El Ministerio de Educación ha anunciado que se dispone a iniciar la negociación con las patronales de los colegios concertados y privados para aumentar la cantidad de fondos que estos centros reciben del Estado. Esta revisión está contemplada en la ley educativa, la Lomloe, aprobada en 2020.
Sin embargo, desde Sumar han condenado esta medida y han denunciado al Ministerio, el cual ha asegurado "pretender revisar el coste real de cada matriculación y aumentar dichos fondos para, de esa manera, evitar que dichos centros se cobren cuotas ilegales" a través de un comunicado difundido este miércoles.
En contra de ello, la ministra de Trabajo y líder de la formación, Yolanda Díaz, ha argumentado que “la realidad de esta medida es que las cuotas no desaparecerán y la medida terminará por aumentar la financiación de la educación privada y concertada”.
Desde la formación de Díaz también han recordado que los centros privados en España "llevan cobrando cuotas ilegales desde que se construyó el sistema ante la pasividad de las inspecciones de Educación", un funcionamiento con el que, según señalan, "se excluye al alumnado que no se quiere tener en el centro".
Sobre ello, Sumar ha destacado por medio de su comunicado que "los informes en los que se que se basa el Ministerio para abordar el problema han estimado que el cobro de cuotas ilegales alcanza en torno a 1000 millones de euros que asumen las familias", argumentando que estas, aunque teóricamente son voluntarias, "en realidad son obligatorias".
Sumar sale en defensa de la Educación pública
Una de las conclusiones que ha esgrimido la formación de Yolanda Díaz refiere a que "financiar más a centros que incumplen la ley es premiar a quiénes no respetan ni la Constitución española, ni las diferentes leyes educativas que han prohibido estas prácticas".
Además, han propuesto una negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) articulada en base a dos puntos fundamentales: "acabar con una injusticia histórica eliminando las exenciones de impuestos de la Sanidad y la Educación privada y avanzar en la universalización de la educación de 0 a 3 años pública".
La formación de Gobierno ha hecho una férrea defensa de la Educación pública, argumentando que "la segregación provocada por la enseñanza concertada-privada rompe la experiencia democrática compartida con fondos públicos, lo que es ilegal e inaceptable desde el punto de vista democrático", tal y cómo han destacado dentro de su comunicado.
Por su parte, el diputado de IU del grupo parlamentario Sumar, Toni Valero, ha exigido este miércoles al Gobierno que el Estado aumente en su lugar la financiación a la escuela pública. "No es comprensible que con menos niños en edad escolar se cierren aulas en vez de bajar el ratio y que se estén destinando fondos a la enseñanza concertada. Es un proceso encubierto de privatización del sistema educativo", ha declarado en el Congreso.