La pasada semana fue crítica en el Gobierno de España en lo que respecta a la respuesta a la guerra de Irán y sus efectos económicos. El efecto dominó de un conflicto a miles de kilómetros de distancia se nota en la economía global en el aumento del precio del barril de petróleo y su consiguiente impacto en a cuánto pagan los españoles al llenar el depósito de sus coches o al abonar la factura de la luz. Algún tipo de respuesta institucional era necesario para paliar estos efectos, y llegó, aunque no sin roces entre los socios: el Consejo de Ministros, en sesión extraordinaria, aprobaba dos decretos, uno centrado en los carburantes y previsto desde el principio por el PSOE, y otro relacionado con la vivienda y con el tope a los beneficios empresariales, negociado con Sumar tras un plantón de los ministros magentas. Al escrutinio parlamentario se someterán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecerá en el Hemiciclo antes de la sesión de control, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a días de que anuncie su dimisión para ser la candidata socialista a las elecciones andaluzas el próximo 17 de mayo. Una sesión de control que servirá, asimismo, como antesala de lo que ocurrirá el jueves, cuando se someta a convalidación el decreto con 80 medidas que salió del Consejo de Ministros. El segundo decreto no será aún enviado a la Cámara para someterlo al examen parlamentario, ya que el Gobierno, y en especial los ministros de Sumar, quieren más tiempo para negociarlo con los grupos y conseguir así apoyos para su aprobación, con los que no cuentan actualmente.
La ochentena de medidas anunciadas por el Ejecutivo movilizarán alrededor de 5.000 millones de euros para tratar de paliar los efectos económicos del conflicto en Irán. Sánchez ha lamentado, durante la semana, que se trata de una "guerra contraria al derecho internacional" que está dejando ya "las primeras réplicas de un terremoto económico". "Situaciones extraordinarias requieren de medidas extraordinarias", explicaba. Bajo ese telón de fondo, las medidas que pueden citarse son la rebaja del IVA (del 21 al 10%) en productos como la gasolina, el gasóleo, el butano, el propano, la electricidad, el gas, la leña, las briquetas o los pellets, o la retirada temporal del impuesto especial a los hidrocarburos, que en la actualidad equivale a 0,379 euros por litro de diésel y a 0,47269 euros por litro de gasolina. El Gobierno calcula que este recorte fiscal implicará una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante y de unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio, lo cual es beneficioso para el consumidor en términos de bolsillo, pero los recortes fiscales de esta índole son un arma de doble filo: aunque alivian la cartera del ciudadano, no limitan los beneficios de las grandes corporaciones y merman la recaudación pública. Además, sacaba pecho el Gobierno hace unos días de que no atenderían a las medidas propuestas por el Partido Popular por ser siempre las mismas y consistir siempre en bajar los impuestos, y es justo lo que ha terminado materializándose en el decreto ley.
Al margen, existen otras medidas concretas para los profesionales del transporte, la pesca o la ganadería, como una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, además de la subvención parcial en la compra de fertilizantes. Estas medidas no han entusiasmado demasiado a los transportistas, que notarán cierto alivio en sus cuentas, pero consideran que las ayudas aprobadas ante la escalada del diésel no son lo suficientemente contundentes y que no impedirán que los sobrecostes se trasladen a los productos finales. En cuanto a la electricidad, mismo escenario: bajadas de impuestos. Además de la bajada del IVA, se reducirá al 0,5% el impuesto especial a la misma, del 5,11% en la actualidad, y se suspenderá de forma temporal durante 2,5 meses el impuesto al valor de la producción eléctrica, del 7%.
El Gobierno asegura, así, que los impuestos sobre la electricidad se reducirán aproximadamente un 60%. En el caso concreto de las industrias de gran consumo de electricidad, se bonificarán en un 80% los peajes que pagan, lo que supondrá un descenso en la recaudación de 200 millones de euros. También se aplicarán medidas de flexibilidad en sus contratos de compra de electricidad. Los consumidores vulnerables, por su parte, verán extendidos hasta finales de este año los descuentos extraordinarios del bono social de la luz y reforzado el bono social térmico, hasta un máximo de 50 euros. Se mantiene, además, la prohibición de suspender el suministro a los hogares vulnerables. Los descuentos del bono social eléctrico se ven reforzados también, hasta el 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos. También se aplicarán otras medidas de reducción de la presión fiscal, como bonificaciones en el IRPF para la instalación de panales solares, sistemas de autoconsumo y almacenamiento de electricidad y medidas específicas para seguir potenciando las renovables y desligarse del consumo de hidrocarburos.
