España celebra este lunes 12 de octubre el Día de la fiesta nacional con el tradicional desfile militar en Madrid, los honores a la bandera y la recepción de los reyes en el Palacio Real. Pero la agenda institucional adquiere este año una dimensión política añadida: Felipe VI y Letizia recibirán a representantes de la sociedad civil de Ceuta y Melilla en vísperas de su desplazamiento a ambas ciudades autónomas, el primero del actual monarca desde su proclamación en 2014.
La visita, programada para los días 13 y 14, llega tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio y en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La coincidencia entre la jornada de la hispanidad y el viaje real sitúa a la Corona en el centro de uno de los principales ejes del debate político: la integridad territorial, el control fronterizo y la respuesta del Estado ante una crisis migratoria.
No implica que el jefe del Estado participe en la contienda electoral ni que la Zarzuela haya asumido el discurso de ningún partido. Sin embargo, la carga simbólica de su presencia en dos territorios especialmente sensibles para las relaciones con Marruecos puede influir en la lectura política de la campaña.
Ceuta y Melilla, un mensaje de respaldo territorial
Felipe VI y la Reina no habían visitado estas ciudades desde la llegada del monarca al trono. El precedente se remonta a noviembre de 2007, cuando Juan Carlos I y Sofía viajaron a ambos enclaves, una visita que provocó tensiones diplomáticas con Marruecos. La nueva agenda, consensuada entre la casa del rey y el Gobierno, representa por ello un gesto institucional de especial relevancia.
La visita a Ceuta tendrá lugar apenas dos meses y medio después de la entrada masiva de personas migrantes desde Marruecos. La dimensión de aquella crisis convirtió la frontera del Tarajal en un asunto de seguridad, gestión migratoria y cooperación internacional.
El viaje real permitirá escenificar la presencia del Estado en un territorio donde la soberanía española, la presión fronteriza y las relaciones con Rabat se entrecruzan de forma permanente.
El PP puede encontrar en este contexto elementos para reforzar su marco político sobre la defensa de las fronteras y la integridad territorial. La presencia del jefe del Estado constituye una imagen de unidad institucional que puede ser interpretada por la oposición como un respaldo a sus reivindicaciones sobre seguridad y soberanía. Esa lectura, no obstante, pertenece al terreno de la disputa partidista: la visita ha sido acordada por Zarzuela y el Ejecutivo, y su significado oficial es el de un desplazamiento institucional.
La decisión de no acompañar a los reyes por parte de Pedro Sánchez, comunicada por fuentes de Moncloa, añade otro elemento al escenario. El presidentedel Gobierno había defendido previamente la conveniencia del viaje y señalado que existían razones suficientes para realizarlo cuando se diesen las condiciones oportunas. Será el ministro o la ministra de jornada quien acompañe a sus majestades.
La vivienda y la muerte de Maricarmen, al margen
Mientras Ceuta y Melilla concentran la atención institucional de los reyes en vísperas de su visita histórica, la crisis de la vivienda continúa sin ocupar un lugar equivalente en la agenda pública de la Corona. El desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen, una mujer de 87 años que residía en el distrito madrileño de Retiro, ha situado de nuevo el problema habitacional en el centro de la controversia política, con interrogantes sobre la protección de las personas mayores, la vulnerabilidad de los inquilinos y la respuesta de las administraciones ante la pérdida del hogar.
El caso ha provocado una intensa movilización social y ha llegado al Congreso, donde la oposición entre quienes reclaman mayores garantías para los arrendatarios y quienes defienden los derechos de propiedad se ha convertido en otro frente de la precampaña. Sin embargo, Zarzuela no ha expresado una posición específica sobre el desahucio ni sobre las circunstancias que rodearon la situación de Maricarmen. Las referencias de Felipe VI a las dificultades de acceso a la vivienda en intervenciones públicas han sido generales y no constituyen un pronunciamiento sobre este caso concreto.
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