El poder contemporáneo no solo se ejerce desde un despacho. También se administra desde una agenda, se protege mediante un gabinete, se explica a través de una sala de prensa y, cada vez con mayor intensidad, se disputa en el terreno intangible de la percepción pública y las redes sociales.
En la Comunidad de Madrid, alrededor de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, como del resto de altos cargos autonómicos o estatales, existe una estructura que reúne funciones políticas, administrativas, logísticas y comunicativas y que vuelve ahora al primer plano a raíz de la polémica por la adquisición, a través de la empresa pública Planifica Madrid, de un ático de lujo en Chamberí.
El inmueble, de 485 metros cuadrados y con una terraza de unos 200, fue adquirido el pasado abril por 6,3 millones de euros. La operación, revelada por EL PAÍS, desencadenó una sucesión de preguntas sobre su necesidad, su destino como supuesto espacio de trabajo temporal durante las obras de la Real Casa de Correos, el procedimiento seguido y la decisión posterior de ponerlo a la venta.
Pero la compraventa inmobiliaria ha abierto otra puerta: la que conduce al interior del aparato presidencial. Un análisis realizado por el abogado Francisco Javier Flores Vaquerizo, conocido públicamente como Jota Vaquero, a partir de los datos del Portal de Transparencia, cifra en 50 los puestos cuando se suman el gabinete de la presidenta y el conjunto de la estructura de prensa y comunicación que el análisis vincula con Presidencia. El coste anual calculado asciende a 3.560.014,62 euros.
La cifra no significa que medio centenar de personas trabajen exclusivamente para Ayuso ni que todas desempeñen funciones políticas. Esa precisión es esencial. El propio Portal de Transparencia distingue entre asesores, secretaría, conductores, personal de apoyo y las distintas categorías de comunicación institucional. La suma sirve para medir la dimensión del entramado, pero no para convertir automáticamente a todos sus integrantes en miembros de un supuesto aparato partidista.
La arquitectura del poder presidencial
La estructura más inmediata de la presidenta está integrada por 16 puestos de personal eventual. Según el Portal de Transparencia, el bloque incluye cinco asesores, tres personas vinculadas a la Secretaría de Presidencia, cuatro conductores y cuatro puestos de apoyo administrativo y tramitación.
Los cinco asesores constituyen uno de los segmentos de mayor retribución. Oliva Cristina García Robredo figura con 93.317,08 euros anuales, mientras que José María Ortiz Claver, Julio Valdeón Blanco, Daniel Rodríguez Asensio y Carlos Wengel Gómez del Pulgar tienen asignados 91.163,60 euros cada uno. El propio portal describe sus funciones como labores de asesoramiento vinculadas al cargo.
No son, por tanto, cifras ocultas ni una estructura descubierta al margen de los cauces administrativos: forman parte de la información que la Comunidad de Madrid publica sobre su personal eventual. La cuestión periodística no reside únicamente en constatar que existen esos puestos, sino en observar su magnitud, su coste y la relación que mantienen con la maquinaria general de Presidencia.
Junto a los asesores aparece una estructura de secretaría igualmente remunerada. Álvaro Sanz Esteban, jefe de despacho de la Secretaría de la Presidenta, percibe 93.317,08 euros y tiene entre sus funciones la coordinación de la agenda presidencial, la organización de viajes, la recepción de visitas y la gestión de correspondencia.
Mercedes Belinchón Álvarez y Cristina Alonso Mateo, como técnicos de apoyo a la Secretaría, figuran con 69.786,02 euros cada una. A ellos se suman cuatro conductores, con una retribución individual de 51.195,96 euros, y cuatro personas encargadas de secretaría y tramitación, con 38.409,30 euros cada una.
Miguel Ángel Rodríguez, en el centro del engranaje
En el vértice político y comunicativo aparece Miguel Ángel Rodríguez Bajón, jefe del Gabinete de la Presidenta, junto a Francisco Salustiano García Diego, jefe de Gabinete adjunto. El organigrama oficial de la Comunidad sitúa además a José Luis Carreras López como jefe de Prensa de la Presidencia y a Cristina Gil Tolmo como directora general de Medios de Comunicación.
El gabinete interpreta el escenario. La prensa lo traduce. Los medios institucionales lo distribuyen. Los asesores anticipan conflictos. Las agendas ordenan el tiempo presidencial. La comunicación, en definitiva, actúa como una segunda piel del poder.
El verdadero salto está en comunicación
El volumen aumenta considerablemente cuando se incorpora la estructura de Prensa y Comunicación. El análisis de Vaquero sitúa en 34 los puestos de este bloque, con un coste anual de 2.510.732,98 euros. De ellos, 23 se encontrarían en el núcleo de la Dirección General de Medios y otros 11 estarían destacados en las distintas consejerías.
