Las preguntas que rodean a la UCO: ¿quién investiga al investigador?

La credibilidad de la UCO y sus modos de proceder han pasado a ser cuestionadas tras la celebración del juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Ante los hechos que se han podido conocer durante el transcurso de las distintas sesiones de este proceso judicial, la forma de abordar este caso ha ocupado numerosos titulares y ha hecho que surjan voces que reflexionan sobre ello, como la del analista Gonzalo Velasco, quien argumentaba en la Cadena SER que el rigor de esta sección de la Guardia Civil ha quedado en entredicho. No solo él consideraba algo así, sino que Javier Aroca señalaba “tenemos un problema con la UCO” en su perfil de ‘X’ cuando se conoció, en declaraciones del teniente coronel Antonio Balas, que había sido obviado en el informe el bulo emitido por Miguel Angel Rodríguez.

Elementos como este y otras situaciones, como recortar conversaciones captadas y hacer interpretaciones en base a frases concretas de las mismas, han copado numerosos titulares en los últimos días sobre los modos de proceder de este cuerpo, que han generado controversia ante lo que se ha podido ir observando durante este juicio. No obstante, según ha podido conocer ElPlural.com, no hay intención por parte de la UCO de iniciar una revisión de esta investigación y las conclusiones que se obtuvieron en ella al considerar que todo se llevó a cabo de una manera correcta y apropiada.

Un conglomerado de hechos que han llevado a que las últimas semanas hayan estado marcado en nuestro país por distintas noticas relativas al juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que, además de por lo llamativo que ha resultado ver a un cargo como el suyo sentarse en los banquillos, su causa ha copado numerosos titulares por declaraciones ante el juez en este proceso que han vertido luz sobre testimonios de la fase de instrucción que han resultado no ser acordes a la realidad, como las palabras que pronunciaba Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

El juicio a Álvaro García Ortiz ha despertado gran controversia por la manera en la que ha sido juzgado el fiscal general, algo que fue duramente recriminado por la abogada del Estado en la primera jornada, quien subrayó que no se estaban garantizando sus derechos y que la investigación no estaba siendo completa, pues entendía que solo se estaba centrando sobre su figura, planteando de manera constante su culpabilidad, sin dar pie a ahondar en otras posibles vías por las que se hubiera podido filtrar el email del posible acuerdo por el que Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, estaría reconociendo un doble fraude a Hacienda. 

Dudas sobre la investigación de la UCO: conversaciones recortadas, registros, hipótesis única...

La causa en la que García Ortiz está siendo investigado ha hallado acontecimientos estos días que han resultado sorpresivos para muchos. Situaciones que han planteado interrogantes sobre si los modos de proceder de la Unidad Central Operativa son totalmente objetivos. Un ejemplo de ello lo planteó la abogada del Estado y defensa del fiscal general, Consuelo Torres, quien expuso que una de las conversaciones que se plasmaban en los informes se encontraba incompleta y que la UCO había eliminado una parte. Concretamente, esta era una conversación en la que, según este cuerpo de la Guardia Civil, Diego Villafañe, máximo colaborador de García Ortiz y responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, aludió a un presunto ascenso profesional de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, la misma noche en la que se produjo la filtración del correo que la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso envió al Ministerio Público reconociendo un doble fraude fiscal. 

En dicha conversación extraída por la UCO y que trascendió en sede judicial, se suscribía que Villafañe escribió a Rodríguez: "Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope", a lo que ella contestó: "Ay, en qué estarás pensando". El miembro del Ministerio Público respondió que "todo bueno". Una conversación que llevó a esta sección de la Guardia Civil a considerar que la colaboración de la fiscal provincial en el presunto delito de revelación de secretos podría tener la consecuencia directa de su futuro ascenso laboral. Sobre ello, cabe recordar que la fiscal provincial estuvo imputada en la causa.

Como se hacía mención, la abogada reprochaba que se hubieran borrado partes de esta conversación, pues según publicó Eldiario.es, la charla completa sitúa que Rodríguez tenía un asunto de corte personal y médico que le estaba relatando a Villafañe, y era por eso por lo que le dijo que se cuidara. A preguntas de la letrada, el coronel Antonio Balas expresó que esas líneas se omitieron por "motivos de privacidad". 

Otro de los momentos que despertaron polémica en este juicio fue el momento en el que los agentes de la Guardia Civil reconocieron que cuando registraron el despacho de Álvaro García Ortiz y el de la fiscal provincial el 30 de octubre de 2024, se llevaron más información de la autorizada por el juez porque, técnicamente y según argumentaron, era imposible filtrar antes de copiar. Los agentes desvelaban que en el despacho de García Ortiz copiaron el contenido de dos teléfonos móviles, el personal y el de trabajo, que desde Fiscalía General del Estado (FGE) se avisó de que se acababa de cambiar; un disco duro con copia de seguridad del ordenador de sobremesa, que también se advirtió de que se había cambiado recientemente; y tres cuentas de correo electrónico, dos oficiales y una personal. Sobre este registro, han puntualizado que el ordenador también se revisó, si pudiendo realizar en este equipo informático a diferencia del resto, una búsqueda concreta en la que sí se seleccionaron archivos, aunque no han sabido concretar si limitados a ese marco temporal.

