El Tribunal de Cuentas ha decidido volver a sancionar a Vox, formación política liderada por Santiago Abascal, -como ya hizo en julio del año pasado- con una multa de 862.496,72 euros por haber cometido una infracción, calificada como “muy grave” por la ley de financiación de partidos al recibir donaciones sin respetar los requisitos de la legalidad en los ejercicios de los años 2018, 2019 y 2020.
La decisión se ha llevado a cabo tras la aprobación de la multa en el último Pleno del Tribunal de Cuentas con el voto particular de dos consejeros. El partido de ultraderecha tiene derecho a recurrir la multa en el Tribunal Supremo por la vía de lo contencioso-administrativo.
En este sentido, el texto contempla la sanción a Vox por haber incumplido el apartado del artículo 17.2 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP) al haber recibido o aceptado donaciones no identificadas en efectivo de la cuentas anuales del partido, en referencia a los ejercicios de los años 2018, 2019 y 2020.
El origen del expediente sancionador son los informes del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad anual de Vox en los años 2018, 2019 y 2020, en los que se apuntó a más de 330.000 euros que Vox recibió en cajeros automáticos como "actividades promocionales", sin que el fiscalizador pudiera dilucidar si realmente responden a la compra de productos de 'merchandising' del partido o si suponen donaciones anónimas que están prohibidas por la ley.
Más sanciones a Vox
No es la primera vez que Vox recibe una sanción del Tribunal de Cuentas. En julio del año pasado, el organismo le multó con 233.324,22 euros por un expediente que se abrió el año anterior por financiación irregular detectada en el informe de 2019 por usar donaciones para acciones judiciales. Esta multa fue recurrida en el Supremo.
En este caso, se acordó imponer dos sanciones: una de 183.324,22 euros y otra de 50.000 euros. Así, en el portal de transparencia, en el apartado de potestad sancionadora, exponían que Vox había infringido el artículo 17.2 de la LOFPP en relación a los artículos 4.2 a) y 5.1.a) de la misma. Es decir, recibieron o aceptaron donaciones finalistas en la fiscalización de las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019.
La normativa prohíbe a los partidos políticos aceptar o recibir de manera “directa o indirecta” donaciones “anónimas, finalistas o revocables”. En su día, llevaron a cabo una campaña de recaudación a la que apodaron “Querella contra Quim Torra”, con la que recaudaron 31.664,80 euros. Según decían, estaba dirigida a financiar la querella contra el expresident de la Generalitat. El Tribunal de Cuentas consideró irregular la captación de 10.563,45 euros, porque entendían que el resto del dinero eran aportaciones de sus afiliados, por lo que no se consideró ilegal.
Asimismo, Vox también recaudó 120.482,93 euros a través de un crowdfunding para la causa ‘Ayúdanos con la fianza Borja’, un joven de Málaga condenado a dos años de cárcel y una indemnización de 180.000 euros por el homicidio de un ladrón al que se enfrentó -le persiguió y golpeó cuando huía tras robar el bolso a una mujer-. La sentencia recoge que no actuó en legítima defensa, pero Vox llevó a cabo una colecta para evitar su condena. En este caso, el órgano fiscalizador consideró irregulares 91.662,11 euros, quitando el dinero que aportaron los afiliados.
El partido político de Vox publicó su defensa a través de X, alegando que esas donaciones finalistas no tenían un origen irregular y aseguraron que, “el partido actuó con total transparencia al informar sobre el destino de los fondos al comenzar ambas campañas”.
A su vez, sostuvieron: “No se trata de donaciones irregulares sino de aportaciones realizadas por cientos de españoles para causas judiciales del partido contra separatistas y para ayudar a una víctima de la delincuencia, ayuda que se consignó judicialmente en su totalidad”. “Tenemos la seguridad de que hemos hecho lo correcto y las afirmaciones que se realizan no se ajustan a la realidad”, aseguró Abascal.