La crisis migratoria que atraviesa Ceuta ha abierto dos frentes que discurren en paralelo, pero que requieren respuestas diferenciadas. Por un lado, las administraciones afrontan la acogida de miles de migrantes que se encontraban en situación de calle, especialmente en el entorno de la playa de El Trampolín, y por otro, el Gobierno central se encuentra preparando el traslado a la Península de alrededor de 500 menores no acompañadas, en un asunto que ha generado debate con algunos de los líderes autonómicos sobre las dimensiones legales y humanitarias del asunto. Andalucía y Extremadura, cogobernadas por PP y Vox, han asegurado que cumplirán la legislación vigente, aunque sus presidentes, Juanma Moreno y María Guardiola, han defendido que la prioridad debería ser el retorno de los menores a sus países de origen. Castilla y León, gobernada también por PP y Vox, ha anunciado que recurrirá a los tribunales si el traslado provoca perjuicios para la comunidad. Posiciones frente a las que Castilla-La Mancha, bajo el mandato de Emiliano García Page, ha mostrado su disposición a colaborar, mientras que Navarra, con María Chivite a la cabeza, ha reclamado "humanidad" en el debate.
Cerca de 1.700 migrantes abandonaban este jueves la playa de El Trampolín escoltados por la Policía Nacional y se dirigían a pie hacia los nuevos recursos temporales de acogida habilitados en distintos puntos de Ceuta, en una actuación que respondía al acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Ceuta para hacer frente a una situación que había convertido distintos espacios de la ciudad en asentamientos improvisados. La playa de El Trampolín había llegado a concentrar, durante los repartos de alimentos, a más de 3.500 personas, según estimaciones policiales realizadas a partir de las raciones distribuidas por Cruz Roja. Esa cifra, sin embargo, no equivale al número de personas que permanecían allí de forma estable.
El traslado se organizaba, además, atendiendo al origen de los migrantes. Las personas de origen subsahariano han sido dirigidas hacia Loma Margarita, mientras que las de origen magrebí han sido trasladadas al área de Embolsamiento de Loma Colmenar, próxima a la frontera del Tarajal. Según las fuentes del dispositivo, esta separación pretende prevenir enfrentamientos entre ambos colectivos después de que durante las últimas semanas se produjeran varias peleas que requirieron intervención policial.
Loma Margarita es uno de los nuevos espacios incorporados al dispositivo de emergencia. Se trata de una antigua explanada militar que ha sido acondicionada para acoger a los migrantes procedentes de El Trampolín. El segundo grupo ha sido dirigido hacia el Embolsamiento de Loma Colmenar, donde también se están instalando recursos de alojamiento. Ambos espacios cuentan inicialmente con capacidad para unas 1.800 personas. El dispositivo se completará con las instalaciones de la Hípica, el campo de Montesa número 3 y la explanada de la antigua fábrica de guano. La capacidad global proyectada supera las 5.000 plazas. Esta reubicación, sin embargo, no supone el final del proceso. Las personas que acceden a estos recursos deben ser identificadas y posteriormente derivadas dentro del sistema de atención correspondiente. Además, el carácter temporal de las instalaciones obliga a las administraciones a buscar soluciones para una situación que no puede prolongarse indefinidamente.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha señalado, por su parte, que los recursos se irán ampliando a medida que finalicen los trabajos de adecuación de los distintos emplazamientos. El operativo se desarrolla con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Gobierno de Ceuta y entidades del tercer sector como Engloba y ACCEM. El Ministerio también ha salido al paso de algunas informaciones sobre las instalaciones. En concreto, ha desmentido que las carpas de Loma Colmenar se hayan desplomado como consecuencia del viento. Según el departamento, las estructuras fueron arriadas preventivamente por las condiciones meteorológicas y se encontraban vacías en ese momento.
El debate sobre la acogida de menores no acompañadas
Por otro lado, la situación de las menores no acompañadas plantea un escenario diferente. No se trata simplemente de encontrar plazas de alojamiento para descongestionar Ceuta, sino de garantizar la protección de niñas y adolescentes que se encuentran bajo la tutela de las administraciones públicas.
El Gobierno central ha anunciado el traslado a la Península de unas 500 menores procedentes de Ceuta. La medida ha provocado una respuesta desigual entre las comunidades autónomas, especialmente entre aquellas gobernadas por el Partido Popular en coalición con Vox. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido durante su visita a Ceuta que su comunidad respetará la legislación vigente. El dirigente popular ha recordado que el acuerdo alcanzado con Vox sobre la acogida de menores incluye el "respeto a la ley vigente", una afirmación que choca con la del vicepresidente segundo de la Junta andaluza, Manuel Gavira, de Vox, quien manifestó que su formación se opondría "por tierra, por mar y por aire" a cualquier reparto de menores migrantes.
Moreno, sin embargo, ha coincidido con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en defender que la prioridad debería ser que estos menores fueran devueltos a Marruecos. Una posición similar ha expresado la presidenta de Extremadura, María Guardiola. La dirigente extremeña ha defendido que el Gobierno debería priorizar que los menores pudieran regresar con sus familias, pero ha asegurado que Extremadura "siempre va a cumplir con la legalidad". Guardiola también ha señalado que su Ejecutivo todavía no había recibido comunicación del Gobierno central sobre el traslado de las aproximadamente 500 niñas.
La posición de Castilla y León es más contundente. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico recurrirá ante los tribunales si considera que el traslado de menores desde Ceuta provoca perjuicios para la comunidad. El Gobierno de coalición PP-Vox mantiene, según Carriedo, una "oposición radical" a la política migratoria y de acogida del Ejecutivo central. También el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido que los menores deberían estar con sus familias y ha reclamado el regreso a sus países de quienes, según su versión, hayan llegado mediante una "acción coordinada". Frente a estas posiciones, Castilla-La Mancha ha expresado su disposición a colaborar con la reubicación, aunque reclama que el proceso se haga "dentro de un orden" y con garantías. Navarra, por su parte, ha optado por una reivindicación más política. Su presidenta, María Chivite, ha pedido a quienes cuestionan la situación de los menores que incorporen "humanidad" al debate.
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