El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado va a solicitar hoy en la reunión de la Mesa del Senado que la Cámara Alta se persone en la causa que investiga el presunto acceso indebido en los datos informáticos de los parlamentarios y de los asesores.
Los socialistas piden esta personación después de que se conociera que un juzgado de instrucción ha abierto una causa para investigar el presunto acceso indebido de dos informáticos del Senado en los datos y contenidos privados de miembros de la Cámara Alta. Esta investigación se ha abierto el pasado 15 de abril después de la presentación de una denuncia por la Fiscalía.
El pasado mes de mayo de 2025, la Mesa del Senado decidió el despido de dos informáticos tras constatar que habían realizado entradas no autorizadas en los equipos de los miembros de la Cámara, y trasladó el asunto a la Fiscalía a instancia del PSOE. Sin embargo, inmediatamente después, la Presidencia del Senado trató de rebajar el alcance de este escándalo e incluso se negó a abrir una investigación externa, como le había pedido el Grupo Socialista para evaluar la dimensión real de esta infiltración.
Por ello, desde el Grupo Socialista se exige al PP en la Mesa del Senado “que esta vez actúe con transparencia, agilidad y lealtad, y no ponga trabas a la investigación de este posible caso de espionaje informático”.
A las críticas del PSOE también se sumó el Grupo Parlamentario Plural, integrado por formaciones como Junts per Catalunya, Coalición Canaria, BNG y Agrupación Herreña Independiente. En una carta dirigida al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, exigieron ser informados de forma "individualizada" sobre el expediente disciplinario y han reclamado el acceso completo al mismo.
"Sería de una extrema gravedad que nos encontrásemos ante una actuación ilegal con trasfondo político. No queremos pensarlo, pero tampoco podemos descartarlo a la ligera", ha alertado el escrito, que también ha recordado casos pasados como el de la Operación Cataluña y la vigilancia de líderes independentistas.
Además, reclamaron detalles sobre las fechas exactas de los accesos, el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, y las medidas de seguridad implementadas para evitar que vuelva a ocurrir. También han pedido saber si ha habido algún otro parlamentario o grupo afectado, y si se han vulnerado derechos fundamentales.
Frente a estas sospechas, el Senado sostiene que el listado de senadores presuntamente afectados fue aportado por uno de los despedidos como argumento de defensa, con la intención de demostrar que el acceso a ciertas aplicaciones es habitual entre el personal técnico. Aun así, la Cámara Alta ha optado por trasladar el caso al Ministerio Fiscal, en un gesto de “prudencia”, para que se determine si los hechos pueden constituir una infracción penal.
Rollán explicó que los extrabajadores lo hicieron exclusivamente por "interés personal" para poder optar a un proceso de promoción. Por ende, la declaración niega a priori que se hayan producido descargas de archivos ni que se haya visto afectada la intimidad de los senadores.