El temor de que la ultraderecha florezca en Europa crece cuando se hacen públicas decisiones como la que acaba de adoptar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en una sentencia viene a decir que el Gobierno español no violó el Convenio europeo de Derechos Humanos, cuando la Guardia Civil entregó a dos inmigrantes que habían saltado la valla de Melilla sin paliativo. Es lo que se llama devolución en caliente, que supone que a quien ha cruzado la frontera de forma irregular no se le toman los datos, no se le pregunta si necesita un intérprete, no se le proporciona la posibilidad de recibir atención médica o asistencia jurídica, como exigen los acuerdos internacionales a los que España está obligada.

Mariano Rajoy Brey y su ministro de Interior, de infausto recuerdo, Jorge Fernández Díaz, quisieron resolver la entrada de inmigrantes con concertinas y represión. La muerte de 14 personas en el Tarajal, cuando nadaban en el mar de Ceuta, recibidos por proyectiles de goma por parte de la Guardia Civil, les hizo buscar fórmulas legales para seguir restando derechos a los desesperados que se jugaban la vida por lograr un futuro mejor. Se inventaron las fronteras flexibles, que se movían de acuerdo con dónde se pusieran los agentes, y añadieron una disposición a la Ley de seguridad ciudadana para legalizar las devoluciones en caliente.

En 2014 dos inmigrantes, que fueron devueltos de esa manera en Melilla presentaron una demanda ante la Sala III del TEDH. Los jueces sentenciaron a su favor porque con esta acción, España había eliminado las garantías legales. Pero el gobierno de Rajoy Brey recurrió y los magistrados admitieron el recurso. Hay que decir que había muchos países interesados en qué hacer con los inmigrantes y hasta dónde se podía tener mano dura con ellos. En esta segunda sentencia, conocida ayer, la Gran Sala del TEDH ha dado un giro importante frente a sus colegas de la Sala III, decidiendo que España lo hizo bien. Alegan que nuestro país tiene oficinas y embajadas en los países de origen de estas personas para solicitar el ingreso legal, tema que se contradice con los miles de intentos de entrada de ciudadanos desesperados, y vienen a decir que la culpa de la devolución es de los propios afectados, por haber entrado ilegalmente. Esto ha hecho que juristas y organizaciones como ACNUR se hayan llevado las manos a la cabeza porque implica que no hay por qué respetar los derechos humanos de quien comete alguna ilegalidad. Tal barbaridad es la que emana de esta sentencia. El Tribunal Europeo hace así feliz a la ultraderecha de Europa.

En España, tenemos pendiente la solicitud de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en la que es posible eliminar tal norma cruel. Presidente Sánchez: no permita que los vulnerables vuelvan a sufrir los desmanes de aquellos que evocan el fascismo.

Enric Sopena es Presidente Ad Meritum y fundador de ElPlural.com