Este lunes, 6 de abril, da comienzo finalmente el juicio oral por el caso Kitchen, una de las causas de corrupción más sonadas de la historia de la democracia española. Se trata del caso en el que el Ministerio del Interior montó una operación parapolicial para extraer material e información delicada sobre la financiación del Partido Popular a su extesorero Luis Bárcenas. Jorge Fernández Díaz estaba al frente de la citada cartera cuando se puso en marcha este operativo, con la finalidad de evitar que información delicada sobre el caso Gürtel llegase a manos de la justicia. Entre la larga lista de citados a declarar se encuentran, en calidad de testigo, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.
Ambos están citados a prestar declaración como testigos el próximo 23 de abril, mismo día que lo hará el sucesor de Fernández Díaz al frente de Interior, Juan Ignacio Zoido. La ex vicepresidenta del Gobierno bajo el mandato de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, hará lo propio el día 27 de abril, pero estos nombres de la cúpula del PP no serán los primeros en hacerlo:. Jorge Fernández Díaz y otros nueve exaltos cargos del Ministerio del Interior se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir del propio lunes 6 de abril, acusados de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, obstrucción a la Justicia, delitos contra la intimidad, descubrimiento y revelación de secretos, y omisión del deber de perseguir los delitos. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación para Fernández Díaz, el que fuera su número dos, Francisco Martínez; y el exDAO de la Policía, Eugenio Pino, pero la pena más elevada de todas, de 19 años de cárcel, es la que se pide para el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Por su parte, el propio extesorero del PP declarará el día 20 de abril, junto a su mujer.
Testimonios delicados
Bárcenas era el hombre más importante para el Partido Popular. Sabedor de todos los secretos del partido, desde la financiación irregular, los grises de las cuentas y los sobresueldos recibidos por los altos cargos de la formación, la documentación que custodiaba no podía ver la luz bajo ningún concepto ni llegar a manos de la justicia, y para evitar que así ocurriese, Interior, con (en palabras del propio Bárcenas) el beneplácito y conocimiento de la cúpula mayor del partido, montó el operativo clandestino en el que le espiaron en prisión, metieron a un topo en su familia, un falso cura allanó su domicilio y secuestró a su mujer y a su hijo, y un comisario de Policía reventó el zulo en el que ocultaba documentos y grabaciones.
El propósito del operativo era doble: en primer lugar, evitar que las pruebas de la financiación irregular del PP pudieran ir a parar a manos del juez que investigaba el caso Gürtel. El paso de los años le dio al caso un efecto rebote: aunque el propósito inicial del operativo era desengordar en apariencia ante la justicia la trama Gürtel, el intento generó este otro caso, de igual gravedad, que le ha dado una doble exposición tanto al original como al derivado. En segundo lugar, de manera paralela, el comisario Villarejo y otros directivos policiales pretendían atesorar estos documentos para chantajear a altos cargos del PP, según expuso la propia Fiscalía.
"Es imposible que las máximas instancias del partido no conocieran la operación"
Por su parte, el propio Bárcenas ha señalado, en una entrevista con el diario El Mundo en la que ha roto su silencio tras varios años, que la operación no pudo haberse dado sin conocimiento del presidente del Gobierno Mariano Rajoy y del resto de la plana mayor del partido. Bárcenas es claro y sostiene que un dispositivo de esas condiciones surge directamente de las esferas más altas del partido: "Desde mi punto de vista una operación de estas características es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido. ¿Por qué dos altos cargos del Gobierno (Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez) iban a organizar una operación policial sin respaldo judicial en un tema de partido que no les afectaba a ellos personalmente en nada?", se cuestiona el extesorero, que revela también que lo que le quiso sustraer exactamente el Partido Popular era "abundante documentación de carácter económico relacionada con múltiples campañas electorales que no se financiaron por los circuitos oficiales".
A su vez, preguntado por quién cree que fue quien dio la orden de poner en marcha toda la operación, Bárcenas insiste en que lo desconoce, pero que "no la pone en marcha alguien sin sentirse plenamente respaldado por sus superiores jerárquicos en el partido y en el Gobierno". "Que los acusados puedan involucrar a alguien por encima de ellos siempre es posible. Los acuerdos con la Fiscalía para reducir condena son cada vez más habituales", argumenta el 'popular'. El juicio oral arranca este lunes con las primeras declaraciones, y para recoger los testimonios del expresidente y de la exsecretaria general, habrá que esperar hasta el día 23.