Una sesión de control que se prevé tensa
Volviendo a la sesión de control, el Gobierno estará en el foco del PP, Podemos y Vox por asuntos diferentes. Los 'populares' han decidido aprovechar el Pleno del Congreso de esta semana para examinar con cuatro preguntas a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en lo que, previsiblemente, será su última sesión de control, teniendo cuenta de que dejará el Gobierno para ser la candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Andalucía.
"¿Cómo será recordado su paso por el Gobierno, vicepresidenta?", es la pregunta, cargada de intención política, que le formulará la portavoz del PP, Ester Muñoz, según el listado de interrogantes registrado el pasado jueves. Y es que la vicepresidenta ya anunció que, en cuanto se convocaran las elecciones andaluzas, que Moreno Bonilla ha convocado para el próximo 17 de mayo, dejará el Gobierno de Pedro Sánchez para centrarse en la campaña. Por ello, su marcha del Ejecutivo está cerca y la sesión de control de esta semana puede ser una de las últimas como vicepresidenta, pues la siguiente no será hasta después de Semana Santa, a mediados de abril.
Además de Muñoz, el secretario general del PP, Miguel Tellado, interpelará a María Jesús Montero para que explique sobre "cuál ha sido la verdadera prioridad de su ministerio durante todos estos años". A su vez, el diputado José Vicente Marí Bosó, uno de los portavoces económicos del Grupo Popular, preguntará a Montero si "viven hoy mejor los españoles que cuando llegó al Ministerio"; mientras que su compañera María Isabel Sánchez Torregrosa quiere saber si "ha regido la ética y la transparencia el desempeño de sus funciones públicas". Preguntas, todas ellas, de carácter muy político y personalista contra la ministra, y no relacionadas con las medidas recientemente aprobadas ni con el contexto actual. A estas preguntas del PP se añade otra para le formulará la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en la que se interesará por conocer "lo que hará el Gobierno para acabar con la precariedad y la inestabilidad en la Administración pública".
En el mismo sentido, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha exigido al Gobierno que amplíe sus medidas aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario por la guerra de Irán, reprochándoles que van tarde y que no son suficientes. Cabe recordar que hace un par de semanas, los 'populares' proponían una serie de medidas concretas para hacer frente al aumento de precios del carburante, consistentes, todas ellas, en bajadas de impuestos. El Gobierno se opuso a escuchar estas propuestas por ser "lo mismo que propone siempre el PP". Finalmente, las medidas que se aplicaron en este sentido fueron, precisamente, bajadas de impuestos, lo que no ha servido para evitar la oposición sistémica de los 'populares' al Gobierno de Sánchez, incluso cuando toman iniciativas que podrían haber salido de sus propias filas. Los de Feijóo aún no han despejado qué votarán el jueves, aunque ya no será determinante porque Junts ha confirmado que apoyará el decreto del Gobierno.
La dirigente del PP criticaba la tardanza del Ejecutivo para aprobar un plan tras las consecuencias de una guerra que "ya hace días y semanas que está afectando a los bolsillos de los españoles". "Mientras tanto el Gobierno está recaudando. Lo que aquí hace falta es rescatar a los españoles de la situación que están viviendo y no al Gobierno", afeaba. Preguntada por la posición del PP a las medidas que recogen las rebajas fiscales que reclamaban, Gamarra ha pedido esperar: "Veremos uno a uno y cuando veamos todo lo que dice ese real decreto ya lo valoraremos". Así, ha recordado el aviso del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, en la última sesión de control a Pedro Sánchez en el Congreso: "Que no utilicen como hacen siempre un real decreto para intentar salvar al Gobierno".
Abascal, centrado en la inmigración
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechará el Pleno de control en el Congreso para denunciar la decisión del Gobierno de ampliar la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular y pedir cuentas al jefe del Ejecutivo por una medida que, a su juicio, implica destinar los impuestos de los españoles a pagar la atención sanitaria "de medio mundo".
"¿Por qué no les pregunta a los españoles si quieren que el dinero de sus impuestos se dedique a la atención sanitaria de medio mundo?", reza el interrogante, formulado con cierto desprecio a las personas migrantes, que Abascal dirigirá el miércoles a Sánchez en la Cámara Baja. El pasado 10 de marzo el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley para garantizar la asistencia sanitaria pública a personas migrantes en situación irregular, una medida que Abascal calificó de "crimen" porque, desde su punto de vista, abre los hospitales "a toda África".
Abascal sostiene que el "decretazo" del Ejecutivo no sólo provocará un "efecto llamada brutal" en un contexto de "invasión migratoria", sino que además conllevará mantener con subsidios y ayudas sociales a "millones" de personas mientras los españoles más necesitados carecen de ellos. Así las cosas, el presidente de Vox llevará este asunto a la próxima sesión de control con la idea de mantener un duelo parlamentario con Sánchez sobre la migración, uno de los asuntos en los que ambos dirigentes mantienen una enorme distancia ideológica.