El reparto de la publicidad institucional de la Generalitat Valenciana durante el año 2024 confirma una tendencia que en el sector mediático llevaba años comentándose en voz baja: el uso del dinero público como herramienta para reforzar un ecosistema de medios ideológicamente alineados con la derecha. Los datos oficiales, correspondientes íntegramente al primer ejercicio completo del Consell presidido por Carlos Mazón, muestran un reparto profundamente desequilibrado que beneficia de forma sistemática a grandes cabeceras conservadoras y a digitales situados incluso en la órbita de la extrema derecha
La publicidad institucional tiene, al menos sobre el papel, un objetivo claro: informar a la ciudadanía sobre campañas, servicios y políticas públicas, garantizando al mismo tiempo el pluralismo informativo. No se trata de una declaración genérica o de una recomendación ética, sino de una obligación legal expresa. En este sentido, el artículo 6 de la Ley 12/2018 establece que su distribución debe basarse en criterios objetivos y en los principios de eficacia, eficiencia, equidad y objetividad, teniendo en cuenta factores como la audiencia, la implantación territorial y social de los medios, así como las características del público destinatario de las campañas, incluida la lengua. La norma prohíbe expresamente favorecer o perjudicar a un medio por su orientación política o ideológica y exige, además, que la contratación se realice mediante procedimientos de licitación o concurso público, precisamente para evitar arbitrariedades y garantizar el pluralismo informativo.
Sin embargo, el reparto de la publicidad institucional en la Comunidad Valenciana durante 2024 evidencia una clara distancia entre el marco legal y su aplicación real. Lejos de responder de manera sistemática a criterios de audiencia o implantación, la distribución del dinero público muestra una concentración reiterada en determinadas cabeceras conservadoras, mientras otros medios con presencia, audiencia y seguimiento en la región quedan marginados o excluidos. Esta desviación del espíritu y la letra de la ley convierte la publicidad institucional en una herramienta política, desnaturalizando su función de servicio público y debilitando el pluralismo informativo.
Un reparto desequilibrado y con sesgo ideológico
Uno de los casos más llamativos es el de El Español, que acumula cantidades especialmente elevadas procedentes de diferentes contratos de publicidad institucional. A lo largo del ejercicio, este medio supera con holgura los 100.000 euros en algunas relaciones de expedientes, situándose como uno de los grandes beneficiarios del dinero público valenciano. Un volumen difícil de explicar únicamente por criterios de audiencia en el ámbito autonómico, donde su implantación territorial es limitada en comparación con otros medios locales o regionales.
En una línea similar aparecen cabeceras históricas de la derecha mediática como El Mundo o El Confidencial, que suman decenas de miles de euros en campañas institucionales. Estas cifras contrastan con las cantidades percibidas por medios de orientación progresista o con perfiles más críticos con el Partido Popular, que reciben partidas mucho más modestas o, directamente, quedan fuera del reparto.
El sesgo ideológico se hace todavía más evidente al observar la presencia destacada de digitales como OK Diario, ESdiario o EDATV. Todos ellos han sido señalados en numerosas ocasiones por su línea editorial agresiva, su cercanía a posiciones ultraconservadoras y su papel en campañas de desinformación o ataque político. Pese a ello, figuran de manera recurrente entre los perceptores de fondos públicos de la Generalitat, con cantidades que en algunos casos superan ampliamente a las asignadas a medios con mayor audiencia o trayectoria informativa en la Comunidad Valenciana.
Frente a este panorama, la presencia de medios de izquierdas es residual. Cuando aparecen en las relaciones de contratos, lo hacen con importes claramente minoritarios que no se corresponden con su impacto real. El contraste resulta especialmente significativo en el caso de ElPlural.com, un medio que informa a diario sobre la actualidad política, social e institucional de la Comunidad Valenciana y que, sin embargo, no figura en el reparto de publicidad institucional de 2024. Su ausencia no es una excepción aislada, sino parte de un patrón más amplio de marginación de cabeceras críticas con el Gobierno autonómico.
La Comunidad Valenciana, el laboratorio de pruebas del PP
Fuentes del sector consultadas señalan que la Comunidad Valenciana se ha convertido en un auténtico laboratorio para el Partido Popular. Un territorio donde el reparto de la publicidad institucional permite comprobar hasta qué punto es posible moldear el ecosistema mediático a través de la financiación indirecta. A diferencia de otras comunidades, donde el equilibrio entre medios es algo más visible, en el caso valenciano el sesgo aparece con especial nitidez, tanto por la concentración de recursos como por la reiteración de los beneficiarios.
Este modelo no solo tiene implicaciones económicas para los medios excluidos o infradotados, sino que abre un debate democrático de primer orden sobre el uso de los recursos públicos y la relación entre poder político y prensa. La publicidad institucional, sufragada con el dinero de todos los contribuyentes, deja de cumplir su función informativa para convertirse en una herramienta de premio y castigo político, utilizada de forma discrecional por el Gobierno autonómico. Los medios afines reciben oxígeno financiero en forma de contratos recurrentes y cuantías elevadas que refuerzan su viabilidad económica y su capacidad de influencia; los críticos, en cambio, se enfrentan al silencio administrativo, a la exclusión sistemática y a una precarización que limita su capacidad para ejercer un periodismo independiente.
Este desequilibrio no es inocuo. Condicionar indirectamente la supervivencia económica de los medios a su alineamiento editorial genera un efecto disuasorio que va más allá de los propios afectados. Se envía un mensaje claro al conjunto del sector: la cercanía al poder tiene recompensa, mientras que la fiscalización y la crítica pueden salir caras. De este modo, la publicidad institucional actúa como un mecanismo de control blando, menos visible que la censura directa pero igualmente eficaz para moldear el discurso público.
El resultado es un ecosistema informativo cada vez más homogéneo, donde determinadas voces ganan una presencia sobredimensionada y otras quedan relegadas a los márgenes, independientemente de su audiencia o relevancia social. La pluralidad informativa se ve erosionada no por decisiones editoriales libres, sino por criterios políticos aplicados desde la Administración. En última instancia, quien sale perjudicada es la ciudadanía, que recibe una información menos diversa y más condicionada, debilitando uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia sana: el acceso a una prensa plural, crítica e independiente del poder.