Todos los grupos que conforman el Parlamento Vasco, a excepción de EH Bildu, han acordado una declaración para expresar su “firme condena” a la violencia de ETA con motivo del décimo aniversario del cese definitivo de la actividad armada de la banda terrorista. La coalición PNV y PSE presentó el texto alternativo a la propuesta de PP+Cs ante la Junta de Portavoces, donde obtuvo el silencio de la fuerza que dirige Arnaldo Otegi, lo que ha impedido su aprobación.
El documento que PNV y PSE han planteado ante la Junta de Portavoces se desprende del texto que la coalición de PP y Ciudadanos presentó el pasado miércoles. Conservadores y liberales se han sumado a esta propuesta impulsada por los jeltzales y socialistas, y a la que también se ha adherido Elkarrekin Podemos.
Fuentes de EH Bildu han justificado que su emisario en la reunión de la Junta de Portavoces “no se ha pronunciado” respecto al texto, por lo que no ha dicho que “ni sí ni no”. Los abertzales en la cámara vasca han censurado la postura de la coalición PP+Cs, quienes han atribuido a la formación de Otegi un rechazo que no es tal. Deslizan que esta posición de la fuerza de centroderecha demuestra que su objetivo “no era llegar a acuerdos” ni lograr la lectura de la declaración institucional, sino “insistir en la trinchera y la no convivencia”.
La declaración expresaba la “firme condena” de todos los grupos firmantes ante la “sinrazón” y la “injusticia” que supuso la actividad terrorista de la banda “durante más de cuatro décadas”, amén de la denuncia de la “ilegitimidad de la violencia” para obtener réditos políticos. Asimismo, expresa su “apoyo y acompañamiento a todas las víctimas que sufrieron esta barbarie”.
“Decimos alto y claro que este dolor nunca debió suceder. ETA dejó un daño irreparable en toda la sociedad vasca”, rezaba la declaración que no verá la luz. Los firmantes abogan para que “la memoria y el honor de las víctimas” no queden opacados por “una mirada al futuro que olvide el pasado”.
Un futuro “entre todos”
Los grupos políticos vascos subrayan que, tras estos diez años carentes de violencia terrorista, se vive en una “sociedad más libre, más justa y más respetuosa con los derechos humanos”. Pese a ello, acotan que, si bien “vivimos y convivimos mejor”, aún queda “trabajo por hacer” en el tránsito hacia la paz total.
Consideran que “el nuevo tiempo exige asumir responsabilidades y reconocer el daño causado”. Por este motivo, apuntan que “tenemos que construir el futuro leyendo bien todas las páginas de nuestro pasado” y muestran su compromiso en la construcción de la “convivencia desde la verdad, la memoria y la justicia”.
Acuerdan su disposición a trabajar por la promoción de una “reflexión plural” en la que “quede nítidamente expresado que ningún argumento puede ser invocado” con el fin de “minimizar, justificar o legitimar” la violencia de ETA, así como cualquier otra “violación de los derechos humanos”.
Como fin último, los grupos firmantes desean “construir el futuro entre todos y todas”, enfatizando en el respeto a los Derechos Humanos, “creencias e ideales” de todas las personas, sin que se deje a “nadie atrás”. “Reconociendo al diferente, empatizando con él y dialogando”, alegan.
Para la construcción de este futuro se exige “un trabajo compartido” que todas las formaciones firmantes están “dispuestos” a cumplir. “Concluido el ciclo de la violencia, pondremos todos nuestros esfuerzos en reconstruir la convivencia sobre un pilar: el respeto a la dignidad humana y a los Derechos Humanos de todas las personas”, zanjan.