El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha reclamado hoy la comparecencia inmediata del ministro de Educación, José Ignacio Wert, para explicar lo que ha llamado la "enmienda Granados" que el PP incorporó a la LOMCE para legalizar la cesión de suelo público a colegios concertados. Hernando ha anunciado esta iniciativa a la vista de la información que publica ABC, según la cual el que fuera vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia e Interior Francisco Granados -en la actualidad en la cárcel por la operación Púnica- cobraba "mordidas" de 900.000 euros por colegio privado autorizado.

Enmienda que el PP introdujo a la ley
"Queremos que el ministro nos diga cómo y quién le inspiró la enmienda que se metió en la 'ley Wert' para que los municipios diesen suelo público a los colegios concertados", ha dicho Hernando. Los socialistas consideran que, gracias esa enmienda que el PP introdujo en el Congreso, el Gobierno legalizó lo que era una "práctica habitual" del vicepresidente madrileño y que no iba en el texto del proyecto de ley para "evitar" el dictamen del Consejo de Estado.

CCOO estudia acciones legales
A raíz de las mismas informaciones Comisiones Obreras solicita "una auditoría para esclarecer posibles actuaciones irregulares en la cesión de suelo a colegios privados concertados" en el marco de la trama Púnica, y anuncia que estudia las medidas jurídicas oportunas, tanto para personarse en la causa como para otro tipo de medidas. "Ante las noticias aparecidas en la prensa, nuestros servicios jurídicos han iniciado las gestiones oportunas para personarnos y estamos valorando otras acciones", ha explicado la secretaria de Educación de CCOO de Madrid, Isabel Galvín.

"Planificación sistemática para dejar PAUs sin colegios publicos"
"Llevamos años denunciando que en Madrid hay una planificación sistemática de las autoridades, de dejar zonas de extensión urbanística -los nuevos PAU- sin construcciones de colegios públicos, con la consiguiente cesión de suelo público a entidades privadas, sobre todo de perfil ideológico ultraconservador", ha añadido. Esta política ha supuesto "un estrangulamiento de la oferta de plazas públicas en varios barrios, y aunque la Comunidad de Madrid diga que hay libertad de elección de centros, lo que hay es falta de oferta pública", según Galvín. A su juicio, la cesión de suelo en la trama Púnica "de ser cierta, genera una alarma social y educativa enorme, porque supondría unas actuaciones muy graves".

Auditoría para conocer cesiones de suelo público para negocios privados
Galvín añade que CCOO "lleva tiempo pidiendo que se haga una auditoría de este tipo de concertaciones hechas sin ningún control ni transparencia", así como de otras externalizaciones de servicios educativos a "empresas ajenas al sector", y que van a emprender "las gestiones legales necesarias". En un comunicado, CCOO detalla que va a solicitar una auditoría "de todas las cesiones realizadas en estos años", con el fin de esclarecer "si ha habido actuaciones irregulares así como transferencia de fondos públicos a entidades privadas en contra del interés común y para el lucro personal", concluye.