Los socios del Gobierno de critican la condena al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha sido uno de los primeros en reaccionar. Lo ha hecho desde los pasillos de la Cámara Baja, donde ha considerado que la resolución concluye una “persecución por la cara”. “Es una sobrada importante, luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara”, ha vaticinado.

En redes sociales, el diputado ha transmitido a posteriori que “lo único bueno de lo de David Sánchez y Begoña Gómez es que ahora el PSOE (y por extensión mucha gente) ya sabe el pan que se da cuando un juez te persigue por tus ideas, por ser quien eres, o simplemente por la cara”, y considera que “adecentar al poder judicial debería ser prioritario”.

Por su parte, Sumar tacha de “desproporcionada” la pena impuesta por la Justcia. Aína Vidal, portavoz adjunta y diputada de los Comunes, ha calificado de este modo la decisión jurídica y ha indicado que “el estado de opinión sobre la Justicia es nefasto” precisamente “por sentencias como esta” y por el trato que está recibiendo la mujer del líder del Ejecutivo por parte del juez Juan Carlos Peinado.

El diputado de Compromís adscrito a los magentas, Alberto Ibañez, ha advertido de que “tienen que tener cuidado de no pasarse de frenada” porque “están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho de este país”.

El Gobierno reprocha la decisión judicial. Uno de los más contundentes ha sido, en su tono habitual, Óscar Puente. A golpe de tuit, el ministro de Transportes ha señalado que “esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas”.

La secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, ha reaccionado en la misma dirección y ha comparado lo ocurrido con el caso del fiscal general del Estado, quien fuera condenado sin pruebas: “Se condena a una persona inocente. Eso es lo que ha pasado hoy. Como con el FGE. Así quieren algunos llegar al Gobierno de España”.

El hermano del presidente del Gobierno ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. La Sala también ha condenado al que ha sido candidato de los socialistas por Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Finalmente, no se ha impuesto pena de prisión como pedían las acusaciones populares que solicitaron seis años de cárcel. Tampoco aprecian tráfico de influencias pues aseveran que “no ha quedado probado, por tanto, que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados”.

De este modo, el tribunal descarta la petición de prisión que reclamaban Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. La Fiscalía pedía la absolución de David Sánchez y del resto de encausados. La Audiencia ha impuesto la misma pena a los otros nueve encausados.

La sentencia llega un mes después del juicio oral celebrado en la Audiencia Provincial para determinar si la Diputación de Badajoz contrató a dedo al hermano del presidente y este, a su vez, influyó en la contratación de su amigo Luis María Carrero en la institución provincial para una plaza en comisión de servicio.

El procedimiento penal se inició a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias presentada en 2024, siete años después de la contratación del familiar de Sánchez.

La decisión de crear una plaza para coordinar las actividades de los conservatorios de música del organismo provincial se llevó a cabo cuando Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el comité federal del 1 de octubre y el proceso de selección se activó cuando todavía no se habían celebrado las primarias que le enfrentó con Susana Díaz. Todo ello implica que el ahora máximo responsable de Moncloa no tenía ningún poder orgánico o político.

A pesar de ello, la investigación judicial se centró en dilucidar si los requisitos del sistema de libre designación se llevaron a cabo de forma arbitraria para adaptarse al perfil del músico y si los canales de administración pública se instrumentalizaron para esquivar los principios de mérito y capacidad. Solo hubo una persona en el juicio que dijo no “sentir” que hubiera igualdad de oportunidades, pero no denunció nada ni presentó queja alguna.

Otro candidato, por ejemplo, no detectó nada extraño, mientras que los funcionarios, técnicos y peritos que testificaron en la vista oral también dieron su aprobación al proceso de selección.
 

Súmate a

Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.

hazte socio

Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.

Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.

Activar ahora