Aquí resulta imprescindible introducir una distinción que evita convertir una cifra cierta en una conclusión imprecisa: la Dirección General de Medios de Comunicación no equivale a un gabinete privado de Ayuso.
Su función es atender la comunicación institucional de la Comunidad de Madrid. El Portal de Transparencia incluye, bajo el epígrafe de Prensa y Comunicación, distintos puestos vinculados a la coordinación de medios, servicios informativos, publicidad y comunicación.
Una cuestión de proporciones
Las cifras, sin embargo, plantean por sí mismas una cuestión legítima: cuánto dinero público dedica una Administración a comunicar su acción.
El gabinete presidencial supone, según el cálculo aportado a partir de Transparencia, 1.049.281,64 euros anuales. La estructura de comunicación analizada alcanza 2.510.732,98 euros. La segunda es, por tanto, más del doble de la primera. En conjunto, ambos bloques suman 3,56 millones de euros.
No hay, en esa proporción, una irregularidad demostrada. Tampoco existe un criterio jurídico según el cual una Administración incurra en ilegalidad por destinar más recursos a comunicación que a asesoramiento presidencial.
La cuestión es otra, más incómoda y más profunda: qué considera prioritario una Administración y cómo justifica el coste de cada función.
La comunicación pública cumple una finalidad democrática cuando explica una política sanitaria, informa de una obra, detalla una ayuda, alerta sobre una emergencia o facilita al ciudadano el acceso a los servicios públicos. Pero la misma infraestructura puede convertirse en una herramienta de construcción de relato político si se confunde deliberadamente la actividad del Gobierno con los intereses electorales del partido que lo dirige.
La frontera entre ambas cosas no siempre es visible. Precisamente por eso la transparencia adquiere valor como mecanismo de vigilancia.
Los salarios y la anatomía de la confianza
El Portal de Transparencia permite observar además una jerarquía retributiva que dice algo sobre la organización del poder.
Un conductor adscrito a la Presidencia figura con 51.195,96 euros anuales, mientras que los conductores de consejeros aparecen con 39.801,92 euros. La diferencia es de 11.394,04 euros. También existe una brecha respecto a los puestos de tramitación de Presidencia, que perciben 38.409,30 euros.
El ático que ha cambiado el foco
La polémica del ático ha funcionado como catalizador de todas estas cuestiones.
Planifica Madrid adquirió el inmueble de Chamberí el 14 de abril por 6,3 millones de euros. A la operación se añadieron 378.000 euros de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, según la información publicada por EL PAÍS. La empresa pública depende de la Consejería de Presidencia y justificó la adquisición por la necesidad de disponer de un espacio durante las obras de la sede presidencial.
Sin embargo, la operación comenzó a suscitar dudas cuando se conocieron sus características. EL PAÍS informó de que el Gobierno había encargado a una inmobiliaria de lujo la búsqueda de un inmueble de entre 250 y 400 metros cuadrados y con una gran terraza. El ático finalmente adquirido tenía 485 metros cuadrados y alrededor de 200 de terraza.
Según refleja la propia legisñlación urbanística municipal, el inmueble presentaba dificultades para el uso exclusivo como oficina, mientras que el Gobierno regional ha defendido que podía albergar despachos y servir para reuniones. La propia presidenta, huyendo de la realidad, ha sostenido que el inmueble estaba destinado a oficinas y que los extremos planteados podían demostrarse.
Tras la polémica, Planifica Madrid puso el ático a la venta con un precio de salida de 6,69 millones de euros y la Comunidad anunció que los fondos obtenidos se destinarían a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios de la sierra oeste.
Las investigaciones no equivalen a culpabilidad
El caso ha llegado además al terreno judicial y fiscal. Más Madrid presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que se examine la operación y sus posibles consecuencias patrimoniales, mientras que otras denuncias han sido remitidas a los órganos judiciales competentes.
Esta circunstancia exige una cautela deontológica elemental: una denuncia no es una sentencia. Una investigación no es una condena. Y la existencia de interrogantes sobre una operación pública no permite atribuir responsabilidades que todavía no hayan sido establecidas por la autoridad competente.
La información debe distinguir entre hechos acreditados, declaraciones de las partes, hipótesis de los denunciantes y conclusiones judiciales. Es precisamente en asuntos de fuerte polarización política donde el periodismo está obligado a resistir la tentación de convertir la sospecha en certeza.
En suma, la fotografía que emerge del entorno de la Presidencia madrileña revela un entramado mucho más amplio que el reducido círculo de asesores que suele proyectarse hacia el exterior, en el que conviven la política, la administración, la logística y la comunicación institucional.
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