Diferentes interpretaciones y numerosas tensiones son las que está provocando el acuerdo alcanzado por el PP y Vox para formar Gobierno en Extremadura. Concluyen meses de tira y afloja, incluso de conflictos, entre los populares y los de Abascal que, finalmente, se unirán para liderar el Ejecutivo autonómico de esta región, aunque eso sí, no quedando exentos de polémicas.
El acuerdo al que han llegado PP y Vox ha generado especial controversia en distintos puntos. Sin embargo, uno de ellos, sobre todo debido al contexto de las últimas semanas, ha sido el que más notoriedad está adquiriendo, recibiendo multitud de críticas. Concretamente, se trata de lo que han definido ambas formaciones como "prioridad nacional" y que, entre otros aspectos, afectará sobre todo a lo que tenga que ver con las ayudas públicas que concederá este nuevo Gobierno regional.
No obstante, la controversia que está generando el pacto extremeño no está quedando limitada a estas fronteras autonómicas, sino que se ha elevado al ámbito nacional al acudir este miércoles Vox al Congreso de los Diputados con una moción a través de la cual busca hacer esta iniciativa de "prioridad nacional" extensiva a todo el país.
Si bien, la moción de Vox, en la manera en la que está planteada, aunque busca ser una nueva punta de lanza en contra de los inmigrantes, también tendría efectos negativos sobre los españoles. Tal es así que, por ejemplo, en el caso del acceso a una vivienda pública, una persona no podrá optar a menos que lleve años empadronada en la ciudad donde la quiere. A ello se suma la necesidad de tener vinculación económica, social, familiar, laboral o formativa. Es decir, no solo se deja a los migrantes extranjeros, sino que puede afectar a nacionales. La situación se explica planteando que una persona procedente de Extremadura que lleva años empadronado en otra comunidad autónoma en la que trabaje podría no tener acceso a esas viviendas públicas si quiere volverse a su tierra natal, ya que los requisitos para las ayudas son iguales para todos, sean del territorio o no.
Además de este, entre otros puntos que incluye la "prioridad nacional" acordada por PP y Vox que los de Abascal tratan de llevar al territorio nacional se encuentra la ayudas sociales a migrantes irregulares. Sin embargo, esto no es una medida nueva, puesto que la legislación nacional ya marca esa prohibición, aunque Vox, en su discurso político, difunda la idea de las personas en situación irregular reciben todas las prestaciones.
Estando servida la polémica, en los pasillos del Congreso de los Diputados se han hallado este miércoles numerosas críticas a la medida acordada por los populares y los de Abascal. Entre estos comentarios que han reprochado se acuerde poner en marcha esta iniciativa en Extremadura han destacado las palabras de Gabriel Rufián. Caracterizado siempre por su estilo irónico, el portavoz de ERC ha subrayado que le sorprende este punto del pacto y ha señalado que, a su modo de ver, "España es la o fue la cuna de mucha mezcla", por lo que halla curioso que "gente que se parece más a Abderramán II que al Cid Campeador venda pureza". No solo eso, sino que, al ser preguntado por si cree que el acuerdo extremeño es constitucional, Rufián lo ha rechazado destacando que "ser racista no debería de ser ni tan solo decente o legal".