Las periodistas Patricia Reguero y Sara han publicado el libro 'Hija, yo sí te creo', una investigación minuciosa sobre el laberinto judicial, mediático e institucional que sufren las madres que protegen a sus hijos de la violencia sexual intrafamiliar. Las autoras exigen que la izquierda y el feminismo asuman la defensa de la infancia como una urgencia política de primer orden.

 

Pregunta: ¿Cómo pasáis de un caso hipermediático como el de Infancia Libre a constatar una persecución estructural contra las madres protectoras?

Patricia Reguero: El origen de este trabajo se sitúa en la primavera de 2019, cuando los medios conservadores empezaron a difundir titulares sobre una falsa trama criminal de "madres secuestradoras". Nos llamó la atención la ausencia absoluta de la voz de las mujeres afectadas en el relato mayoritario de la televisión y la prensa. Aquella supuesta red delictiva, que incluso implicaba a pediatras y abogadas, terminó archivada por la Fiscalía al comprobarse que no existía; sin embargo, el goteo de madres que nos buscaban pidiendo auxilio continuó. Conforme empezamos a documentar informes psicosociales y sentencias, constatamos que la lucha de estas mujeres no era un hecho aislado, sino una resistencia feminista frente a la expresión más cruda del patriarcado.

Sara Plaza: Existe una profunda resistencia social a mirar este problema, sobre todo si lo comparamos con otras realidades criminales. Mientras los abusos en la Iglesia católica ya empiezan a ocupar un espacio de reparación pública, la violencia sexual intrafamiliar permanece bajo un estricto tabú. Para la sociedad, e incluso para ciertos sectores de la izquierda, resulta muy sencillo señalar a un enemigo externo, pero nos cuesta horrores denunciar al padre porque implica cuestionar la figura sagrada del pater familias. Para mantener intacto el imaginario colectivo de que el incesto o el abuso en el hogar no existen, la justicia prefiere dictaminar que somos las madres quienes inventamos relatos con el único fin de arrebatar la custodia.

P: Los datos de prevalencia son demoledores, pero ¿por qué creéis que las instituciones responden con sospecha sistemática hacia la mujer?

P.R. : Si acudimos a los datos, la reciente macroencuesta del Ministerio de Juventud e Infancia es demoledora: constata que tres de cada diez menores sufren violencia sexual en España, y que el entorno familiar es el espacio mayoritario donde se producen estas agresiones. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia científica, cuando una mujer da el paso, se topa con unos juzgados donde persisten prejuicios machistas sistémicos. Se nos sigue vinculando automáticamente con la manipulación, el despecho o la venganza afectiva tras una ruptura de pareja.

S.P. : Toda esa desconfianza institucional se materializa y se instrumentaliza a través del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). Aunque su utilización está explícitamente prohibida por la ley LOPIVI (Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia), denunciamos firmemente que los equipos psicosociales lo siguen aplicando, camuflándolo bajo otros tecnicismos como "vínculo sobredimensionado" o "interferencia materna". El patrón que hemos identificado es perverso: cuando una causa penal por abusos se sobresee provisionalmente —algo habitual por la extrema dificultad de aportar pruebas físicas en menores—, el investigado traslada ese archivo a los juzgados de familia para exigir la custodia total. El resultado son esos procesos traumáticos de arrancamiento que vemos en las noticias, donde la justicia entrega a los niños a sus presuntos agresores y despoja por completo a las madres de sus derechos.

P: ¿Qué consideráis que falla en las salas de vistas para que el testimonio de un niño apenas tenga valor legal?

P.R. : Lo que falla es que los juzgados de familia insisten en priorizar el conflicto de pareja por encima de las revelaciones y el sufrimiento de las víctimas. Hemos documentado situaciones desgarradoras donde los menores se aferran desesperadamente al mobiliario escolar para evitar ser entregados a sus padres biológicos, obligando a intervenir a la policía judicial sin que los jueces se dignen a alterar sus dictámenes. Sostenemos que es una urgencia absoluta situar el bienestar y la seguridad del menor en el centro real del proceso, desterrando de una vez por todas esa prioridad cuasi sagrada que se le concede a la figura paterna a costa de la integridad de sus propios hijos.

S.P. : Nos enfrentamos a un adultocentrismo feroz que despoja por completo a los niños de su derecho a ser escuchados y creídos. La violencia intrafamiliar impone el secreto como norma de supervivencia, lo que dificulta enormemente que un menor declare bajo los estándares rígidos que se exigen a los adultos. En nuestra investigación relatamos ejemplos sangrantes, como el de una niña que, estando en una cámara Gesell, pidió un trozo de papel para expresarse dibujando lo que le había pasado y el equipo psicosocial se lo denegó de forma tajante. España cuenta con una legislación sobre el papel bastante avanzada, pero el fracaso estrepitoso radica en unos operadores jurídicos que están anclados en visiones profundamente reaccionarias o directamente vinculados a sectores integristas como el Opus Dei.

P: ¿De qué manera debe reconfigurarse el feminismo bajo vuestra mirada y cómo desmontáis el fantasma de las denuncias falsas?

P.R. : Reconocemos que la relación entre el feminismo institucional y las madres protectoras ha sido compleja y, a veces, dolorosa. Recordamos perfectamente cómo en 2019 algunas plataformas feministas rechazaron auxiliarlas alegando que se trataba de un "problema particular" de custodia y no de una causa política. Afortunadamente, hoy en día el movimiento está asumiendo esta lucha como un eje central y propio.

Respecto al fantasma de las denuncias falsas, insistimos en que es un fenómeno absolutamente residual en cualquier ámbito delictivo. Lo sangrante es comprobar cómo solo genera una obsesión política y mediática desmedida cuando afecta a la violencia machista.

S.P. : Proponemos avanzar decididamente hacia lo que llamamos un "feminismo niñista", que integre los derechos y la protección de la infancia en el mismísimo núcleo de la batalla contra el patriarcado. Debemos reconocer abiertamente que estas madres, al desobedecer mandatos judiciales profundamente injustos para salvar a sus hijos, no están cometiendo un delito, sino abriendo un camino de resistencia colectiva y de auténtica autodefensa frente a la persecución penal del Estado.

Para zanjar la cuestión de una vez, los datos de la propia Fiscalía General del Estado sitúan las denuncias falsas en un marginal 0,03%. El sistema confunde de manera deliberada e interesada un archivo provisional por falta de indicios con una denuncia inventada. Frente al aislamiento institucional al que las someten, nuestra única alternativa es romper los pactos de silencio, ocupar las calles y seguir construyendo redes de apoyo mutuo como Sostén Jurídico. Es la única forma de demostrarle a estas mujeres que las madres nunca más volverán a estar solas.

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