La utilización que poderosos y adinerados hacen de los tribunales para amordazar y doblegar a todo aquel que levante la voz contra sus prácticas es de sobra conocida por toda la sociedad. Sin embargo, el sobrenombre que recibe esta práctica estratégica se escapa de la sabiduría popular. Las SLAPP, acrónimo que responde al concepto en inglés Strategic Lawsuit Against Public Participation (Demanda estratégica contra la participación pública), están más presente que nunca y busca silenciar cada vez más voces, entre ellas a este periódico.
El uso torticero de la Justicia para castigar a los díscolos, manteniéndolos a procesos eternos y a un gasto constante en defensa insostenible, golpea a múltiples sectores. Según la Comisión Europea, las SLAPP son “demandas infundadas o exageradas y otras formas legales de intimidación iniciadas por órganos estatales, corporaciones comerciales y personas en el poder contra partes más débiles que expresan críticas o transmiten mensajes incómodos a los poderosos, sobre un asunto público”. En la diana suelen situarse periodistas, organizaciones de la sociedad civil o defensores de los derechos humanos, entre otros muchos.
La intención de este mecanismos está muy lejos del ejercicio del derecho a la defensa judicial y ni siquiera busca una victoria en los tribunales. El verdadero objetivo es el castigo y el desgaste de los críticos, buscando imponer una claudicación y, a la par, un aviso a navegantes. En lo que se refiere al ámbito periodístico, cada vez más condicionado por la publicidad empresarial y las presiones de las patas accionariales, afecta especialmente a profesionales independientes o a medios alejados de las salas en las que se reparten el dinero y los papeles de la función.
No se trata de un tipo de demanda concreto, sino de una estrategia que puede utilizar procedimientos judiciales para intimidar, desgastar o silenciar a quienes participan en el debate público. Los medios independientes que investigan a grandes empresas, poderes económicos, instituciones o responsables políticos se encuentran en una posición especialmente vulnerable ante estas prácticas, algo que perjudica directamente a la democracia, pues son sus profesionales de la información quienes deben investigar posibles abusos y sacar a la luz informaciones que afectan al interés público.
Los tribunales, más allá de la victoria
El funcionamiento de una SLAPP es relativamente sencillo. Una empresa, un empresario, un cargo público, una asociación instrumental, pseudosindicatos o una persona con importantes recursos económicos inicia acciones legales contra un periodista o un medio de comunicación después de una publicación incómoda. La demanda puede estar relacionada con el honor, la intimidad, la reputación o la difusión de informaciones supuestamente perjudiciales. ElPlural recibe varias de estas mensualmente y, aunque no prosperen, eso es lo de menos.
El problema no reside en que alguien recurra a los tribunales para defender sus derechos, algo legítimo en cualquier Estado de derecho. La cuestión aparece cuando el procedimiento se utiliza de manera abusiva, con pretensiones desproporcionadas o argumentos manifiestamente infundados, y su principal consecuencia es intimidar al demandado. El objetivo puede no ser conseguir una sentencia favorable, sino provocar un desgaste que termine haciendo inviable la continuidad de una investigación.
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Un medio humilde que recibe una reclamación millonaria debe afrontar abogados, gastos judiciales, tiempo de trabajo y una enorme incertidumbre económica. Incluso si finalmente gana el procedimiento, el daño puede estar hecho: recursos que deberían destinarse a investigación, a mejora de las plantillas, a aumento de los recursos, acaban dedicados a defenderse en los tribunales. En este contexto, una demanda costosa puede comprometer su supervivencia.
Denunciar la explotación laboral, los desahucios, los tejemanejes empresarial, las prácticas judiciales opacas y cuestionables y la corrupción política tiene el precio de enfrentarse a actores con una capacidad económica muy superior. Esto va mucho más allá de un periodista o medio concreto, sobrevuela a múltiples redacciones con distintas líneas editoriales. Los ejecutores de estas prácticas son de sobra conocidos y cuentan con la colaboración, por acción u omisión, de los actores judiciales, algunos de ellos implicados.
El periodismo tiene la obligación de contrastar fuentes, verificar documentos, respetar la presunción de inocencia y rectificar cuando comete errores. Pero no de ceder a las múltiples presiones. Este medio se equivoca y lo seguirá haciendo, pues nadie es inmune a tropezar, pero rectifica y pide disculpas cuando corresponde. Sin embargo, no es de recibo que en España se haya instaurado la persecución judicial ante informaciones que incomodan. La verdad debe imponerse, caiga quien caiga y le pese a quien le pese.
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