El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha retomado su agenda política este lunes tras concluir el luto por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que acabó con la vida de 69 personas el pasado 28 de octubre. Lo ha hecho desde el foro World in Progress (WIP), desde donde ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto que incluirá un paquete de compensaciones económicas, mecanismos para anticipar indemnizaciones y otras medidas que siguen el modelo aplicado por Moncloa tras el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero. Asimismo, se ha comprometido a no dejar solas a las familias de las víctimas y de los heridos, así como a restaurar la “confianza quebrada” en la alta velocidad tras el accidente.
Sánchez ha intervenido en el foro organizado por el Grupo Prisa en Barcelona, donde ha vuelto a trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas y reafirmaba el compromiso de su Gobierno para acompañarlas durante el duelo, en los trámites administrativos y, sobre todo, en la búsqueda de respuestas sobre un accidente que “nunca debió suceder”. El jefe del Ejecutivo ha advertido que este real decreto supondrá la primera réplica económica específica del Consejo de Ministros a la tragedia ferroviaria, mientras continúa abierta la investigación judicial para esclarecer sus causas.
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Pese a la confirmación de las principales líneas de actuación, el Gobierno aún no ha avanzado las cuantías definitivas ni los requisitos concretos para acceder a las ayudas, emplazando a la ciudadanía a su aprobación para resolver las dudas. Lo que sí ha adelantado el jefe del Ejecutivo es que el paquete incluirás medidas económicas directas, así como un mecanismo específico para anticipar el pago de las indemnizaciones. Una fórmula con la que Moncloa pretende evitar que las familias esperen a la conclusión de los procedimientos administrativos, aseguradores o judiciales para recibir la compensación tras el accidente.
La normativa, que se cimenta sobre “cuatro ejes”, incluirá iniciativas específicas vinculadas a los procesos de incapacidad temporal de las víctimas, destinadas a atender la situación de aquellas personas que sufrieran lesiones y no puedan reincorporarse a la actividad laboral. Sánchez no ha profundizado en sus requisitos ni en su posible relación con las prestaciones ordinarias de la Seguridad Social. Sí ha adelantado, en cambio, la puesta en marcha de oficinas de atención integral y personalizada en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno con el objetivo de facilitar todas las gestiones de los afectados y de sus allegados, evitando que se dirijan a distintas administraciones para recopilar información sobre los trámites de apoyo.
El Ejecutivo busca, en palabras de Sánchez, ofrecer una respuesta que no se limite a las compensaciones económicas, sino que además contemple una línea de asistencia administrativa y acompañamiento a las familias afectadas. Las condiciones concretas de acceso a tales servicios se conocerán este martes con la aprobación de la norma.
Adamuz como base
Moncloa utilizará como referencia el sistema extraordinario de ayudas que aprobó tras el accidente de Adamuz. Después de la tragedia en Córdoba, el Consejo de Ministros lanzó un real decreto nueve días después del siniestro, estableciendo compensaciones superiores a los 210.000 euros por cada persona fallecida. Un mecanismo que contemplaba tres conceptos de aproximadamente 72.000 euros cada uno: ayuda directa a fondo perdido, anticipo de la indemnización correspondiente al seguro de responsabilidad civil y compensación prevista por el Seguro Obligatorio de Viajeros. Para los heridos, las cantidades variaban en función de las consecuencias de sus lesiones y la gravedad.
Entonces, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adujo que las compensaciones por lesiones corporales oscilaban entre 2.400 euros y más de 84.000, en función de los daños sufridos. El sistema se orientó hacia la aceleración de la llegada de los recursos económicos a los afectados, canalizados a través de pagos únicos y con las exenciones fiscales previstas en dicha regulación.
Recuperar la confianza
Sánchez ha admitido, al margen del acompañamiento a las víctimas y sus familiares, que una de las principales obligaciones del Ejecutivo es recuperar la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad. “Cueste lo que cueste”, ha precisado. El presidente del Gobierno dedicaba sus primeras líneas de la intervención a las “decenas de familias rotas” por un accidente que “jamás debió suceder”, recordando al mismo tiempo que “hay un país entero que llora junto a ellas”. Por ello, estima que lo “absolutamente prioritario” es apoyarlas.
El segundo paso será restaurar esa credibilidad en el sistema ferroviario español. Para ello, el jefe del Ejecutivo ha prometido “total transparencia” en la investigación de las causas del suceso por parte de investigadores independientes y de la Justicia. “Lo harán con todos los medios que sean necesarios para esclarecer lo ocurrido de forma exhaustiva y rigurosa”, ha añadido.
Al mismo tiempo, ha destacado que, pese a la tragedia y el dolor, se ha visto lo mejor de España por parte de los servicios de emergencia, sanitarios y los vecinos de la localidad toledana de Urda, a quienes ha agradecido su solidaridad. “Eso es España. Ese es nuestro país. Un país que ante una adversidad tan grande como la que sufrimos la pasada semana se une como ningún otro país en el mundo y que no pregunta ni duda a la hora de ofrecer ayuda”, ha añadido, subrayando la importancia que ofrece la red de protección de los servicios públicos. “Nuestra obligación es cuidarla y nunca más debilitarla”, ha rematado.
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