El verano es una época inactiva en la mayoría de los ámbitos, especialmente el mes de agosto, y el sector político no iba a ser una excepción. Por ello es necesario agitar el avispero de vez en cuando, entendiendo como tal mantener la actividad, aunque sea a niveles mínimos.
La cuestión es de qué manera se hace esto, y el Partido Popular (PP) ha optado por ascender al nivel de escándalo cuestiones que, en cualquier otra época del año, seguramente habrían sido meras anécdotas.
En esas, la formación de Alberto Núñez Feijóo no ha dudado en poner en la picota nombres propios como el del ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; o la de Defensa, Margarita Robles. También el del Interior, Fernando Grande Marlaska y, el último en sumarse, el responsable de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
Los sitúa en el centro de cosas que, sobre el papel, no tienen nada de ilegal pero que son competencia de sus ministerios. En el caso del primero, el partido conservador adelantaba hace cosa de una semana que pediría la comparecencia del también responsable del departamento de Justicia en la Diputación tras un informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que los azules consideran “demoledor”.
El secretario general de los ‘populares’, Miguel Tellado, emitía entonces que el Gobierno de España “sigue sin cumplir ni una sola de las recomendaciones contra la corrupción. De 19, cero”. “¿Cómo va a luchar el Gobierno de Sánchez contra la corrupción si ha dado lugar a los mayores escándalos de corrupción de la democracia? Pues imposible”, indicaba. Sin embargo, obvia el Partido Popular, por ejemplo, el caso del ex ministro de Hacienda con Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro.
Además de la situación en cuanto a corrupción que arrastra el PP, elude el procedimiento que llevan estas comparecencias, y es que la última palabra, pese a ser de urgencia, la tiene el compareciente en tanto en cuanto a fecha. Además, la principal formación de la presidenta no disfruta de la mayoría en la Mesa de esta Cámara como sí sucede en el Senado.
Bolaños reaccionó con un toque de sorna habida cuenta de que era la segunda petición en una semana, pero es que a estas le acompañaron otras dos. El ministro reaccionó se pronunció desde la playa, donde se encuentra disfrutando de sus vacaciones: “¡Uy! 4 de 5. Casi pleno. 5 de agosto y el PP me ha pedido ya 4 comparecencias. Ha sido salir unos días de Madrid y dispararse el furor por el debate estival en el PP, así que ya estoy pensando cómo plantear esas comparecencias parlamentarias”.
El contrato con Huawei
El pasado miércoles, Tellado volvía a la carga con una supuesta “pieza más del entramado de corrupción ‘sanchista” que, en la práctica, es un contrato con Huawei ante el que el PP ha ido con todo, pasando mientras tanto por alto las relaciones de algunas autonomías con la empresa china.
Uno de los rostros más visibles del partido aludía a una “nueva derivada” y se refería a la “rama china” de la corrupción del Ejecutivo a partir de esta contratación de 12,3 millones de euros adjudicadas por el Ministerio del Interior a la multinacional asiática para adquirir los dispositivos de almacenamiento digital de las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales.
Para Tellado, la compañía se encuentra obligada por ley a entregarle al gobierno chino “todo lo que le pida”, algo que, a su juicio, compromete la seguridad nacional, pues esas escuchas podrían alcanzar al Ejecutivo de este territorio. Todo ello, siempre a ojos del PP y sin pruebas.
De hecho, el partido recurrió a alguna mentira, pero ningún dato objetivo para cargar contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros. Mientras tanto, en Moncloa defienden que las adquisiciones “nunca se han realizado directamente a Huawei”, por el contrario, “se encuentran sometidas a la normativa de contratación nacional y disponen de las acreditaciones requeridas en el Esquema Nacional de Seguridad expedidas por autoridades de certificación independientes”.
En realidad, habría que hablar únicamente de la contratación de sistemas de almacenamiento que no conforman ningún riesgo para el material almacenado, dado que Huawei no es quien almacena la información, sino que ésta la custodia la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Renunciar a la compra de un F-35 estadounidense
Al mismo tiempo, el PP ha pedido explicaciones al departamento de Defensa por renunciar a la compra de un caza de Estados Unidos F-35, tal y como adelantaba el diario El País. Según el Partido Popular, esto tendría “consecuencias para las capacidades de defensa de la Armada española”, por lo que en Génova quieren conocer “la decisión y motivaciones” que ha llevado a ello.
El Ministerio solventó en seguida la controversia evidenciando que prefirió alternativas europeas como el Eurofighter o el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS). Ya en su día Defensa formuló una petición de información no vinculante sobre el caza de Lockled Martin y en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 aparecía una primera partido para adquirir los Harrier de la Armada y los últimos F-18 del Ejército del Aire.
Los planes quedaron en la teoría después de que el Ejecutivo Central aprobara en abril el plan de seguridad y defensa, con la inversión para llegar al 2% del PIB en gasto militar. A esto se le añade que el 85% de estos fondos deben gastarse en Europa, algo totalmente incompatible para comprar el avión de combate de EE.UU.
"Caos ferroviario"
No se salva tampoco el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Siguiendo lo que ya han convertido en rutina, han registrado la solicitud de comparecencia urgente tanto en el Congreso como en el Senado, con el fin de que el vallisoletano ofrezca explicaciones sobre lo que aseguran es un nuevo episodio de "caos ferroviario". Así lo avanzaba el Partido Popular a través de su diputado y vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, quien lamentaba que el exregidor pucelano no haya dado aun explicaciones por las incidencias que se suceden en los trenes durante esta semana.
"No ha pedido disculpas a los usuarios y usuarias, a todos los ciudadanos que han tenido que pasar muchas horas tirados en los andenes o, peor, encerrados en diferentes terrenos de diferentes lugares de nuestro país", ha argumentado. En este sentido, lamentaba que los españoles pagan "cada vez más impuestos", pero los servicios que ofrece el Estado son "cada vez peores". "Vamos a pedirle que venga a las Cortes Generales y ofrezca soluciones", remató.