El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciará desde este lunes una ronda de contactos con los grupos parlamentarios del Congreso para pulsar su posición ante una eventual participación de España en una misión internacional de paz en Ucrania, una vez se alcance un acuerdo que ponga fin al conflicto con Rusia. En esta primera fase de consultas quedará excluida Vox, formación a la que el Ejecutivo no prevé incorporar a este diálogo político previo.
La iniciativa fue anunciada por el propio Sánchez tras su participación, el pasado martes, en la reunión de la denominada Coalición de Voluntarios celebrada en París. En ese encuentro, hasta 35 países aliados analizaron distintos escenarios para el despliegue de una fuerza multinacional sobre el terreno ucraniano, con el objetivo de supervisar y garantizar el cumplimiento de un hipotético acuerdo de paz. Francia y Reino Unido figuran como los principales impulsores de esta propuesta, que todavía se encuentra en una fase preliminar.
Desde el punto de vista jurídico, la posible participación española plantea un debate relevante en el ámbito parlamentario. La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de Defensa Nacional, establece que corresponde al Congreso de los Diputados autorizar las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior. No obstante, en el Gobierno se subraya que el artículo 17 de esta norma concreta que dicha autorización es preceptiva para ordenar operaciones fuera del territorio nacional “que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional”.
Desde el Ministerio de Defensa destacan precisamente este matiz legal, al considerar que el Ejecutivo podría justificar la intervención en Ucrania como una misión directamente vinculada al interés nacional, lo que abriría la posibilidad de no someterla a una votación previa en la Cámara Baja. En cualquier caso, estas mismas fuentes recalcan que el debate es, por ahora, teórico, dado que no existe aún un acuerdo de paz firmado entre Kiev y Moscú ni un mandato internacional definido.
Fase embrionaria
En este contexto, el propio Gobierno admite que el despliegue de tropas españolas en territorio ucraniano se encuentra todavía en una fase embrionaria. Por ello, en estos momentos no está previsto solicitar formalmente el aval del Congreso, sino únicamente testar la posición de los distintos grupos parlamentarios y calibrar el clima político ante un escenario que podría materializarse en el futuro.
Las primeras reacciones de los partidos reflejan un respaldo limitado a la iniciativa. Algunas de las formaciones que sostienen al Ejecutivo han expresado ya sus reservas. Podemos ha trasladado de manera explícita su oposición a cualquier despliegue militar en Ucrania, mientras que otros grupos de la izquierda, como el BNG o EH Bildu, han manifestado dudas y recelos sobre una misión de estas características. Esta falta de apoyo entre los socios habituales obliga al Gobierno a mirar hacia el Partido Popular, cuyo posicionamiento sigue siendo una incógnita. Desde el Ejecutivo se ha dejado claro que le gustaría contar con el respaldo de los populares llegado el momento.
Desde Moncloa se insiste en que cualquier operación se activaría únicamente tras la firma de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Ese eventual pacto debería recoger de forma expresa los términos de la misión, su alcance y las condiciones de participación de los países implicados. Además, el Ejecutivo subraya que el despliegue tendría que realizarse bajo el paraguas de una organización internacional, como la OTAN, la Unión Europea o Naciones Unidas, para dotarlo de legitimidad jurídica y política.
Más cerca del acuerdo
Mientras tanto, las negociaciones entre Kiev y Moscú continúan sin un desenlace cerrado. Aunque ambas partes han asegurado en distintos momentos estar “cerca” de un acuerdo, persisten importantes incógnitas relacionadas con posibles cesiones territoriales y con las garantías de seguridad que se ofrecerían a Ucrania en el escenario posterior al conflicto.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se refirió a esta cuestión el pasado viernes tras un ataque ruso con un misil balístico contra la ciudad de Leópolis. Robles señaló que cualquier decisión dependerá de la existencia previa de un acuerdo de paz y remarcó que, llegado ese escenario, la participación española se enmarcaría en misiones de mantenimiento de la paz, no de combate, en línea con el papel que España ha desempeñado en otros conflictos internacionales.
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