Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han marchado a las 15:30 horas de la sede de Adif y poco después han hecho lo propio en la de Dirección General de Carreteras, tras cumplir el auto del juez del Tribunal Supremo (TS) que investiga el 'caso Koldo'. Así se ha puesto fin al operativo ordenado por el Tribunal Supremo, que ha elevado estos requerimientos para los que todas las partes han colaborado activamente.
La UCO se ha desplegado justo después de que el instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, ordenara a la Guardia Civil el acceso y clonado del correo corporativo del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán y del de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, así como que recabaran de Adif y la Dirección General de Carreteras los expedientes de once obras bajo sospecha. Todos los operativos han sido simultáneos, pero el primero del que se ha tenido noticia ha sido el de Ferraz, que ha coincidido con el regreso de Santos Cerdán al Congreso de los Diputados para realizar diferentes trámites para pedir una indemnización de 19.000 euros que le corresponde por sus seis años de diputado.
La Guardia Civil se ha marchado de la sede socialista aproximadamente a las 14:30 horas tras tres horas en el edificio para realizar el clonado del correo electrónico del hasta la semana pasada secretario de Organización. La última sede de la que han salido los agentes de la UCO ha sido la Dirección General de Carreteras, en torno a las 15:45 horas.
Descartados los registros requeridos por el PP
Por otra parte, el PP, que ejerce la dirección letrada de todas las acusaciones populares que hay en el 'caso Koldo' en el TS, había pedido al instructor que ordenara también registros en casa de Cerdán y en sus despachos de Ferraz y el Congreso, pero el magistrado los ha descartado por "previsibles".
Sobre esto, cabe aclarar que el ex 'número tres' del PSOE quedó fuera de los registros acordados la semana pasada en el marco de esta presunta trama de amaño de obras, que sí incluyeron el de la casa de Ábalos, por cuanto en ese momento seguía siendo diputado y, por tanto, aforado, con lo que habría sido necesario el permiso de la Cámara Baja.
En un auto dictado este mismo viernes, el instructor requería al PSOE que permitiera a los agentes "la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa" de Cerdán. Asimismo, reclamaba que entregara a la UCO "cualquier otra cuenta de correo que pudiera hallarse" y que haya sido "empleada exclusivamente" por el exdirigente socialista. Los socialistas, por su parte, han aceptado de buen grado la petición y han colaborado con la justicia.
El magistrado ha adoptado esta decisión al haber acordado formalmente la imputación de Cerdán, que ya no goza del aforamiento tras renunciar a su escaño como diputado el pasado lunes; todo ello después de que trascendiera el contenido del informe de la UCO que le sitúa en el epicentro de una presunta trama de amaños de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones. Cerdán declarará ante el juez el próximo lunes 30 de junio.
El juez también ha reclamado al Ministerio de Transportes que aporte el correo oficial de Ábalos, motivo por el que agentes de la UCO también se han personado en el departamento que ahora dirige Óscar Puente. Lo mismo han hecho, además, en la sede de Adif y la Dirección General de Carreteras.
Obras irregulares
En el mismo auto, de 47 páginas, el magistrado también solicita al ministro de Transportes, Óscar Puente, "para que imparta las órdenes oportunas al efecto de que se facilite a los agentes (..) el acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de uso personal exclusivo" de Ábalos. El instructor considera que dicha medida es "conveniente y necesaria" y no había sido acordada hasta la fecha.
El magistrado también solicita a Adif que envíe al Supremo, en un plazo de 15 días, toda la documentación relativa a la adjudicación de cinco obras: una en Sant Feliú de Llobregat (Cataluña), por 51,7 millones de euros; dos en Murcia, por 158,8 millones y 121,1 millones; una en Monforte (Galicia), por 1,4 millones; y otra en Asturias, valorada en 592.053 euros.
Asimismo, reclama a la Dirección General de Carreteras para que facilite, en el mismo plazo, documentación relativa a la adjudicación de otras seis obras: una en Logroño (La Rioja), por 92,4 millones de euros; una en Sevilla (Andalucía), por importe inicial de 71,4 millones que luego se amplió hasta los 102,8 millones; una en Asturias, por 7,3 millones; una Úbeda (Andalucía), de la que no se precisa importe; una en Teruel, por 5,7 millones; y una en la autovía A-12 en el tramo entre La Rioja y Burgos, por 72,4 millones.
En concreto, se trata de las adjudicaciones señaladas por la UCO en su informe del 5 de junio. Según los agentes, dichos contratos fueron otorgados a Acciona Construcción, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos destinados a Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.