Las listas de espera, las derivaciones al sector privado y la presión sobre la atención primaria han devuelto al primer plano el debate sobre la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid —una polémica que ha estallado con el reciente escándalo en el Hospital de Torrejón-. Allí, la empresa gestora privada fue acusada de ordenar alargar las listas de espera y rechazar pacientes para maximizar beneficios, lo que ha reavivado el cuestionamiento sobre quién controla realmente el derecho a la salud. Europa entera observa ahora con lupa: ¿qué países han permitido un giro semejante y cuáles han sabido frenarlo?
La discusión se ha intensificado a medida que la Comunidad de Madrid consolidaba un modelo basado en la gestión privada de varios hospitales, la externalización de servicios y un incremento del gasto en conciertos sanitarios. Estas políticas, impulsadas bajo el argumento de la eficiencia y la reducción de costes, han abierto un debate que trasciende lo regional para situar a España en el espejo europeo. ¿Está Madrid siguiendo una tendencia continental o constituye una excepción dentro de la UE?
El mapa sanitario europeo: tres grandes bloques
Europa no es homogénea en materia sanitaria. Aunque prácticamente todos los países garantizan cobertura universal, lo hacen a través de modelos que combinan con distinta intensidad financiación pública, provisión privada y regulación estatal. En ese mosaico pueden distinguirse tres grandes grupos: los sistemas predominantemente públicos, los modelos mixtos y los países que han avanzado hacia una mayor mercantilización.
En el primer grupo se encuentran naciones como Reino Unido, Suecia o Italia, donde la sanidad pública ha mostrado una gran resiliencia incluso frente a presiones privatizadoras. En el caso británico, pese a recortes y externalizaciones puntuales desde principios de los años 2000, el NHS continúa siendo, en esencia, un sistema basado en la provisión pública financiada con impuestos. Suecia, aunque permite la existencia de proveedores privados en atención primaria y especializada, mantiene un fuerte control estatal que impide la expansión del ánimo de lucro en áreas sensibles. Italia, por su parte, conserva un sistema de salud universal en el que la presencia privada no compromete el liderazgo del sector público.
En el segundo bloque se sitúan Francia, Alemania y los Países Bajos, ejemplos paradigmáticos de modelos mixtos. Francia combina una red pública extensa con hospitales privados sin ánimo de lucro y aseguradoras complementarias, mientras Alemania articula su sistema en torno a seguros obligatorios gestionados por entidades públicas y privadas bajo estricta supervisión. En los Países Bajos, las aseguradoras privadas operan dentro de un marco altamente regulado que garantiza la cobertura universal, aunque con elementos de mercado más marcados que en el sur de Europa.
El tercer grupo lo conforman países donde, por razones históricas o ideológicas, se ha dado un impulso mayor a la gestión privada, como algunas regiones de España —especialmente Madrid y, en menor medida, la Comunidad Valenciana durante los años del modelo Alzira— o ciertos territorios de Portugal. No obstante, a nivel continental, estos casos representan más la excepción que la norma.
El “modelo Madrid”: externalización, conciertos y gestión privada
La Comunidad de Madrid se ha convertido en uno de los laboratorios más analizados por expertos en políticas sanitarias. Su apuesta por la colaboración público-privada adoptó formas diversas: desde hospitales de gestión privada financiados con fondos públicos hasta un creciente uso de conciertos para derivar pacientes a clínicas privadas ante el colapso de la sanidad pública.
Defensores del modelo sostienen que permite “descongestionar” el sistema, aprovechar la capacidad instalada del sector privado y evitar inversiones públicas elevadas en nuevas infraestructuras. Sin embargo, esta visión convive con una crítica persistente: la externalización, lejos de aliviar el sistema público, puede terminar debilitándolo al desviar recursos y personal hacia operadores privados, generando un círculo vicioso de deterioro y mayor dependencia del sector concertado.
Los datos comparativos muestran que este fenómeno no es ajeno al debate europeo. En países como Inglaterra, estudios académicos han detectado un aumento de la mortalidad evitable en regiones donde se intensificaron las privatizaciones. En otros casos, como el de los países nórdicos, la participación privada fue revertida parcialmente tras observarse desigualdades crecientes en el acceso o en los tiempos de espera.
Países que siguen un camino paralelo al madrileño
Aunque pocos estados han replicado un modelo tan intensivo en externalizaciones, sí existen experiencias comparables. Los Países Bajos comparten con Madrid la presencia significativa de aseguradoras privadas, aunque bajo un marco regulado más estricto. Portugal implantó durante una década las llamadas Parcerias Público-Privadas, especialmente en hospitales, antes de rectificar parcialmente.
También Reino Unido ha experimentado intentos recurrentes de privatizar servicios auxiliares y parte de la atención primaria, aunque la esencia del NHS se mantiene pública. En cualquiera de estos casos, sin embargo, la privatización ha convivido con marcos regulatorios más robustos que los observados en Madrid, donde la crítica recurrente apunta a una falta de evaluación transparente de los resultados.
Países que lo han rechazado o limitado
En el extremo opuesto, países como Dinamarca, Noruega o Italia han apostado por reforzar el sector público. Dinamarca, por ejemplo, ha centralizado servicios, modernizado infraestructuras y blindado la gestión pública hospitalaria. Noruega redujo la presencia de operadores privados en áreas críticas y aumentó la inversión estatal. Italia, tras varios experimentos de sanidad externalizada en los años noventa, revirtió gran parte de esos modelos y reforzó la red de servicios públicos regionales.
Esto plantea una cuestión clave: ¿por qué unos países avanzan hacia sistemas mixtos y otros refuerzan lo público? La respuesta suele encontrarse en factores ideológicos, pero también en la evidencia acumulada: cuando la sanidad se mercantiliza sin un control férreo, aumentan las desigualdades y se tensionan los recursos del sistema público.