PP y Vox maniobran para frenar la despenalización de injurias a la Corona de PSOE y Sumar

PP y Vox han decidido plantar batalla en el Congreso contra la reforma del Código Penal pactada por PSOE y Sumar para eliminar los denominados delitos de opinión. Ambos partidos han registrado sendas enmiendas de totalidad con texto alternativo con las que pretenden frenar la despenalización de las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales.

La maniobra parlamentaria obliga ahora a devolver la iniciativa al Pleno del Congreso, donde deberá celebrarse un nuevo debate antes de que la reforma pueda continuar su tramitación. El choque entre el bloque progresista y la derecha vuelve así a trasladarse al terreno de las libertades de expresión y de los límites del Código Penal.

La proposición de ley fue la primera iniciativa legislativa impulsada por Sumar al comienzo de la legislatura, en diciembre de 2023. Sin embargo, la reforma permanecía congelada desde hace más de dos años mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas.

PSOE y Sumar alcanzaron esta semana un acuerdo para desbloquear finalmente la tramitación y comenzar a discutir el texto durante el mes de julio. Pero la presentación de las enmiendas de totalidad por parte del PP y Vox vuelve a retrasar el calendario parlamentario.

La defensa del Código Penal actual

Los populares sostienen que la reforma resulta innecesaria porque el Código Penal vigente ya protege adecuadamente los derechos fundamentales. "El legislador redactó todos los tipos penales contenidos en dicha norma con especial mesura", argumenta el PP en su texto alternativo, en el que rechaza la eliminación de los delitos que el Gobierno pretende derogar.

Para los populares, la protección de la Corona, de los símbolos nacionales o de los sentimientos religiosos sigue teniendo encaje dentro del sistema penal y no existe ninguna razón jurídica que justifique su desaparición. Vox, por su parte, va incluso más allá y aprovecha su enmienda para endurecer la legislación actual.

La formación de Santiago Abascal propone nuevas sanciones para quienes ofendan los símbolos nacionales. Entre ellas, la inhabilitación de las autoridades que no exhiban la bandera española y la retirada de subvenciones públicas a los partidos que incumplan estas obligaciones.

Además, Vox plantea que las personas nacionalizadas que sean condenadas por este tipo de delitos puedan perder la nacionalidad española, una medida que supondría un endurecimiento sin precedentes de la legislación vigente. Ambos partidos coinciden también en rechazar la eliminación del delito de enaltecimiento del terrorismo. No obstante, este punto ya había quedado fuera del acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar, después de que los socialistas se negaran a incluirlo en la reforma.

Una reforma vinculada a la libertad de expresión

Los partidos del Gobierno consideran que estos delitos han quedado desfasados y que su mantenimiento puede entrar en conflicto con la libertad de expresión y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La eliminación de las injurias a la Corona, las ofensas religiosas o los ultrajes a la bandera ha sido una reivindicación histórica de parte de la izquierda y de organizaciones de defensa de los derechos civiles, que consideran que estas figuras penales castigan opiniones, expresiones artísticas o manifestaciones políticas.

El debate llega además después de varios casos judiciales que generaron una intensa polémica pública, especialmente aquellos relacionados con artistas, activistas o usuarios de redes sociales procesados por este tipo de delitos. Las enmiendas de totalidad deberán ser debatidas y votadas por el Pleno del Congreso, aunque el asunto ya no entrará en el último pleno del periodo ordinario de sesiones.

Esto implica que el debate podría retrasarse hasta julio o incluso septiembre, aplazando una reforma que llevaba más de dos años paralizada. Una vez superado este trámite, la Comisión de Justicia deberá discutir las enmiendas parciales y elaborar el texto definitivo que llegará nuevamente al Pleno.

Al tratarse de una modificación del Código Penal, la aprobación definitiva requerirá mayoría absoluta del Congreso. La reforma se ha convertido así en un nuevo frente político entre el bloque progresista y la derecha. Mientras PSOE y Sumar defienden la necesidad de adaptar el Código Penal a los estándares de libertad de expresión, PP y Vox consideran que eliminar estos delitos supone desproteger instituciones, símbolos y valores que, a su juicio, merecen tutela penal.