En el marco del ‘caso Leire’ investigado en la Audiencia Nacional, el PSOE ha elevado este martes a 45.000 euros el importe que pagó a la principal investigada, la exmilitante Leire Díez, por labores de comunicación en Cantabria, un aumento de 30.000 euros. Teniendo en cuenta que la primera cantidad conocida fueron de 15.000 euros, según ha avanzado El País, ahora la formación socialista lo ha dejado constatado de esta manera ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.
Los primeros 15.000 euros que apuntó Ferraz en un primer momento se aportaron en sede judicial el pasado mes de diciembre, una cantidad que, a explicaciones del PSOE, se le abonó a la exmilitante entre 2015 y 2017. Cabe matizar que estos datos fueron presentados ante el juzgado el 15 de mayo, es decir, antes de producirse la entrada de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Ferraz y de haberse confirmado la imputación de altos excargos del partido, como el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán; también anterior a que el juez Santiago Pedraz, instructor del caso, levantase parcialmente el secreto de sumario.
En conjunto, Díez percibió un total de 44.859 euros, según ha confirmado la formación socialista en el escrito enviado al juez Arturo Zamarriego en base a la documentación contable del PSOE de Cantabria, tanto en servicios de asesoría comunicativa como “en calidad de trabajadora autónoma dependiente” hace una década atrás. Es necesario matizar que Díez fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Vega de Pas entre 2011 y 2015.
En este sentido, los socialistas han explicado que la exmilitante trabajó para ellos desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 28 de febrero de 2017, así como entre el 1 de marzo de 2017 y el 7 de septiembre de hace nueve años, en concreto. Según se detalla en este nuevo escrito del PSOE, por los servicios prestados recibió, en primer lugar, 32.903 euros brutos y, posteriormente, otros 11.956 euros, incluyéndose en estas cuantías “la indemnización por la rescisión unilateral del contrato”.
El juez Zamarriego investiga a la exmilitante por haber liderado presuntamente una “actuación delictiva, continuada y coordinada” junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, otros cargos investigados, cuyo objetivo conjunto era “recabar información comprometida o irregular” para “anular” investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios” afines al partido. Unos hechos que también se sitúan bajo la lupa judicial del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, quien ahonda en si se creó una red bajo este supuesto liderazgo de Santos Cerdán para tratar de “desestabilizar” causas judiciales que afectasen a Ferraz y al Ejecutivo central de Pedro Sánchez.
El juez Pedraz levanta parcialmente el sumario
A ello, cabe sumar que este lunes el instructor del caso levantó, aunque de forma parcial, el secreto de sumario de la causa, justificando esta decisión en que ya se han practicado “gran parte de las diligencias” que motivaron el secreto, aunque acordó mantener otra parte aún encriptada al menos un mes más en aras de “no perjudicar” las pesquisas aún pendientes, que se asumieron el pasado mes de diciembre.
De esta manera, el juez Pedraz inició los trámites para poner las actuaciones a disposición de las partes personadas en el caso y “a fin de permitir la debida instrucción en ejercicio de su derecho de defensa”, precisó en su auto.
Sobre la trama de desestabilización supuestamente liderada por Cerdán, el magistrado le atribuyó un “papel superior” al que fuera secretario de Organización de los socialistas nacionales, quien habría “trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones”. A ojos del juez, ambos cargos acusados habrían tenido “una relación previa” por haber formado presuntamente parte de las irregularidades en contratos de la SEPI.
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