El Partido Socialista llegará al 29 de noviembre con una consigna clara: el Estado del bienestar es la columna vertebral del país y hay que reforzarlo. Pedro Sánchez tiene en su ampliación uno de los ejes de su proyecto político para permanecer en el Palacio de La Moncloa otros cuatro años. Una cuenta pública de 1.000 euros al nacer, nuevas prestaciones para las familias, derechos laborales robustecidos, vivienda asequible y un sistema de pensiones protegido por la vía constitucional frente a la inflación forman parte del programa electoral que el PSOE ha presentado este domingo en Alcorcón (Madrid). Una batería de compromisos para ensanchar el escudo social y combatir la política de la “motosierra” que atribuyen al dúo Partido Popular y Vox.
El documento, de 114 páginas, va más allá de las cinco medidas que Sánchez ha destacado durante su intervención desde uno de los enclaves estratégicos del socialismo madrileño. La vivienda, el poder adquisitivo, la conciliación, la sanidad, la educación y la dependencia ocupan un lugar privilegiado en una propuesta dirigida a la clase trabajadora. De hecho, el PSOE plantea en el texto la cobertura financiera de esta ampliación de derechos pasa por elevar la contribución fiscal de los grandes patrimonios y las rentas más altas del capital.
Una de las principales novedades afecta a las políticas de infancia. El PSOE plantea la implantación de una prestación estatal por crianza para todos los hogares con menores de edad, con un diseño redistributivo que refuerce especialmente la protección de las familias con menos recursos. La medida está concebida para alcanzar a los ocho millones de niños, niñas y adolescentes del país, aunque en el texto no se concreta aún la cuantía de dicha ayuda, a la que se le sumaría la denominada Cuenta de Futuro. La iniciativa, mediante la que el Estado asignaría 1.000 euros a cada recién nacido, busca reducir las desigualdades económicas que condicionan las oportunidades de los jóvenes desde su nacimiento. El montante, según justifican los socialistas, se invertiría en fondos públicos y se complementaría con aportaciones anuales para los hogares con menor renta. Los beneficiarios podrían disponer de tales recursos al alcanzar la mayoría de edad para financiar sus estudios o proyectos personales.
En términos de conciliación, Sánchez ha anunciado durante su intervención la creación de una prestación de la Seguridad Social que permitiría retribuir cuatro semanas del permiso parental para cuidar a hijos menores de ocho años con el 100% de la base reguladora. El programa también contempla una semana adicional para el segundo progenitor cuando ambas hayan disfrutado de sus respectivos permisos por nacimiento y cuidado de manera no solapada.
Acento en la vivienda y más derechos laborales
Como no podía ser de otro modo, dentro de ese refuerzo del Estado del Bienestar hay un importante apartado dedicado a la vivienda, eje troncal de la precampaña electoral. En este sentido, el PSOE plantea reformar la Constitución para reconocerla como un derecho fundamental más allá de lo establecido en el artículo 14, reforzando así las garantías de la ciudadanía frente a los poderes públicos. La propuesta va acompañada del compromiso de movilizar anualmente el equivalente al 1% del PIB para políticas de vivienda, a través de la participación de las distintas administraciones y los instrumentos de financiación pública.
Entre las medidas previstas figuran la creación de un parque estatal de 100.000 viviendas públicas, la ampliación de la oferta protegida y préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para facilitar la compra de una primera vivienda. Al mismo tiempo, también proponen ampliar la duración de los contratos de alquiler y congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia en las zonas tensionadas. Además, apuestan por la creación de un impuesto progresivo sobre las viviendas de grandes tenedores y fondos de inversión que no se destinen a alquiler residencial asequible, incluyendo aquellas carteras orientadas al turismo o, en su defecto, mantenidas vacías. El objetivo del tipo sería favorecer su reincorporación al mercado residencial, mientras se mantiene la protección frente al desahucio de las personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Los ingresos familiares ocupan también un espacio destacado en el programa. El PSOE quiere blindar por ley un salario mínimo interprofesional superior al 60% del salario medio, con revisiones periódicas que tengan en cuenta la evolución de los precios, salarios y productividad. En paralelo, propone completar la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales sin pérdida de sueldo y fomentar, vía negociación colectiva, nuevos avances hacia las 35.
