PP y Vox convertirán el Congreso en un juicio sumarísimo contra Sánchez y Bolaños por la sentencia del fiscal

El PP y Vox se disponen a convertir la sesión de control del próximo miércoles en un auténtico tribunal político contra el Gobierno. Ambas formaciones quieren exprimir al máximo el terreno parlamentario para exigir explicaciones al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y no se conformarán con las preguntas en directo: ya preparan votaciones específicas en el siguiente Pleno para mantener la presión encendida.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrirá fuego con una pregunta calculada para marcar agenda: quiere saber “quién va a pedir perdón a los españoles” tras la inhabilitación del fiscal general por revelación de secretos en el caso que afectaba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La cuestión no es baladí, pues busca, una vez más, colocar a Sánchez en el foco y reactivar el relato de oposición permanente en torno a la Fiscalía, la Justicia y el Gobierno.

En el recuerdo, además, quedan las palabras del propio Sánchez hace casi un año. Desde Bruselas, el presidente no solo rechazó la credibilidad de la causa abierta contra García Ortiz, sino que llegó a preguntar públicamente “quién va a pedir disculpas al fiscal general”. Ya con el juicio en marcha, insistió en su inocencia. El PP quiere aprovechar cada una de esas citas, cada matiz, para elevar la ofensiva política.

Bolaños, en el centro del ataque

El otro nombre propio que el PP quiere mantener bajo presión es el de Félix Bolaños. Para la dirección popular, el ministro de Presidencia y Justicia se ha convertido en la pieza clave de la estrategia del Gobierno y, por tanto, en el blanco preferente de las críticas. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, le preguntará directamente si “ha llegado el momento de que asuma su responsabilidad como ministro de Justicia”, abriendo la puerta a un intento de forzar su desgaste público.

A esa línea se suma el secretario general del PP, Miguel Tellado, que quiere saber si el ministro considera que “la verdad se ha abierto paso” en el caso del fiscal general. La frase no es casual. Fue el propio Bolaños quien, en enero, defendió a García Ortiz asegurando que “la verdad se abrirá paso”. Ahora, el PP vuelve esa declaración contra el Gobierno para insistir en que la sentencia demuestra, según ellos, que el Ejecutivo se equivocó desde el principio.

La portavoz parlamentaria de los populares, Ester Muñoz, aprovechará también la ocasión para interpelar a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Su pregunta - “¿Hasta cuándo van a seguir degradando la imagen de España?” - busca reforzar el marco que el PP intenta instalar: el de un Gobierno que, en su opinión, compromete la credibilidad institucional.

Vox se suma a la ofensiva

Vox no quiere quedarse atrás en la batalla política. Su diputado Ignacio Gil Lázaro lanzará a Bolaños una pregunta prácticamente idéntica a la de Feijóo: si el Gobierno “va a pedir perdón a los españoles”. La formación ultraderechista pretende colocarse en paralelo al PP para capitalizar el mismo argumento y compartir protagonismo en la ofensiva contra el Ejecutivo.

Pero la estrategia de ambas formaciones va más allá de las preguntas orales. Tanto el PP como Vox han decidido dedicar a este asunto sus interpelaciones en la sesión de control, una maniobra que les permite elevar la presión política e institucional sobre el Gobierno y, en paralelo, ocupar espacio mediático.

Dos debates y una votación con carga política

Las dos interpelaciones culminarán en sendas mociones que se debatirán y votarán en el Pleno de la segunda semana de diciembre. En esas mociones, PP y Vox podrían dar un paso más y proponer la reprobación formal de Félix Bolaños, un movimiento que ambos partidos utilizan habitualmente para elevar la tensión política y visualizar una supuesta pérdida de apoyo parlamentario del Ejecutivo.

El PP quiere que el debate obligue al Gobierno a rendir cuentas “por el deterioro sin precedentes” que, según su argumentario, ha provocado en las instituciones del Estado. Vox, por su parte, exigirá al Ejecutivo que detalle qué medidas adoptará tras la sentencia del Tribunal Supremo. Ambas iniciativas confluyen en un mismo propósito: mantener abierto el frente político contra Sánchez y, sobre todo, contra Bolaños.