Una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reordenado el procedimiento abierto a raíz de una solicitud de acceso a información pública presentada en 2023 sobre el expediente académico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El fallo determina que la administración competente para tramitar la petición no es el Gobierno autonómico, sino la Universidad Complutense de Madrid (UCM), al ser la institución que custodia la documentación requerida.
El origen del procedimiento se remonta a febrero de 2023, cuando el medio Newtral.es solicitó acceder al expediente académico de la dirigente madrileña tras su designación como 'Alumni Ilustre' por la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. La petición perseguía conocer los méritos académicos vinculados a ese reconocimiento mediante el acceso a las calificaciones obtenidas por Ayuso durante la Licenciatura en Periodismo y el Máster en Comunicación Política y Protocolo cursados en la universidad.
La Comunidad de Madrid rechazó inicialmente facilitar la documentación al considerar que se trataba de información de carácter personal y argumentar, además, que el expediente académico no constituye un requisito exigible para el desempeño de un alto cargo público. Frente a esa negativa, la solicitante presentó una reclamación ante el entonces Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.
En septiembre de 2023, dicho organismo estimó parcialmente la reclamación sin pronunciarse sobre la publicidad o no del expediente. Su resolución se limitó a concluir que la Comunidad de Madrid carecía de competencia para resolver la solicitud, puesto que la documentación no obraba en su poder, sino en los archivos de la Universidad Complutense. Por ello, instó a retrotraer el procedimiento y remitir formalmente la petición a la institución académica.
Sin embargo, esa decisión no llegó a ejecutarse. El Ejecutivo madrileño interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para impugnar la resolución del órgano de transparencia, lo que paralizó el desarrollo del procedimiento durante varios años.
La sentencia dictada ahora por el alto tribunal madrileño respalda el criterio mantenido por el entonces Consejo de Transparencia y confirma que corresponde a la Universidad Complutense tramitar y resolver la solicitud de acceso a la información. Como consecuencia, el expediente ha sido finalmente trasladado a la universidad, que ya ha iniciado los trámites administrativos correspondientes.
No obstante, la decisión definitiva sobre el acceso a la documentación aún no se ha producido. Según la comunicación remitida a la persona solicitante, la Complutense ha suspendido temporalmente el plazo de resolución para permitir que Ayuso formule las alegaciones que estime oportunas antes de adoptar una decisión sobre la petición.
El procedimiento acumula ya más de tres años de recorrido administrativo y judicial. Durante ese periodo también se produjo una modificación del marco institucional en materia de transparencia en la Comunidad de Madrid. En diciembre de 2023, la Asamblea regional aprobó una reforma que suprimió el Consejo de Transparencia y Participación, adscrito a la Cámara autonómica, y creó el actual Consejo de Transparencia y Protección de Datos, dependiente del Ejecutivo madrileño.
Con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el procedimiento entra ahora en una nueva fase administrativa. Será la Universidad Complutense la que, una vez concluido el trámite de audiencia concedido a la presidenta madrileña, deba resolver si procede o no facilitar el acceso al expediente académico solicitado, conforme a la normativa vigente en materia de transparencia y protección de datos.
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