En el terreno de lo laboral, el documento incorpora una reforma del despido improcedente para garantizar una reparación efectiva, proporcionada y disuasoria, así como el refuerzo de la Inspección de Trabajo y la implantación de un registro horario digital que combata las horas extraordinarias ilegales. Otra de las propuestas en materia de trabajo pasa por considerar contratos a tiempo completo aquellos cuya jornada, incluidas las horas complementarias, supere el 80% de la ordinaria.
Este bloque lo completa la protección de las personas mayores a través del blindaje constitucional de la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Al margen, los socialistas plantean reforzar las prestaciones mínimas y mejorar las condiciones de quienes acceden a la jubilación anticipada involuntaria. También recoge una batería de medidas para reducir la brecha de género en las pensiones y ensanchar el escudo social de los trabajadores autónomos.
Sanidad, educación y cuidados
El fortalecimiento de los servicios públicos es otro de los grandes compromisos del documento. En sanidad, los socialistas proponen consolidar una financiación pública cercana al 7% del PIB, reducir las listas de espera y establecer la gestión directa como modalidad preferente para la prestación sanitaria. Entre las medidas destaca el Plan Sonríe, con el que el PSOE pretende incorporar progresivamente a la sanidad pública los tratamientos dentales básicos para adultos, incluidos empastes, endodoncias y reconstrucciones. Durante su implantación, plantea una ayuda de hasta 200 euros anuales por persona, comenzando por los hogares de rentas medias y bajas.
La salud mental también figura entre las prioridades. El programa recoge el compromiso de garantizar una primera consulta de atención psicológica gratuita en la sanidad pública en un plazo máximo de 30 días, mediante el refuerzo de los profesionales de psicología clínica, especialmente en atención primaria. La propuesta incluye ampliar los servicios especializados para niños y adolescentes y reforzar los programas de prevención del suicidio.
En educación, el PSOE apuesta por avanzar hacia la universalización de la etapa de cero a tres años, ampliar las becas y fortalecer la enseñanza pública. En el ámbito universitario, propone impulsar la gratuidad de la matrícula del primer curso de grado en las universidades públicas, mejorar las ayudas para estudiantes con menos recursos y ampliar la oferta de alojamiento universitario asequible.
Las políticas de dependencia ocupan igualmente un lugar destacado. Los socialistas plantean aprobar una nueva Ley de Servicios Sociales, ampliar la ayuda a domicilio y reforzar los recursos destinados a la asistencia personal, los centros de día y los programas de respiro familiar. Para las personas mayores, el programa incluye el plan "A Tu Lado", con ayudas para adaptar viviendas y visitas periódicas de enfermería o trabajo social a domicilio a partir de los 80 años, con el propósito de detectar situaciones de fragilidad y soledad.
En materia de igualdad, el PSOE propone blindar constitucionalmente el derecho al aborto, reforzar la igualdad salarial y ampliar las políticas de conciliación. El documento también contempla una Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria, una nueva estrategia frente a las violencias machistas y medidas específicas para proteger la autonomía económica de las mujeres.
Parte de estas iniciativas se financiarían mediante una mayor progresividad fiscal sobre los grandes patrimonios y las rentas del capital. El programa plantea elevar gradualmente la tributación de estas últimas hasta un tipo máximo del 35% para las rentas superiores a 300.000 euros. También propone convertir el mínimo por descendientes en el IRPF en un crédito fiscal reembolsable que, según las estimaciones socialistas, beneficiaría a dos millones de hogares con ingresos medios y bajos.
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