El PSOE ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid la reapertura de la investigación por un presunto delito de revelación de secretos contra el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
La formación socialista, personada como acusación popular, impugna el archivo acordado por la jueza Raquel Robles al considerar que la instrucción quedó cerrada de forma prematura, sin agotar diligencias que, a su juicio, resultaban esenciales para esclarecer el origen de la información difundida sobre dos periodistas de El País.
La magistrada dio por concluida la causa sin tomar declaración a los agentes de Policía Nacional que inicialmente habían sido citados por su posible relación con la identificación de los informadores. Los policías llegaron a ser convocados como testigos, aunque posteriormente se suspendió su comparecencia al plantearse la posibilidad de que tuvieran que declarar como investigados. Antes de resolver esa cuestión, el juzgado acordó el sobreseimiento del procedimiento.
La decisión es ahora cuestionada por el PSOE, que fundamenta su recurso en la reciente doctrina fijada por el Tribunal Supremo en la causa seguida contra el fiscal general del Estado. Los socialistas sostienen que la sentencia otorgó relevancia procesal al borrado de comunicaciones electrónicas y recuerdan que tanto Miguel Ángel Rodríguez como Alberto González Amador admitieron ante el juzgado haber eliminado la conversación mantenida por WhatsApp en la que este último remitió al jefe de gabinete la fotografía de los dos periodistas, imagen que posteriormente fue difundida junto con sus identidades.
En su escrito, la acusación subraya la contradicción entre la posición mantenida ahora por ambos y los argumentos que, en su día, defendieron en la investigación contra el fiscal general. El PSOE recuerda que entonces se sostuvo que la eliminación de mensajes podía constituir un indicio relevante cuando una persona estaba siendo investigada, mientras que en este procedimiento ambos reconocen haber borrado las comunicaciones objeto de análisis.
Versiones contrapuestas sobre el origen de la fotografía
Uno de los principales puntos de controversia continúa siendo la procedencia de la imagen difundida por Miguel Ángel Rodríguez. Durante la investigación, el director del gabinete de Ayuso ofreció explicaciones diferentes sobre su origen. En un primer momento aseguró públicamente que la fotografía había sido enviada directamente por un vecino. Posteriormente, ante la jueza, rectificó y afirmó que el vecino la había remitido previamente a Alberto González Amador, quien posteriormente se la trasladó a él.
El empresario ratificó esa versión durante su declaración judicial, defendiendo que la instantánea no procedía de ninguna actuación policial. Esa explicación resulta determinante para el procedimiento, ya que, si la imagen hubiese sido facilitada por agentes tras identificar a los periodistas durante un dispositivo policial, podrían concurrir indicios de un presunto delito de revelación de secretos. En cambio, si la fotografía fue obtenida por un particular ajeno a la actuación policial, esa tipificación penal perdería consistencia.
La acusación cuestiona las pruebas aportadas
El recurso también pone en duda la documentación presentada posteriormente por González Amador para respaldar su relato. Según sostiene el PSOE, el empresario entregó capturas de pantalla cuya autenticidad y contexto no han podido ser verificados durante la instrucción.
La acusación considera que esos documentos presentan importantes lagunas, ya que no permiten identificar con claridad a los interlocutores, ni acreditar la fecha exacta de las conversaciones o la integridad de los mensajes aportados. A su juicio, ninguno de esos elementos ha sido sometido a comprobaciones periciales que permitan otorgarles valor probatorio.
La identificación policial, en el centro del recurso
Los socialistas recuerdan igualmente que los dos periodistas afectados, junto con otro compañero presente en el lugar, mantuvieron de forma constante que los datos personales difundidos procedían de la identificación realizada por agentes de la Policía Nacional cuando desarrollaban su trabajo informativo en las inmediaciones del domicilio de la presidenta madrileña y su pareja.
A esa versión añaden la existencia de documentación policial incorporada a la causa que acredita que dicha identificación llegó a producirse, circunstancia que, según el recurso, justificaría profundizar en la investigación antes de dar el procedimiento por concluido.
Críticas al cierre anticipado de la instrucción
En su recurso, el PSOE sostiene que la magistrada acordó el archivo sin haber practicado diligencias fundamentales para determinar los hechos. La formación considera que el juzgado optó por cerrar la investigación antes de esclarecer cuestiones esenciales, como la declaración de los agentes implicados o del supuesto vecino al que se atribuye la autoría de la fotografía.
La acusación popular reprocha además que la instrucción se orientara hacia actuaciones favorables a la exoneración del investigado, mientras se descartaban otras pruebas encaminadas a verificar si existió una filtración de información protegida procedente de actuaciones policiales.
La decisión final sobre la reapertura del procedimiento corresponderá ahora a la Audiencia Provincial de Madrid, que ya intervino anteriormente en esta causa al ordenar la admisión de la querella después de que el juzgado hubiera rechazado inicialmente iniciar la investigación.
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