Ante la desesperada búsqueda de una moción de censura por parte de una derecha sin los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados, ha aparecido una “Plataforma por la España Constitucional” (PPLEC), surgida a raíz de la asociación de más de un centenar de organizaciones de la derecha civil. El objetivo de esta plataforma se ha dejado claro desde el primer momento de su reciente constitución: presentarse de forma voluntaria como el elemento canalizador para proponer una moción de censura en la Cámara baja contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha informado la propia plataforma, busca crear esta moción de censura “despolitizada” contra el Ejecutivo de Sánchez. El cómo lo hará es sencillo, al menos eso es lo que creen en esta asociación: pedir a las formaciones de la derecha y la ultraderecha encarnadas en el Partido Popular y Vox respectivamente que cedan, de forma voluntaria, a 18 de sus diputados. Con estos diputados, la voluntaria para la moción pretende alcanzar el 10% de los escaños necesarios para presentar este procedimiento. “Dado que el primer partido de la oposición es reacio −por el momento− a utilizar la legítima herramienta democrática de la moción de censura por entender que no dispone de los apoyos suficientes, y dado que el segundo partido de la oposición no dispone del número de escaños necesarios para convocarla”, afirma la PPLEC en un comunicado.

Aunque la agrupación sostiene ser una alternativa “despolitizada” el profundo calado de la ultraderecha se hace evidente cuando se observan algunas de las organizaciones que conforman esta amalgama conservadora. Entre estas decenas de asociaciones destacan algunas como Libertad sin Ira, S´ha Acabat, Unión 78 o el Sindicato Unificado de Policía.

Libertad sin Ira

Esta agrupación fundada por la Nuevas Generaciones del PP ha protagonizado diversos episodios de promoción de discursos de odio en la universidad. Uno de los últimos y que más repercusión ha tenido a nivel nacional ha sido la organización de actos con el ultraderechista y exdiputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, cancelados por las autoridades universitarias y rechazados por el movimiento estudiantil y toda la comunidad universitaria. Por si fuera poco, esta es la organización que se encargó de denunciar a siete estudiantes, en su mayoría de Contracorriente y el Sindicato de Estudiantes, que han sido acusado de coacción, desórdenes públicos y delito de odio.

La agrupación no esconde su completa simpatía por el régimen colonial de Israel que perpetua el genocidio en la Franja de Gaza. Es por ello que Libertad sin Ira ha colaborado en varias ocasiones con ACOM, una organización proisraelí que ha tratado de revertir mediante denuncias la ruptura de relaciones de algunas universidades, como la de Granada, con instituciones sionistas.

S´ha Acabat

Esta organización ultraderechista aboga por acabar con los movimientos independentistas catalanes. Ante esta “moción de censura despolitizada” se debe destacar que la líder de esta formación universitaria, Júlia Calvet, se sumó a las filas de Vox en el Parlamento catalán apareciendo como una de sus diputadas en el organigrama presentado por la formación de Ignacio Garriga el pasado mes de febrero. Según Calvet, se debe “mostrar la catalanidad como una muestra del patriotismo español”.

Unión 78

Entre los grupúsculos que conforman la PPLEC se encuentra Unión 78, quien en 2021 convocó una masiva movilización en la Plaza de Colón contra los indultos que el jefe del Ejecutivo iba a conceder contra los presos del procés. Esta organización surgió durante 2020, integrada por políticos que habían pasado por distintas formaciones políticas. Sin embargo, en el registro de asociaciones no aparece como tal. El único dato vinculado a esta organización es la compra de un dominio web en enero de 2020 a nombre de la exdirigente de UPyD, Rosa Díez.

En su portal, la organización se presenta como “una plataforma de activismo político no institucional, sin pretensiones electorales ni a corto ni a largo plazo”. Según detallan, su actividad estará centrada en la participación en “demostraciones públicas y puntuales sobre aquellas políticas gubernamentales que lo exijan”. “Y sólo existirá durante la acción pública, no como organización burocrática con cargos, jerarquías”, exponen. 

Sindicato Unificado de Policía (SUP)

Este sindicato fuertemente vinculado a los sectores más derechistas dentro de la Policía Nacional materializó su última polémica a lo largo del año pasado, cuando se estableció un acuerdo con la empresa Desokupa. Según comentaron ambas partes, este acuerdo implicaba la posibilidad de que Desokupa contribuyese a la formación de 30.000 agentes en “defensa personal”.

El SUP fue el sindicato líder en la Policía española hasta la irrupción de Jupol, heredero de la asociación Jusapol. La asociación exige desde su creación la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con los mossos d’Esquadra y adquirió una adhesión muy destacada en el seno de las fuerzas de seguridad al calor del proceso soberanista en Catalunya.

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