La crisis migratoria desencadenada tras la llegada masiva de personas a Ceuta continúa elevando la tensión entre el Gobierno y varias comunidades autónomas. Ejecutivos regionales gobernados por el Partido Popular y Vox han reiterado su rechazo al reparto de menores migrantes no acompañados impulsado por el Ejecutivo central, mientras otras autonomías reclaman garantías legales, financiación o una mayor coordinación institucional.
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por su parte, ha advertido de que el cumplimiento de la ley será obligatorio t que la Fiscalía de Menores deberá actuar de oficio para garantizar el cumplimiento de la normativa. Por su parte, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha señalado que Ceuta atiende actualmente a alrededor de 1.100 menores migrantes y ha confirmado que ya se están realizando traslados de niños y adolescentes no acompañados hacia distintos puntos de la Península.
En paralelo, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha marcado distancias con el discurso del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre los menores migrantes no acompañados que han llegado a España tras la crisis en Ceuta y ha defendido que esta situación debe abordarse aplicando los mecanismos que prevé la ley, como la reagrupación familiar o el retorno de los menores a los servicios sociales de sus países de origen.
Andalucía rechaza el reparto de menores
El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y dirigente de Vox, Manuel Gavira, ha asegurado que el Gobierno andaluz se opondrá al reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta, en línea con la posición defendida por Vox en el resto de comunidades donde forma parte del Ejecutivo. Según ha explicado, esta postura responde al acuerdo de gobierno suscrito con el PP, que contempla el rechazo a nuevos mecanismos de distribución de inmigrantes en situación irregular, tanto adultos como menores.
Gavira ha calificado la llegada masiva de migrantes a Ceuta como una "invasión" y ha defendido que quienes accedieron de forma irregular deben ser devueltos a Marruecos, incluidos los menores junto a sus familias. Días antes ya había sostenido que la presión migratoria registrada en la ciudad autónoma comenzaba a trasladarse al litoral andaluz.
Extremadura anuncia una oposición "por tierra, mar y aire"
En Extremadura, el vicepresidente y consejero de Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), ha reiterado que el Ejecutivo autonómico utilizará todas las vías políticas, administrativas y judiciales para impedir la llegada de nuevos menores migrantes no acompañados.
El dirigente ha defendido que la comunidad únicamente dispone de doce plazas libres para menores, frente a las 257 que atribuye el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y ha asegurado que el sistema autonómico de protección está cerca del colapso. Asimismo, ha recordado que la Junta ya ha presentado varios recursos contencioso-administrativos contra las decisiones del Ejecutivo central y ha anunciado que continuará recurriendo cualquier reparto obligatorio.
Aragón recurrirá a todas las vías legales
También el Gobierno de Aragón ha mostrado su rechazo a la distribución de menores migrantes. La vicepresidenta autonómica, Mar Vaquero (PP), ha afirmado que la comunidad empleará todos los instrumentos jurídicos y políticos a su alcance para defender sus competencias y evitar que, a su juicio, las consecuencias de la gestión del Ejecutivo central recaigan sobre las autonomías.
Vaquero ha asegurado que Aragón cumplirá la legislación vigente, aunque defenderá sus intereses mediante los mecanismos legales disponibles. Además, ha recordado resoluciones judiciales favorables obtenidas anteriormente por la comunidad en relación con traslados de menores desde Ceuta y ha acusado al Gobierno de trasladar a las autonomías los efectos de una crisis que considera consecuencia de una deficiente gestión de las fronteras.
La Comunidad Valenciana denuncia la saturación de sus centros
La consellera valenciana de Servicios Sociales e Infancia, Elena Albalat, ha reclamado al Gobierno información concreta sobre el eventual reparto de menores procedentes de Ceuta y ha advertido de que la red autonómica de acogida presenta una ocupación del 160 %.
La responsable autonómica ha criticado la falta de comunicación por parte del Ejecutivo central y ha reclamado recursos económicos suficientes para atender a los menores, al considerar insuficiente la financiación estatal prevista para los primeros meses de acogida.
Euskadi reclama priorizar la reunificación familiar
Frente al rechazo frontal de otras comunidades, la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha defendido que antes de proceder a cualquier traslado deben agotarse todas las posibilidades para localizar a las familias de los menores y favorecer su reunificación.
Melgosa ha recordado que el sistema vasco de protección ya funciona por encima de su capacidad ordinaria y ha reclamado que cualquier derivación se acuerde con las instituciones vascas, cuente con financiación suficiente y se realice con todas las garantías jurídicas y asistenciales.
Junts mantiene su veto al reparto
Desde Cataluña, la portavoz de Junts Per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reiterado que su formación mantendrá el rechazo a la acogida de nuevos menores migrantes mientras la Generalitat no asuma plenamente las competencias en materia de inmigración.
Nogueras ha sostenido que Cataluña no debe asumir las consecuencias de lo que considera una gestión deficiente del Estado en materia migratoria y ha defendido que la comunidad ya soporta una elevada presión sobre sus servicios públicos. Asimismo, ha condicionado cualquier cambio de posición a la aprobación del traspaso competencial y ha advertido de que Junts utilizará su representación parlamentaria para impedir modificaciones del actual modelo de reparto.
Génova se desmarca de la deriva racista de Vox
La dirección nacional de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha pretendido alejarse de la postura política de la ultraderecha española al respecto de los menores migrantes y ha exigido que se cumpla la ley para resolver la crisis en Ceuta.
"El señor Abascal es libre de expresar sus opiniones y sus ideas políticas como lo estime oportuno. Nosotros no nos expresamos en esos términos y no lo vamos a hacer nunca", ha afirmado la eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, en una entrevista en Onda Cero. Ezcurra ha respondido así al ser preguntada por el mensaje difundido por Abascal en la red social 'X', después de que el Gobierno anunciara una partida de 25 millones de euros para atender a menores migrantes no acompañados en la ciudad autónoma. En ese mensaje, el líder de Vox aseguraba que no debía destinarse "ni un euro de los españoles para menas, para ilegales, para invasores, para mafias del tráfico de personas, para Marruecos".
En este contexto, la responsable del PP ha abogado que la solución pasa por "cumplir la ley", que, según ha explicado, contempla mecanismos para afrontar esta situación. Entre ellos, ha citado la reagrupación de los menores con sus familias o su entrega a los servicios sociales de sus países de origen. "Creemos que hay que seguir los pasos, creemos que hay que cumplir la ley, y la ley prevé mecanismos para resolver esta crisis", ha sostenido.
Además, Ezcurra ha reclamado una "asunción de responsabilidades" por parte del Gobierno, el despliegue de más medios, el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el refuerzo de la frontera y la filiación de todas las personas que se encuentran actualmente en territorio nacional. En esta misma línea, la dirigente del PP ha pedido la comparecencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha elevado este miércoles el tono contra el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, calificándole como "el gobernante más miserable" de la historia de España.
Si el martes acusó al Gobierno de "delito de traición" en la crisis de Ceuta y de estar "sometido al régimen de Marruecos", ahora Abascal insiste en sus críticas situando al Sánchez como "el gobernante más miserable", por tanto peor que otros personajes históricos como el dictador Francisco Franco o Fernando VII, llamado el 'rey felón'. "No hemos tenido un gobernante más miserable en la historia. En toda nuestra Historia", ha remarcado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X'.
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