UGT denuncia años de mala gestión de la empresa Ribera Salud en el laboratorio central de la Comunidad de Madrid que ha provocado un incesante “exceso de trabajo” de las plantillas sanitarias con “personal con décadas de experiencia deciden marcharse de la empresa”, apunta un portavoz del sindicato. Pese al incremento de la población, y por tanto, de las muestras, desde el año 2008 la plantilla no ha sido aumentada, y ello “genera retrasos y constantes problemas de gestión de muestras y un entorno laboral insostenible por el exceso de trabajo para el personal activo”, remarca el escrito.
UGT Servicios Públicos Madrid ha denunciado públicamente “un deterioro grave del servicio” por parte de la empresa Ribera Salud, entidad responsable del escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz en el laboratorio central que presta servicio a los hospitales del denominado anillo de la Comunidad de Madrid, concretamente el Hospital Infanta Sofía, Hospital del Henares, Hospital Infanta Cristina, Hospital del Sureste, Hospital Infanta Leonor y Hospital del Tajo.
Ribera Salud y Unilabs (United Laboratories Madrid) son las entidades responsables de la gestión privatizada de estos centros hospitalarios. La segunda de ellas, compañía especializada en análisis clínicos profesionales, ha quebrado y cerrado su sede en Madrid, provocando un ERE que ha afectado a 143 trabajadores.
Según expone la organización sindical, este modelo de gestión privada se encuentra “basado únicamente en el beneficio económico y en el ahorro de costes”, lo que, de acuerdo con la denuncia, se traduce en “falta de personal y un incumplimiento constante de los pliegos de condiciones del concurso”, derivado fundamentalmente de la precariedad laboral y la imposibilidad de contratación de personal experto.
El representante de UGT señala a ElPlural.com que “los hospitales que solo tienen urgencias tienen un personal que no descansa los fines de semana, no pueden elegir vacaciones en verano por imposibilidad de sustitución, condiciones laborales precarias”, circunstancia que estaría generando “retrasos y constantes problemas de gestión de muestras”, así como “un entorno laboral insostenible por el exceso de trabajo para el personal activo”. “Es imposible sacar el trabajo de rutina con la calidad necesaria”, puntualizó.
Asimismo, el sindicato sostiene que, al tener que ser “externalizadas” miles de muestras debido a que el laboratorio “no dispone de capacidad humana ni técnica para procesar todas las muestras”. Esta situación se vería agravada por la “falta de presencia de forma habitual en la urgencia tanto de personal técnico como de personal facultativo”.
El comunicado también advierte de una “fuga continua de profesionales” y, de acuerdo con la denuncia sindical, este conjunto de deficiencias compromete de forma directa “la calidad y seguridad de un servicio que reciben 1.400.000 madrileños y madrileñas anualmente”.
El portavoz sindicalista contactado por este periódico ha exigido que “el laboratorio central de la Comunidad de Madrid debe volver al sistema público de salud” porque forma parte de “un servicio que nunca debió de ser privatizado por la importancia de su trabajo”, espetó.
Finalmente, UGT Servicios Públicos Madrid sostiene que “la única garantía de un correcto funcionamiento de los laboratorios de los hospitales del anillo” pasa por su reversión a la Sanidad Pública, apostando por profesionales estables y debidamente cualificados que permitan garantizar “un servicio seguro y eficiente”, frente a un modelo de gestión privada que, según la organización, “deteriora el servicio año tras año”.
Se acelera la privatización
Diversas plataformas, organizaciones y colectivos en defensa de la Sanidad Pública han hecho público un manifiesto en el que alertan del grave deterioro que atraviesa el sistema sanitario público en todo el Estado bajo el lema “Por mí, por tu salud y por la de todos y todas”.
El documento denuncia que “la salud no puede ni debe esperar” y señala que miles de personas sufren diariamente las consecuencias de una Sanidad Pública debilitada, entre ellas “listas de espera desesperantes y manipuladas, centros de salud inaccesibles y colapsados, hospitales infrautilizados, profesionales agotados” y un creciente “incremento de la desigualdad y de los seguros privados”, así como el “desembarco y parasitación del sistema público por multinacionales y fondos de inversión”.
Según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Madrid, Catalunya, Canarias y Baleares encabezan la lista de comunidades autónomas con un proceso acelerado de privatización sanitaria en España. Este análisis, que es la 11ª edición, fue divulgado recientemente y estudia la evolución desde 2014.
"En estos 11 años hemos podido constatar una realidad que es bastante preocupante, la privatización no ha dejado de crecer, tanto en la provisión como en la financiación de los servicios sanitarios y esto obviamente afecta de manera directa a la equidad y a la calidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud", explicó Sergio Fernández, secretario de organización de la FADSP.