La polémica por las palabras de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha dado un giro inesperado en Les Corts Valencianes. La Mesa del Parlamento autonómico, presidida por Vox y con mayoría junto al Partido Popular, ha decidido suspender la tramitación de la reprobación impulsada por el PSPV.
El origen del conflicto se encuentra en un pleno en el que Camarero, en medio del debate, pronunció unas palabras que generaron una fuerte reacción en el hemiciclo: acusó al Gobierno de estar “lleno de prostitutas”, lo que provocó críticas inmediatas y peticiones de dimisión.
El órgano de gobierno de la Cámara ha justificado su decisión en que la frase que originó la polémica ha sido retirada del diario de sesiones. Según el acuerdo, “la iniciativa ha perdido su objeto”, al no figurar ya literalmente en el registro oficial.
Esta decisión no ha sido habitual. La Mesa no suele entrar a valorar el contenido de las iniciativas parlamentarias ni vetar su debate, salvo en casos claramente inconstitucionales, algo que aquí no se ha planteado. Además, la retirada de una intervención no supone su eliminación total, sino la inclusión de una aclaración con corchetes en el documento oficial.
La propia dirigente popular reconoció poco después que se trató de un “lapsus” y pidió corregir sus palabras. En un comunicado posterior, defendió que su intención era denunciar supuestos casos de corrupción vinculados al PSOE y al denominado ‘caso Ábalos’, asegurando que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto. También quiso subrayar su trayectoria en defensa de la igualdad, recordando su papel en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2016 y afirmando: “Yo nunca insultaré a ninguna ministra ni a ninguna mujer por el hecho de ser mujer”.
La decisión de PP y Vox ha evitado que el Parlamento valenciano volviera a debatir sobre unas palabras que ya habían provocado una oleada de críticas. Sin embargo, lejos de cerrar la polémica, la medida ha reactivado el enfrentamiento político.
Desde la oposición se ha interpretado la actuación de la Mesa como un intento de proteger a la consellera y de esquivar un debate incómodo. Mientras, el bloque de la derecha ha respaldado la idea de que, al no figurar ya la frase en el diario oficial, carece de sentido seguir adelante con la reprobación. Así, lo que comenzó como una frase en caliente ha terminado convirtiéndose en un nuevo episodio de tensión institucional, donde el foco ya no solo está en lo que se dijo, sino en lo que se ha decidido no debatir.