España

El PSOE plantea reforzar el control del dinero público en pleno escándalo de 'OkDiario'

Los socialistas proponen más controles sobre contratos y financiación política mientras piden investigar los pagos de 'OkDiario' a la defensa de Koldo

Eduardo Inda y Koldo García. Elaboración propia
Eduardo Inda y Koldo García. Elaboración propia

El PSOE ha incorporado a su programa electoral para el próximo 29 de noviembre una batería de medidas destinadas a reforzar el control del dinero público, la transparencia institucional y la supervisión de la financiación política. Los compromisos, recogidos en el documento presentado este domingo por Pedro Sánchez, coinciden con la polémica por los contactos entre el abogado del Partido Popular, Alberto Durán, y Koldo García, así como por los 242.000 euros abonados por la empresa editora de OkDiario – Dos Mil Palabras SL – al despacho que se encargaba de la defensa del exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La propuesta socialista también coincide con las iniciativas emprendidas por Ferraz en las últimas 72 horas ante la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria para esclarecer la naturaleza y el destino de dichos abonos. El PSOE quiere determinar si los desembolsos guardan alguna relación con los presuntos ofrecimientos económicos que García Izaguirre atribuye al abogado del PP para obtener declaraciones contra el presidente del Gobierno y su entorno. Por su parte, el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha negado que su partido autorizase el traslado de oferta económica alguna.

El documento, compuesto por 114 páginas, recoge el compromiso de reforzar la vigilancia sobre la contratación pública, las subvenciones y la financiación de los partidos políticos mediante herramientas de análisis de datos y trazabilidad del gasto. Los socialistas también plantean ampliar el acceso a la información sobre agendas públicas, gastos institucionales y evaluaciones independientes de las políticas desarrolladas por las diversas administraciones del Estado.

Medidas que figuran en el compromiso 448 del texto y que glosan una estrategia más amplia de prevención de la corrupción. Entre las propuestas se encuentran la aprobación de una Ley Orgánica de Integridad Pública y la creación de una Agencia Independiente de Integridad, encargada de coordinar los organismos de supervisión, así como robustecer los mecanismos de protección de quienes denuncien eventuales irregularidades. Además, acuñan una ley de grupos de interés que establezca un registro obligatorio de su actividad y haga públicas las reuniones mantenidas con responsables institucionales. Al mismo tiempo, busca arrojar luz sobre su posible influencia en la elaboración de normas.

Los pagos de OkDiario y los contratos con administraciones del PP

La apuesta por una mayor trazabilidad del gasto público cobra un papel protagónico después de que Ferraz haya solicitado investigar los contactos entre Koldo García y el Partido Popular. Este pasado viernes, el PSOE presentó una denuncia de 43 páginas ante la Fiscalía General del Estado para esclarecer las actuaciones del letrado conservador, el director de OkDiario, Eduardo Inda, la empresa editora del periódico y los responsables populares que presuntamente hubieran intervenido en los hechos denunciados.

Una iniciativa que tiene como raíz la publicación de varios testimonios – entre ellos el del propio García Izaguirre – que sitúan a Alberto Durán tras un presunto ofrecimiento de un millón de euros, el pago de su defensa y posibles ventajas judiciales a cambio de facilitar declaraciones perjudiciales para Sánchez y su entorno, incluso si éstas carecían de veracidad. Contactos que, pese a las contradicciones iniciales, Génova ha reconocido que existieron. Eso sí, el PP ha rechazado que su partido autorizara ofrecimientos económicos y ha encuadrado las reuniones en conversaciones habituales.

Entre las pruebas documentales que ensanchan la controversia figuran dos facturas aportadas por Leticia de la Hoz, quien encabezó la defensa de Koldo, aportadas a la Audiencia Nacional. La primera, fechada del 27 de noviembre de 2025 que asciende a 181.500 euros. La segunda, por su parte, data del 23 de enero de 2026 y tiene un importe de 60.500 euros. En conjunto, suman 242.000 euros, IVA incluido, abonados por Dos Mil Palabras SL. No obstante, desde OkDiario esgrimen que tales cantidades corresponden a un acuerdo comercial para adquirir los derechos editoriales y audiovisuales del exasesor de Ábalos.

En Ferraz cuestionan tal justificación y reclaman que se acredite la naturaleza real de las operaciones. La existencia de pagos está documentada, aunque no prueba por sí sola que el Partido Popular los ordenara o autorizara. En cualquier caso, la denuncia de los socialistas también gira hacia los ingresos que la editora habría recibido de las administraciones de signo conservador. Según cifras incluidas en el escrito, entre 2017 y 2026, se habrían destinado a la empresa al menos 1,6 millones de euros en contratos, IVA incluido, y otros 3,5 millones en publicidad institucional, sin IVA.

De ahí que Ferraz solicite que se investigue la existencia de vinculación alguna entre los ingresos públicos y los pagos relacionados con la defensa de García Izaguirre. Entre las diligencias planteadas figuran la revisión de adjudicaciones de publicidad institucional, el examen de documentación económica y el análisis de posibles comunicaciones entre los implicados. Sin embargo, la Fiscalía no es el único frente que ha abierto el PSOE. Ferraz también ha acudido a la Agencia Tributaria para que compruebe el tratamiento fiscal de los 242.000 euros, tanto en concepto de IVA y del impuesto de sociedades como en las posibles retenciones adyacentes a tal operación. El objetivo es determinar si las facturas y los conceptos declarados se corresponden con los servicios efectivamente prestados.

Una Fiscalía con mayor autonomía para investigar

Al margen de los mecanismos de control económico, el programa electoral del PSOE contempla una reforma del sistema judicial que reforzaría la autonomía del Ministerio Fiscal. En su compromiso 436, los socialistas proponen atribuir a la Fiscalía la dirección de las investigaciones penales, bajo supervisión judicial, mediante una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a la de 1882.

La propuesta también incluye establecer un mandato de cinco años para el fiscal general del Estado, desvinculado de la duración de las legislaturas, y prohibir expresamente las instrucciones del Gobierno sobre casos concretos. Con ello, el partido plantea reforzar las garantías de autonomía del Ministerio Público y modificar el reparto de funciones entre jueces y fiscales durante la investigación de los delitos.

Aunque no está vinculada expresamente a la denuncia presentada por Ferraz contra el PP y 'OkDiario', la reforma coincide con un momento en el que los socialistas reclaman que se esclarezcan las operaciones económicas relacionadas con Koldo García. En el procedimiento actual, corresponde a la Fiscalía valorar el escrito presentado y determinar si procede abrir diligencias.

El programa del PSOE reúne así medidas de supervisión de los recursos públicos, prevención de la corrupción y reforma de las instituciones encargadas de investigar posibles delitos. Su aplicación dependería de los correspondientes desarrollos legislativos y de los acuerdos parlamentarios necesarios, mientras las denuncias presentadas por Ferraz ante la Fiscalía y Hacienda mantienen abiertas las preguntas sobre el origen y la finalidad de los pagos a la defensa de Koldo.

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