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La controversia por el ático de Chamberí adquirido por Planifica Madrid por 6,3 millones de euros abre ahora un frente distinto al que ha marcado buena parte del debate político de los últimos meses. La discusión sobre el uso que pretendía darse al inmueble sigue abierta, pero las últimas actuaciones ante el Tribunal de Cuentas desplazan el foco hacia otra cuestión: cómo se decidió la compra dentro de la empresa pública, quién intervino en cada paso y qué documentación respaldó la operación.
El PSOE ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue a Pedro Corbalán, consejero delegado de Planifica Madrid y uno de los responsables que aparecen en el expediente. El escrito, adelantado por El País, sostiene que entre las 224 páginas publicadas por la Comunidad de Madrid el 17 de septiembre no figuran documentos que los socialistas consideran necesarios para esclarecer cómo se movilizaron los 6,3 millones empleados en la adquisición.
La iniciativa se suma a las actuaciones promovidas anteriormente por Más Madrid y por el abogado Javier Flores ante el mismo órgano. Existe además una investigación separada en el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid. Ninguna de esas vías ha establecido hasta ahora una responsabilidad penal o contable por la compra.
Tres firmas en una operación de 6,3 millones
Corbalán ocupa una posición central en la documentación conocida. Según el expediente, firmó el acuerdo de confidencialidad con la parte vendedora el 3 de febrero, el contrato de arras el 27 de febrero y la compraventa el 14 de abril. Fuentes conocedoras de la operación citadas por El País también le atribuyen la visita al inmueble y la negociación del precio.
Su cargo no es meramente representativo. El Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid recoge que el consejero delegado de Planifica puede dirigir los servicios de la sociedad, representarla, realizar determinados contratos y operar con fondos y cuentas bancarias. Estas facultades se ejercen, sin embargo, de acuerdo con las atribuciones delegadas y con los acuerdos del consejo de administración.
Ahí aparece una de las incógnitas que el PSOE quiere despejar. La denuncia sostiene que Corbalán firmó las arras sin que en el expediente publicado figure una memoria de necesidad previa ni un acuerdo específico del consejo de administración autorizando la adquisición. Los socialistas han solicitado por ello que el Tribunal de Cuentas reclame esos documentos y el libro de actas para comprobar qué conocía el órgano y cuándo fue informado.
La cautela es importante: que esos documentos no aparezcan en el expediente hecho público no demuestra por sí mismo que nunca existieran. Una de las cuestiones pendientes es determinar si fueron elaborados, si quedaron incorporados a otro procedimiento o si la operación se ejecutó sin ellos.
El PSOE reclama además identificar a las personas de Planifica que desempeñaban funciones de tesorería, autorización de pagos, supervisión societaria y gestión económico-financiera y que pudieron intervenir en la salida de los fondos. Su planteamiento pasa así de la firma final a la cadena administrativa completa.
224 páginas sin la respuesta inicial
La documentación difundida por la Comunidad permite reconstruir buena parte de lo ocurrido desde el inicio de las negociaciones hasta el posterior intento de venta. Sin embargo, sigue sin ofrecer una respuesta documental pública a una pregunta anterior: quién decidió que Planifica Madrid necesitaba adquirir una vivienda de esas características.
El expediente comienza con el acuerdo de confidencialidad del 3 de febrero y continúa con las arras, la tasación y la escritura de compraventa. No contiene, según la documentación publicada y las informaciones conocidas, un documento previo que identifique la orden inicial de búsqueda ni explique por qué una sociedad pública dedicada fundamentalmente a proyectos y obras decidió adquirir ese inmueble.
Antes de la compra, según fuentes conocedoras del proceso citadas por El País, se buscaron viviendas de entre 250 y 400 metros cuadrados y con una terraza de grandes dimensiones. Esa fase tampoco aparece reconstruida con detalle en las 224 páginas difundidas posteriormente.
El expediente sí permite seguir lo ocurrido después. Meses más tarde, la Comunidad preparó un contrato para alquilar el inmueble a Planifica Madrid por 3.000 euros mensuales y utilizarlo con fines institucionales. Un informe de la Intervención Delegada fechado el 27 de julio señaló que la justificación aportada no había profundizado suficientemente en aspectos como la necesidad, la idoneidad, la renta o la comparación con otros inmuebles similares, aunque esas observaciones no tenían efectos suspensivos.
El Gobierno regional explicó después que el inmueble podía destinarse a “alojamiento ocasional para autoridades de visita o las propias autoridades de la Comunidad”. Isabel Díaz Ayuso reconoció haber visitado el ático tras su adquisición, pero negó que la operación dependiera de ella y rechazó que hubiera sido comprado como residencia presidencial. La Comunidad decidió finalmente desprenderse del inmueble. El primer proceso de venta quedó desierto al no presentarse ofertas.
Qué tendría que acreditar el Tribunal de Cuentas
La intervención del Tribunal de Cuentas no convierte las irregularidades denunciadas en un perjuicio económico probado. Su jurisdicción tiene carácter resarcitorio: debe determinar si quien manejaba fondos públicos provocó un menoscabo mediante una actuación contraria a las normas y con dolo, culpa o negligencia grave.
Eso obliga a separar dos planos. Una deficiencia administrativa, una justificación insuficiente o la ausencia de un documento en el expediente publicado no equivalen automáticamente a responsabilidad contable. Para llegar a ese punto habría que acreditar, entre otras cuestiones, que existió un daño económico efectivo para Planifica Madrid y qué actuación concreta lo produjo.
La denuncia del PSOE pretende precisamente reconstruir ese recorrido. Sitúa a Corbalán en el centro porque sus firmas aparecen en tres momentos determinantes de la adquisición, pero reclama también saber quién dio la instrucción inicial, qué autorización recibió, qué conocía el consejo de administración y quién intervino en la movilización del dinero.
El caso comenzó preguntando para qué quería la Comunidad de Madrid un ático de 6,3 millones. Las actuaciones ahora abiertas añaden una cuestión previa que el expediente publicado todavía no resuelve: quién decidió comprarlo y con qué respaldo administrativo.
