El 'no por decreto' del Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo ha alcanzado nuevos horizontes esta semana en ambas cámaras parlamentarias. Tanto el Congreso de los Diputados como el Senado han sido testigos de las negativas del Partido Popular a las propuestas sociales que había sobre la mesa, ya fuera en el proceso de votación o en no darle luz verde para proceder a su debate. Más de cinco iniciativas se han topado con el muro 'popular' esta semana entre el Congreso y el Senado, ante las críticas del PSOE y del resto de socios parlamentarios y grupos progresistas.
En el Congreso de los Diputados, la senda se abría con la votación del decreto de la prórroga de los contratos de alquiler, una medida que cuenta con un enorme respaldo entre la mayoría social de los votantes de todos los partidos, con casi 8 de cada 10 españoles respaldando su articulado. Sin embargo, las estrategias políticas hicieron que, este martes, PP, Vox y Junts votaran en contra y el PNV se abstuviera en la votación que tumbó un decreto que tuvo que forzar Sumar bloqueando el Consejo de Ministros para rascárselo al PSOE. La gran mayoría de los votantes de todos estos partidos está a favor de que los alquileres se prorroguen, que es lo que contemplaba el texto, además del tope del 2% a la subida interanual. De todas formas, sigue existiendo la posibilidad de llevarlo al Consejo de Ministros y aprobarlo por segunda vez sin pasar por el Parlamento, algo que los socialistas, no obstante, no ven con buenos ojos. La derrota parlamentaria del martes dolió más que otras en Moncloa, ya que la vivienda es una de las banderas que el Gobierno ha tratado de hacer suya durante el último tercio de la legislatura. Además, la derogación reflejó más que nunca la fragilidad de las matemáticas para el Ejecutivo.
No obstante, no fue la única medida que se encontró con el 'no por decreto' del PP. En esta ocasión, la derecha no se salió con la suya y el Congreso de los Diputados tumbó las enmiendas del Partido Popular y Vox a la reforma para incluir el derecho al aborto en la Constitución Española. Las derechas habían propuesto dos enmiendas casi totales al proyecto del ministerio de Igualdad, que dirige Ana Redondo, que fueron debatidas este jueves en la Cámara Baja. De esta forma, se debatirá como tal la propuesta del Gobierno, que propone incluir la interrupción voluntaria del embarazo entre los derechos protegidos por el artículo 43 de la Carta Magna.
El Consejo de Estado propuso varios cambios en la reforma propuesta por Igualdad. El texto que el Ejecutivo quería incluir como cuarto apartado del artículo 43 quedó así: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios". El Gobierno quería que el derecho al aborto figurase entre las materias especialmente protegidas, algo que precisaba de un procedimiento reforzado de reforma que supone disolver las Cortes y convocar un referéndum. Sin embargo, finalmente, se optará por la vía ordinaria, que requiere eso sí de una mayoría amplia. El texto final fue aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de abril, y se debatirá tal y como se planteó después del rechazo a las enmiendas de la derecha.
Póker de negativas en el Senado
En el Senado corren otros vientos, en concreto, los del control del Partido Popular. Los de Feijóo gozan de mayoría absoluta en la Cámara Alta y, por ende, de la capacidad para vetar el debate de cualquier iniciativa que les resulte mínimamente incómoda. Esta semana han sido hasta cuatro de ellas. En primer lugar, la "relativa al reconocimiento y potenciación de los lugares de memoria democrática como lugares pedagógicos para que los estudiantes conozcan las consecuencias de los movimientos políticos autoritarios", presentada por el PSOE para su debate en la Comisión Constitucional del Senado.
"Como sociedad democrática que aspira a permanecer libre debemos cultivar el conocimiento y adhesión a los valores democráticos que permiten nuestra convivencia pacífica y la solución de los conflictos sociales. De hecho, el artículo 27.2 de la Constitución establece la educación tendrá por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Por tanto, la educación no es una mera difusión e interiorización de conocimientos, sino que también incluye su transmisión desde la perspectiva de determinados valores, en concreto de los valores en los que basamos nuestra convivencia democrática pacífica", recoge la argumentación de motivos de los socialistas. La Mesa del Senado ha bloqueado la proposición y no se debatirá.
