Sumar negocia en solitario el decreto de medidas en materia de vivienda aprobado hace tan solo unas semanas en el Consejo de Ministros. Los de Yolanda Díaz encabezan las conversaciones con los grupos parlamentarios para intentar convencerles de votar a favor de un documento que, en estos momentos, no disfruta casi de opciones de salir adelante.
La formación magenta es consciente de lo complicado de que PP y Junts se aproximen a una posición de aprobación, mientras que el PSOE considera que el decreto está abocado al fracaso.
La prueba más fehaciente de la situación actual es que Sumar se ha visto obligado a dirigir las conversaciones a través de su grupo parlamentario y de lo los ministerios que contempla en el Gobierno de coalición.
Los de Feijóo, en el 'no' rotundo
El PP ha dado el portazo definitivo a cualquier cuestión relativa al decreto o que tenga que ver con los alquileres que venzan en este año y el próximo, mientras que las siglas de ese espacio político a la izquierda de los socialistas han centrado sus esfuerzos de la última semana en la prórroga de los alquileres.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha criticado fuertemente la negativa de los ‘populares’, a quienes ha afeado que nunca hacen “nada” en lo relativo a la vivienda en favor de los inquilinos. En lo que se refiere al paquete de medidas, asegura que “esta vez se equivocan” al no moverse del ‘no’ rotundo, ya no solo en un sentido social, sino también político. “Si votan en contra de la prórroga de alquileres, pagarán un precio altísimo”, contempla.
En este apartado, Bustinduy asevera que muchos de los inquilinos a los que “quieren echar”, que el departamento cifra en 2,6 millones, se encuentran votantes de la formación de Albero Núñez Feijóo”.
Sumar se habría reunido con varios grupos parlamentarios para tratar una negociación que, con todo, no tiene visos de salir adelante. La única posibilidad debido a la postura inamovible de los conservadores es que Junts cambié de opinión, pero no parece que vaya a ocurrir, a menos si se atiende a la experiencia más inmediata en materia de vivienda, en la que los de Carles Puigdemont han tumbado dos decretos que contenían puntos mucho menos contundentes.
Concretamente, los independentistas se han negado, por ejemplo, a mantener la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables que no podían hacer frente al alquiler, algo que afectaba a muchos menos caseros que el decreto actual.
Recuperar el foco político
En cuanto tiene que ver con el PSOE, las diferencias entre los socios en vivienda nunca han sido un secreto. La propia reunión en la que terminó acordándose este decreto, hay que recordar, se retrasó debido a la negativa de los de Díaz a participar si los socialistas se negaban a aprobar la prórroga.
Para los socialistas, las negociaciones con los magentas tendrían más que ver con la necesidad de recuperar el foco político en un contexto que, además, acompañaría para ello, con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina y con los movimientos que se están generando a este lado del tablero, además del pulso que mantienen con Podemos.
El partido de Pedro Sánchez expone que no tiene constancia de que hayan empezados esas conversaciones con los grupos parlamentarios y que el decreto aún no tiene fecha de convalidación en el Congreso. A más a más, creen que en el supuesto de que lo tuviera, esas conversaciones no supondrán revertir la situación.
En la práctica, el choque entre socios se produjo en el momento mismo en el que fue necesario elaborar dos decretos después de la mencionada reunión empezó después de tiempo. La parte socialista se cerró en banda a incluir en el decreto medidas por la guerra de Irán como le exigían desde el lado de Sumar. De hacerlo, defendió entonces el PSOE, otras cuestiones como la rebaja fiscal a combustibles o la prórroga del bono social eléctrico y término hubieran decaído.
El ala mayoritaria del Gobierno muestra su absoluto respeto a las negociaciones que pueda llevar a cabo Sumar con cualquier partido. El texto permite, entre otras cosas, la prórroga legal de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027, de los contratos de alquiler que concluyan a partir del 21 de marzo. Además, un millón de hogares se podrían ver beneficiados por la limitación de la actualización de la renta.