés, pero los agentes se han granjeado muchas críticas por las diferentes velocidades aplicadas en función del caso, rápida con el caso Koldo o la trama hidrocarburos y lenta con Montoro y el novio de Ayuso, y por los errores de bulto cometidos.
Más allá de los delirios plasmados en el informe contra el otrora fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que terminó siendo condenado sin pruebas fehacientes y con las meras suposición del Tribunal Supremo; también fue muy sonado el error en el cambio de divisas, pues la cuantía aparecía en pesos colombianos, que afectaba a un propiedad de José Luis Ábalos en Colombia, que paso de costar millones de dólares a apenas 750 euros. A estos se suma ahora la atribución de una llamada a un alto cargo ministerial al que se le cambia el segundo apellido.
El informe de la UCO del 3 de diciembre, revelado a finales de la pasada semana, recoge una llamada telefónica entre el conseguidor Víctor de Aldama y el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, en el marco de la trama de hidrocarburos y la validación de Villafuel SL como operadora. La cuestión es que, según la agenda del móvil de propio Aldama, la conversación se produjo con Manuel García Maroto, no con Manuel García Hernández; sin embargo, en una pirueta, la UCO desliza que las diferencias de apellidos podrían ser un error.
Desde el Ministerio de Transición Ecológica, del que depende el director, no salen de su asombro ante la inferencia de la UCO. “Manuel García Hernández nunca ha hablado ni mantenido contacto alguno con Víctor de Aldama. De acuerdo con las informaciones de los medios de comunicación, el informe de la UCO conocido hoy indica que Aldama remitió varios mensajes en marzo de 2021 a otra persona que comparte nombre y primer apellido con el alto cargo del MITECO, pero no segundo apellido, Manuel García Maroto”, trasladan fuentes ministeriales a ElPlural.com.
El proceso de Villafuel, más largo y exigente que la media
Además, desde Ministerio capitaneado por Sara Aagesen niegan la mayor y aseguran que no hubo trato de favor a Villafuel, compañía de la que Aldama funcionaba como representante mercantil y que la Guardia Civil apunta que consiguió su licencia como operadora de hidrocarburos gracias a la influencia en Transición Ecológica de Ábalos, cuya “voluntad” fue comprada con “aproximadamente un millón de euros”. Aldama "intermedió con el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández", acusa directamente la unidad especializada, pese a que los apellidos no coinciden.
“El MITECO siempre ha trabajado con la máxima diligencia en la comprobación de los requisitos que deben cumplir las empresas. Nunca ha otorgado trato de favor a ninguna empresa en la tramitación de sus expedientes”, defienden las mismas fuentes ministeriales consultadas por este periódico. Además, resaltan que, no solo los tiempos no se acortaron, sino que fueron mucho más amplios (casi el triple) que la media para estos procesos.
“El expediente de Villafuel, concretamente, tardó en resolverse casi tres veces más que la media, desde enero de 2021 hasta el 15 de septiembre de 2022, fecha en que pudo finalmente operar”, destaca Transición Ecológica, contraponiendo los 230 días de media a los aproximadamente 600 que se alargó este proceso. “La larga tramitación de este expediente”, añaden, “se debió a que el MITECO realizó sucesivas peticiones de información y aclaraciones para verificar el cumplimiento de los requisitos, en dos procedimientos”.
Es más, en la primera intentona, el departamento competente inadmitió la solicitud de Villafuel (el 9 de diciembre de 2021), a lo que la empresa respondió presentando un recurso de reposición que se rechazó, quedando cerrado el expediente. La compañía inició un segundo procedimiento en julio de 2022, volviendo a presentar su solicitud, y esta vez “sí acreditó los requisitos técnicos y financieros exigidos por la normativa, de modo que empezó a operar el 15 de septiembre de 2022”, relatan la cronología.
“La duración total expediente, las sucesivas solicitudes de información, el hecho de que la denegación inicial fuera recurrida sin éxito y el aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones sectoriales, son pruebas de que no solo no hubo trato de favor hacia la sociedad, sino de que hubo una gestión rigurosa y de máxima diligencia por parte de los funcionarios públicos del MITECO”, zanjan desde el Ministerio.