En segundo lugar, la misma suerte ha corrido la proposición para la dignificación del empleo de las mujeres en el manipulado y confección hortofrutícolas en Almería, también presentada por el grupo socialista. "Detrás de las cifras de éxito económico existe una realidad laboral que no siempre ha recibido la atención institucional y política que merece, especialmente en lo que respecta a las mujeres que sostienen buena parte de esta cadena de valor. En las centrales hortofrutícolas, almacenes de manipulado y empresas auxiliares del sector, 25.000 personas, de las cuales un 80% son mujeres, desarrollan tareas esenciales para garantizar la calidad, la trazabilidad y competitividad de los productos almerienses en los mercados nacionales e internacionales. Se trata de trabajos que exigen precisión, rapidez, resistencia física y disponibilidad horaria, frecuentemente bajo ritmos intensivos de producción, turnos prolongados, picos estacionales de alta demanda y condiciones de presión organizativa. A pesar de su carácter imprescindible, estas tareas han sido históricamente invisibilizadas, feminizadas y, en demasiadas ocasiones, infravaloradas social y económicamente", expone la argumentación del PSOE, que, en consecuencia, pide "seguir garantizando que la Inspección de Trabajo continúe siendo una herramienta eficaz para el cumplimiento de la normativa laboral", "continuar aprobando medidas encaminadas a favorecer y dignificar la labor de estas trabajadoras como ha ocurrido y está ocurriendo con las diferentes subidas del Salario Mínimo Interprofesional o la reforma laboral" e "impulsar los mecanismos adecuados para evitar el bloqueo de los convenios colectivos del sector". Misma suerte que el caso anterior: no se debatirá.
En tercer lugar, los socialistas presentaban tambien esta semana una moción para promover ciudades seguras para su debate en la Comisión de Igualdad, centrada en "la garantía de poder desplazarse libremente, acudir al trabajo o lugares de estudio, participar en la vida cultural y social o disfrutar del ocio en condiciones de seguridad" con perspectiva de género.
"La realidad demuestra que las mujeres de todas las edades experimentan de forma sistemática mayores niveles de acoso, violencia y sensación de inseguridad en la calle y en el transporte público que los hombres. Las encuestas y estudios coinciden en señalar que los trayectos nocturnos, los lugares poco transitados o mal iluminados, y los accesos a transportes públicos constituyen espacios de riesgo que limitan su autonomía", expone la argumentación, que culmina en la petición de cuatro puntos clave: Infraestructura urbana inclusiva, movilidad segura y accesible, detección de puntos negros y prevención y sensibilización social. También vetada.
Y por último, la Comisión de Justicia del Senado rechazaba una cuarta proposición del Grupo Parlamentario Socialista, destinada a reforzar la lucha contra los delitos de aporofobia. La iniciativa fue defendida por la viceportavoz socialista en la Comisión y senadora por Segovia, Lirio Martín, quien advirtió del aumento de este tipo de delitos y de la necesidad de actuar con más contundencia desde las instituciones públicas. Durante su intervención, subrayó que España cuenta con un marco legal avanzado, pero alertó de que "los datos reflejan un preocupante incremento de los delitos de odio por aporofobia y una elevada infradenuncia por parte de las víctimas". En este sentido, recordaba la portavoz que aproximadamente el 87% de las personas sin hogar que sufren estos delitos no denuncia, y que las denuncias han aumentado un 33% en el último año.
La moción socialista planteaba medidas concretas como reforzar la formación obligatoria en aporofobia para operadores jurídicos y fuerzas de seguridad, impulsar campañas de sensibilización, mejorar la atención a las víctimas y desarrollar programas educativos para prevenir este tipo de discriminación desde edades tempranas, pero se topó con el veto 'popular'. "Hoy el Partido Popular ha perdido la oportunidad de situarse del lado de las personas más vulnerables", señalaba la senadora socialista, quien criticaba que el rechazo a esta iniciativa supone "ignorar una realidad creciente y dejar sin respaldo político medidas necesarias para combatir el odio hacia quienes más las necesitan".