El Gobierno ha dado un paso definitivo en la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE). La medida, que afecta a unos 250.000 empleados públicos, ha quedado oficializada este miércoles tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución aprobada por el Ministerio de Función Pública, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.
El texto recoge el compromiso sellado el pasado 27 de marzo y supone una reducción de dos horas y media en la jornada semanal respecto al esquema vigente hasta ahora. La nueva normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación, aunque establece un plazo de un mes para que los distintos organismos y entidades públicas adapten sus calendarios laborales a la nueva realidad.
La implantación de las 35 horas en la AGE corrige una situación que los sindicatos venían denunciando desde hace años como un agravio comparativo. Mientras la mayoría de administraciones autonómicas y buena parte de las locales ya habían recuperado esta jornada, los empleados de la Administración central seguían sujetos a un régimen más amplio. El compromiso de revertir esta situación ya estaba recogido en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado en 2022, aunque su desarrollo quedó bloqueado durante meses hasta reactivarse en noviembre dentro de un nuevo pacto salarial.
La resolución establece que la jornada general será de 35 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual, lo que equivale a 1.533 horas al año. Este nuevo marco se aplicará a todo el personal dependiente de la Administración central, incluyendo finalmente a colectivos que en un primer momento habían quedado fuera, como los trabajadores de instituciones penitenciarias o los empleados de sanidad y educación en Ceuta y Melilla. No obstante, en estos ámbitos la aplicación concreta deberá negociarse de manera específica.
El acuerdo también pone el acento en la necesidad de garantizar la calidad de los servicios públicos pese a la reducción de la jornada. Para ello, los distintos departamentos deberán adoptar las medidas organizativas necesarias, especialmente en aquellos servicios con atención directa a la ciudadanía o con sistemas de turnos. En este sentido, el Gobierno se compromete a orientar la planificación de recursos humanos y las ofertas de empleo público para reforzar la capacidad de respuesta de la Administración.
En cuanto a los detalles concretos del horario, la resolución introduce cambios respecto a la normativa anterior, vigente desde 2019. El horario fijo de mañana pasa a ser de 9:00 a 14:00 horas, en lugar de las 14:30 anteriores, sumando así 25 horas semanales. El resto del tiempo hasta completar la jornada se realizará en horario flexible, que podrá distribuirse entre las 7:00 y las 9:00 y entre las 14:00 y las 18:00 de lunes a jueves, así como los viernes en una franja más reducida.
Asimismo, el horario fijo de mañana y tarde se acorta hasta las 16:30 horas, frente a las 18:00 que regían anteriormente, y el turno de tarde se amplía hasta las 20:00. Por su parte, la jornada intensiva de verano se mantiene sin cambios, con seis horas y media diarias entre el 16 de junio y el 15 de septiembre.
Otro de los aspectos destacados es la ampliación de la flexibilidad horaria para facilitar la conciliación. Los empleados públicos con responsabilidades familiares —como el cuidado de menores de 12 años, personas dependientes o familiares con enfermedades graves— podrán adaptar su jornada con hasta una hora diaria de flexibilidad. Esta posibilidad se extiende también al cuidado de personas dependientes convivientes, incluso sin vínculo familiar.
En paralelo, el personal con régimen de especial dedicación verá reducida su jornada de 40 a 37 horas y media semanales, alineándose así con el nuevo esquema general.
La recuperación de las 35 horas supone también el cierre de un ciclo iniciado en los años noventa, cuando esta jornada comenzó a implantarse en las administraciones públicas. Su desarrollo se vio interrumpido en 2012, en plena crisis económica, cuando el Gobierno de entonces estableció con carácter general las 37 horas y media. La restricción se eliminó en 2018, permitiendo a distintas administraciones recuperar progresivamente la jornada reducida.
Actualmente, la mayoría de comunidades autónomas ya han implantado las 35 horas, aunque todavía existen excepciones. En el ámbito municipal, la situación es más desigual: cerca de cuatro de cada diez grandes ayuntamientos aún no han adoptado esta medida.