Sumar moverá ficha para sacar la regularización de migrantes del limbo parlamentario tras la parálisis del PSOE

Era abril de 2024. El Congreso aceptó a trámite la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para regularizar la situación de cerca de medio millón de migrantes. Un movimiento similar al decreto aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, cuando se hizo lo propio con 578.000 migrantes. La endiablada aritmética parlamentaria de esta legislatura, sin embargo, condenó a la normativa a dormir el sueño de los justos. Desde entonces, ademanes aparte, coge polvo en las dependencias de la Carrera de San Jerónimo. El PSOE se movió antes del parón estival con una nueva propuesta pero ahí quedó el intento. Sumar dio un ultimátum a sus socios en Moncloa para aprobarla durante el mes de octubre. No obstante, vencido el plazo tras constatar el inmovilismo, pelearán por hacerla realidad lo antes posible, aunque son conscientes del nuevo status quo tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo. El más difícil todavía.

Una vez transcurrido el mes desde que el Grupo Plurinacional lanzó la advertencia pública, el socio minoritario admite entre bambalinas que no ha habido progresos en las conversaciones con los socialistas y precisan que todos los esfuerzos han de concentrarse en desbloquear la medida en el Congreso. Es decir, exprimir la vía parlamentaria hasta la saciedad. Esa es la prioridad de los magentas, al entender que es el método más adecuado y garantista, pero abogan por la necesidad de reactivar las conversaciones con el resto de grupos de la Cámara Baja, a excepción, por supuesto, de Vox.

Se llegó a ponderar la opción del decreto ley, aunque ese camino está cerrado. Al menos por el momento. Desde Sumar admiten que la carpeta está congelada en el seno de la coalición, habida cuenta de que las dos fuerzas progresistas están inmersas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y en dar un impulso a la cartera de Vivienda. Según exponen en privado fuentes de Sumar a Europa Press, creen estrictamente necesaria la regularización de migrantes. Sostienen que es la mejor manera para frenar la deriva antiinmigración de Vox y que ha comprado el Partido Popular recientemente.

De ahí que la consigna en el Grupo Plurinacional sea no rendirse y seguir peleando por la regularización por una cuestión de “justicia, democracia y dignidad” para con más de medio millón de personas. Insisten en que el enfoque tiene que ser la ILP, aunque no se descarta otro camino legislativo. Sin embargo, ponen en cuarentena la vía del decreto porque requeriría de una reforma normativa en paralelo. De hecho, fue ese el contexto del que se valió José Luis Rodríguez Zapatero para para aprobar la regularización de cerca de 600.000 personas hace dos décadas. Aquella iniciativa se amasó junto con una reforma de la Ley de Extranjería.

Un nuevo escenario

El problema radica en la confección de las mayorías de la Cámara Baja, que ha cambiado después de que Junts consumara su ruptura unilateral con el Gobierno; concretamente con el Partido Socialista. Los magentas se conjuran para seguir peleándola y darle salida antes de final de año, pero al mismo tiempo son conscientes de que el tablero ahora mismo no está inclinado a su favor y el encaje de bolillos es más complicado aún.

Antes de las vacaciones de verano, la ILP parecía que daba un ligero acelerón cuando PSOE y Sumar acordaron la inclusión de nuevas enmiendas. Pero el arranque del curso político constató que aquello fue un mero espejismo porque las negociaciones estaban estancadas. Sugieren cierto inmovilismo por parte de sus socios de Gobierno, pero también señalan a un Partido Popular que se ha echado al monte en la carrera con Vox por capitalizar el voto del miedo a la inmigración. Entre tanto, Junts, que ya daba signos de disconformidad antaño, es un hueso aún más duro de roer. También, en parte, por una situación similar a la del Partido Popular, con Aliança Catalana pisándole los talones en el terreno de juego autonómico.

Además, los progresistas, según transmiten a Europa Press, perciben cierto temor en las filas socialistas a que la regularización multiplique la radicalización del discurso ultraderechista. Una posición que – entienden – es completamente errónea y consideran que es la izquierda la que debe acometer la reforma y dar la batalla cultural a la narrativa reaccionaria a la que se ha sumado el PP de Alberto Núñez Feijóo.