La Conferencia de Presidentes, que reúne a todos los líderes autonómicos con Pedro Sánchez, se celebrará este viernes en Barcelona en un momento de gran tensión política. Antes de la llegada de la fecha, el jefe del Ejecutivo ha remitido una carta a todos los mandatarios territoriales para instarles a que a que el encuentro se centre en caminar hacia un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda, que comprenda el periodo 2026-2030, y ofrecerles “tres compromisos recíprocos” para debatir y, si se alcanzase un acuerdo, implementar.
Más financiación pública
El primero de ellos se basa en un aumento cuantioso de la financiación. “Propongo que tripliquemos la inversión pública en vivienda”, escribe Sánchez a los presidentes de la Comunidades Autónomas (CCAA). Esto supondría pasar de los 2.300 millones de euros que se movilizaron en el Plan Estatal 2022-2025 a unos 7.000 millones para el nuevo periodo de aplicación. Del total, el Gobierno central se compromete a aportar 4.000 millones, un 60% del total, “siempre y cuando” los autonómicos asuman “mayor corresponsabilidad” y se hagan cargo del otro 40% (2.700 millones), algo similar que lo que sucede con la bonificación de los transportes públicos y municipales.
“La política de vivienda es una competencia compartida y las CCAA nunca han recibido tantos recursos del Estado como ahora”, recoge Sánchez en la misiva para convencer a los destinatarios. “Es esencial que parte de estos recursos se destinen a construir y rehabilitar más vivienda pública, en régimen de propiedad y alquiler”, cierra este primer compromiso, antes de introducir el segundo, basado en el blindaje indefinido de la calificación de las viviendas con protección pública.
Blindaje de la vivienda pública
“En los últimos 45 años, las Administraciones públicas construyeron en España más de 2,4 millones de viviendas protegidas. Pisos pagados por la gente, para la gente. Desgraciadamente, la práctica totalidad de esas viviendas acabaron siendo descalificadas y vendiéndose en el mercado libre a precios elevados o en manos de fondos buitre”, lamenta Sánchez. Como cambio, el Ejecutivo propone a los presidentes autonómicos que se comprometan a que todas “las viviendas que se financien con dinero público mantengan de forma permanente su calificación de vivienda protegida”.
“Pongamos fin a esta terrible sangría”, añade, reclamando a los líderes regionales que “ofrezcan siempre una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía”, en vez de vender pisos que ya eran públicos o permitir con cláusulas contractuales que vuelvan al mercado pasado un tiempo determinado, retornado el problema al principio. “Construyamos un parque de vivienda protegida amplio que nos permita contener los precios, especialmente en las zonas más tensionadas, y asegurar el acceso a la vivienda a nuestros jóvenes”, concluye el segundo compromiso.
Contra el monopolio inmobiliario
El tercero y último va destinado a portales privados como Idealista que, en la práctica, representan un “monopolio” de inmuebles e información. El Gobierno sugiere poner fin a este dominio y crear una base de datos pública que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compraventa o alquiler en su ciudad. "Solo con esa transparencia se podrán diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa".
Estos son los tres compromisos propuestos por Sánchez a las comunidades autónomas. “Más financiación pública, menos especulación y más transparencia”, resume en el último párrafo de su carta. “Confío en que podamos debatirlas de forma serena y constructiva y que logremos llegar a un acuerdo antes de verano. Los españoles no nos eligen para genera crispación o llevar ruido partidistas a las instituciones. Nos eligen para que dialoguemos y resolvamos sus problemas”, continúa, antes de cerrar con que “la vivienda es crucial y nosotros debemos estar a la altura”.