Además de ello, durante las declaraciones que prestaron algunos mandos de la Unidad Central Operativa para exponer los motivos por los cuales acusaban a Álvaro García Ortiz en su informe, estos hicieron mención a un "dominio de la acción" por parte del fiscal general en la filtración, lo que supondría una ejecución a nivel personal. En relación a esto surgieron interrogantes posteriores a la sesión del juicio sobre si la hipótesis de la investigación se centró únicamente en la figura de García Ortiz y no se ahondó en otras vías por las que la filtración se hubiera llevado a cabo. El teniente coronel, Antonio Balas, explicó ante el juez que las sospechas se centraron en cuatro miembros de la Fiscalía, a lo que Castro preguntó por qué solo solicitaron la intervención del teléfono de uno solo de ellos. “Básicamente, es la persona sobre la que tenemos más indicios: toda la Fiscalía está jerarquizada, hay un dominio superior del fiscal general…”.

Interrogantes que se plantean y versión de la UCO

Los acontecimientos señalados que tuvieron lugar durante el juicio a Álvaro García Ortiz han hecho que recientemente se hayan planteado distintos debates a la revisión de los procedimientos de investigación que se llevan a cabo por parte de la UCO, como la interpretación realizada de la conversación que fue recortada, la cantidad de la información que fue tomada y superior a la autorizada, así como por la forma en la que se enfocó la hipótesis que parecía apuntar en todo momento a Álvaro García Ortiz, a pesar de la gran cantidad de periodistas que disponían del correo electrónico y que han indicado en el Tribunal que no les llegó desde la Fiscalía o que tuvieran sospechas de otras cuatro personas.

Sobre estas circunstancias, la UCO ha realizado diferentes indicaciones a ElPlural.com. Ante la interpretación de la conversación recortada de la que se realiza una interpretación de unas frases concretas respecto a una serie de varias que podría aludir a necesidad de ayuda por un alto volumen de trabajo, desde esta sección de la Guardia Civil vuelven a hacer mención a la protección de la privacidad, así como siguen entendiendo que lo que se muestra en la conversación parecía apuntar a un ascenso si la fiscal provincial prestaba colaboración. En relación a la investigación, el señalamiento continuado a García Ortiz y hechos como que, por ejemplo, solo se interviniera el teléfono de uno de los miembros de la Fiscalía, señalan que en el proceso en el que se ha estudiado el caso se han abordado diferentes vías y que, finalmente, los indicios recabados les han llevado hasta el fiscal general y que, por ello, realizan ese señalamiento.

Ante el tema de haber tomado más información de la autorizada en el registro del despacho, se basan de nuevo en el hecho de no poder seleccionar la información de manera selectiva y que, por ello, deben clonar todos los datos cuando intervienen equipos informáticos o teléfonos móviles. Así, explican que debe realizarse de esa manera por rapidez y que no pueden hacer la copia de datos solo de elementos concretos.

Hay otro asunto más que en los medios ha tenido protagonismo en los últimos días, siendo este la diferencia de tiempos en las investigaciones que la UCO lleva a cabo, atendiendo, por ejemplo, a la rapidez en casos como el de Santos Cerdán, donde se han elaborado informes en solo un mes, y los 140 días de espera acumulados desde que en junio la Fiscalía Anticorrupción solicitara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaborase un investigación sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, en relación a las causas de la segunda investigación que se le atañe, por corrupción de negocios y administración desleal. En este sentido, exponen que estos procedimientos no tienen tiempos concretos, no siendo los mismos para ningún tipo de caso y que van a estar condicionados por elementos como la aprobación de determinadas acciones por parte de la Justicia.

No existe intención ni perspectiva de iniciar un proceso de revisión de la investigación realizada, pues desde el cuerpo de seguridad exponen que los trabajos se han realizado de manera adecuada y que todo lo indicado en el informe está bien argumentado y planteado. 

ElPlural.com ha contactado también tanto con el Ministerio del Interior como el de Justicia para preguntar sobre si esta sobre la mesa realizar algún tipo de investigación para esclarecer las dudas que han surgido en torno al proceso en el que la UCO ha estudiado el caso de Álvaro García Ortiz y que, durante las sesiones del juicio, ha provocado que surjan algunos interrogantes. Las respuestas han indicado que no corresponde a estas instituciones realizar este proceso de auditoría, por lo que se plantea el interrogante de quien investiga al investigador en circunstancias como esta.