El Grupo Parlamentario Socialista ha emitido una denuncia a la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados en relación al episodio en el que el agitador ultra Vito Zopellari Quiles utilizó el despacho de la diputada Alma Alfonso para grabar un vídeo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su mujer, Begoña Gómez, y la prensa.
En concreto, el pasado jueves 30 de abril, Vito Quiles, acreditado como redactor literario en el Congreso, grabó un vídeo en un despacho de una diputada de la Cámara, en el que atacaba a periodistas y amenazaba a la esposa del presidente del Gobierno con acciones judiciales, a pesar de que los redactores literarios no tienen autorización ni acreditación para realizar grabaciones de vídeo.
Posteriormente, publicó la grabación en su cuenta de X. Con todo ello, el agitador ha podido cometer varias infracciones, incluso graves, de ahí que el PSOE exija conocer si el Grupo Parlamentario Popular y la diputada Alma Alfonso dieron su consentimiento y autorización para que el agitador accediera al despacho, en presencia de la diputada, como marca el Reglamento y el Acuerdo que lo desarrolla, o éste estaba en el mismo sin su autorización o su presencia.
Posibles infracciones
El artículo 98.6 del Reglamento del Congreso señala como infracciones graves varias conductas, como es “la grabación de imágenes o audios o fuera de los espacios habilitados para ello o sin la preceptiva autorización o credencial” o “la publicación en medios y redes sociales de imágenes o audios obtenidos vulnerando lo dispuesto en este Reglamento”.
Por su parte, el precepto 3.2 del apartado I del Acuerdo de Mesa del Congreso de los Diputados, en desarrollo de lo previsto en el artículo 98 del Reglamento del Congreso establece que “solo los representantes de los medios de comunicación acreditados como reporteros gráficos u operadores de televisión podrán realizar grabaciones dentro de la Cámara. Los redactores literarios no podrán tomar imágenes en ningún caso, aunque sí registrar audio con dispositivos de grabación. Los reporteros gráficos no podrán grabar videos”.
Por otro lado, el artículo 98.6 también contempla como infracción grave, en su apartado III “el acceso a las sesiones y a espacios que no sean de uso común del recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso, tales como despachos o zonas de reunión, sin la preceptiva autorización o credencial”.
Y el precepto 2.3 del apartado I del Acuerdo de Mesa del Congreso de los Diputados, en desarrollo de lo previsto en el artículo 98 del Reglamento establece que “las dependencias y despachos de los grupos parlamentarios y de los miembros de la Cámara, así como las destinadas a la administración parlamentaria, son áreas privativas a las que los representantes de los medios sólo podrán acceder con conocimiento expreso de sus titulares y siempre en presencia de ellos. En estas zonas, los periodistas deberán estar en todo momento acompañados por personas del grupo parlamentario o, en su caso, por personal de la Cámara”.
¿Había autorización del PP?
Del vídeo grabado y publicado por Vito Quiles, se deduce, por la litografía catalogada que en él aparece, que el despacho desde el que se produce la grabación es el asignado a la diputada del PP Alma Alfonso. No obstante, lo que no ha quedado acreditado es si el Grupo Popular y esta diputada dieron su consentimiento y autorización para que el redactor literario accediera a dicho despacho, en presencia de la diputada, como marca el Reglamento y el Acuerdo que lo desarrolla, o este estaba en el mismo sin su autorización o su presencia.
En caso de que se diera esta segunda circunstancia, a las infracciones graves ya comentadas en las líneas anteriores habría que sumar la infracción recogida en el punto III del mismo precepto. Para aclarar este extremo, desde el Grupo Parlamentario Socialista han solicitado que, en el curso de la instrucción, se inquiera a la diputada Alma Alfonso y al GPP a expresar si dieron su autorización y estaban presentes cuando Vito Quiles utilizó sus dependencias para verter amenazas contra periodistas y la esposa del presidente del Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha emitido esta denuncia a la Dirección de Comunicación del Congreso para que ésta, en virtud de lo señalado en el precepto II.2 del Acuerdo de Mesa del Congreso de los Diputados, en desarrollo de lo previsto en el artículo 98 del Reglamento del Congreso, la remita a la Secretaría General y así la Mesa y el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria puedan analizar los hechos descritos y, en su caso, evaluar si son constitutivos de infracción grave del Reglamento de la Cámara.