El acuerdo firmado entre el PSOE y Junts per Catalunya este jueves para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha generado una “profunda preocupación” entre los colectivos de jueces y fiscales, que han lanzado un comunicado en el que señalan que ven “un riesgo evidente de quebrar la democracia”. Ante estas acusaciones, el PSOE ha respondido, señalando punto por punto las cuestiones que han criticado las organizaciones de jueces y fiscales.

“El acuerdo no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de ‘lawfare’”, señalan fuentes del PSOE, añadiendo que “cuando se refiere a ‘las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura’, está aludiendo a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la mesa del Congreso”.

Es a este respecto al que señalan que no hay “ninguna otra” y que estas son las comisiones en cuestión: por un lado, la reactivación de la Comisión de investigación constituida el 28 de marzo de 2023 sobre la ‘Operación Cataluña’ (que se refiere al uso ilegal de medios públicos para perjudicar a rivales políticos con denuncias que se demostraron falsas) y, por el otro, una nueva comisión sobre Pegasus.

Es por ello por lo que desde el PSOE señalan que lo que se acuerda ahora es que las conclusiones de estas dos comisiones, “como sucede en cualquier comisión de investigación”, contendrán recomendaciones “tanto de medidas concretas como de medidas legislativas”. “Se trata así de reforzar las garantías de nuestro Estado de Derecho”, apuntan.

Del mismo modo, señalan que “el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial”: “El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado”.

“El PSOE respeta plenamente la independencia judicial, la labor de los jueces y magistrado y la separación de poderes”, rematan desde el Partido Socialista.

El comunicado de los jueces

En el comunicado que los jueces han emitido en la tarde de este jueves, tras el acuerdo entre PSOE y Junts, señalan que éste prevé una amnistía amplia que abarca los supuestos casos de ‘lawfare’ y plantea tomar “acciones de responsabilidad” contra los responsables de los mismos, lo que a su criterio supone una “intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”.

Las asociaciones judiciales han criticado especialmente “las referencias al ‘lawfare’ o ‘judicialización de la política’ y sus consecuencias”: “Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. Frente a ello, han recordado que “los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución”.

Por su parte, Sergio Oliva, miembro del comité nacional de la AJFV, ha mostrado su “más profunda preocupación con parte del contenido del acuerdo”. “En ese acuerdo, se establece la creación de comisiones de investigación por parte del Congreso de los Diputados que van a determinar si los jueces y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han incurrido en manipulación frente a los partidos independentistas”, ha señalado.

Oliva ha afirmado que “lo único que han hecho los jueces en España en los últimos años ha sido cumplir estrictamente la ley”. “Ese es el pecado”, ha lamentado. Así, ha reclamado que se respeten la separación de poderes y la independencia judicial, advirtiendo de que estamos “en un momento crítico” ante la situación de quebrarse la “democracia”.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, que ha calificado el acuerdo entre PSOE y Junts de “muy grave” y ha alertado de que implica implícitamente “un cambio de modelo constitucional” al buscar el reconocimiento de las aspiraciones independentistas mediante una negociación que acepta incluso la figura de un mediador.

Para Viada, el texto “es un golpe de gracia al sistema constitucional español” y la ley de amnistía que se aprobará, “una consecuencia lógica del concepto de cambio de régimen político que quieren PSOE y Junts”.