El juez Pablo Ruz ha propuesto juzgar a 43 imputados en el caso Gürtel, entre ellos tres extesoreros del PP, y ha incluido como responsable civil a la ministra de Sanidad Ana Mato por supuestamente beneficiarse económicamente de la conducta delictiva de su exmarido, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda. Ruz ha adoptado esta decisión en el auto en el que cierra la instrucción de la pieza separada que abrió el pasado 29 de julio para propiciar el enjuiciamiento por hechos de la "primera época" de la trama, desde 1999 a 2005, teniendo en cuenta que uno de los principales imputados, el extesorero del PP Luis Bárcenas, lleva más de un año en prisión preventiva.
Acebes sigue imputado en la causa de la caja B
Este es el paso previo, técnicamente conocido como transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, para abrir juicio oral contra esos 43 imputados, a los que ha añadido en calidad de responsables civiles como partícipes a titulo lucrativo a Mato y a Gema Matamoros, esposa del exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega. En su escrito, Ruz ha acordado también archivar la imputación en esta pieza al ex secretario general del PP Ángel Acebes, aunque continúa imputado en la causa en la que se investiga la caja B del partido, y mantiene al PP como responsable civil a título lucrativo.
Quiere juzgar a los tres extesoreros al frente del entramado
En el auto, de 205 páginas, el juez relata toda una operativa en torno a los considerados cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, quienes presuntamente lideraron un entramado societario con la participación, entre otros, de tres extesoreros del PP, Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, así como los exalcaldes Ortega y Sepúlveda, el exsenador Jesús Merino, el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, así como funcionarios y empresarios. Sin perjuicio de lo investigado en la pieza separada conocida como "papeles de Bárcenas", Ruz señala que el extesorero, prevaliéndose de sus cargos de gerente y tesorero, se apropió de fondos del PP al llevar junto a Lapuerta una contabilidad en B del partido entre los años 1990 a 2008.
El PP financiaba sus campañas, sobresueldos y otros gastos
Esa contabilidad, explica el juez estaba "nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial y que de acuerdo a lo indiciariamente acreditado, fue destinada: al pago de gastos generados en campañas electorales, complementos de sueldos a determinadas personas vinculadas al partido y al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido político".
Red societaria para evadir y ocultar...
La red de Correa, recuerda Ruz, se fue especializando en organizar eventos y campañas electorales del PP, al tiempo que aprovechaba sus contactos con personas con responsabilidades orgánicas en el partido para conseguir adjudicaciones públicas. Además, se encargaba de entregar dádivas en contraprestación a los funcionarios y autoridades que intervenían para favorecerle en la obtención de negocios para sus empresas. Paralelamente a la estructura societaria en España, los imputados tejieron también otra en el exterior para ocultar y transformar el patrimonio que iban amasando con sus actividades ilícitas, ocultando a la Hacienda Pública su verdadero patrimonio y el origen del mismo, entre ellos Bárcenas, que llegó a acumular 48,1 millones en cuentas en Suiza. El auto de Ruz detalla también cómo a partir de las relaciones entabladas con distintos responsables políticos del PP el grupo de Correa comenzó a trabajar en la Comunidad de Castilla y León y en la Comunidad de Madrid.
que Correa puso al servicio de dirigentes del PP
El sistema para ocultar los fondos obtenidos de forma ilícita por la trama Gürtel, supuestamente ideado por el considerado cerebro financiero de la red Luis de Miguel, sirvió posteriormente, según Ruz, a los cargos públicos o responsables del PP con los que trabajaba Correa para la intermediación en operaciones inmobiliarias. De esta forma, "Correa puso a disposición de determinados cargos públicos su propio entramado societario con el fin de ocultar la titularidad y origen de sus fondos".
Hasta once delitos
Los hechos relatados por el juez se tipifican provisionalmente en 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.
