El Partido Popular rechaza sumarse al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática promovido por el Gobierno con el argumento de que ya dispone de su propia alternativa para afrontar los grandes incendios. Sin embargo, cuando se comparan las propuestas de ambos documentos, las distancias parecen ser menores de lo que sugiere el enfrentamiento político.
El plan presentado por Alberto Núñez Feijóo en agosto de 2025 contiene 50 medidas divididas en tres grandes bloques: ayudar a los afectados, recuperar las zonas dañadas y prevenir nuevos incendios. Entre sus propuestas aparecen el refuerzo de los dispositivos de emergencia, la mejora de la coordinación administrativa, la aplicación de nuevas tecnologías, la restauración de los montes quemados y el apoyo a las actividades económicas del medio rural. El documento también reivindica una gestión forestal permanente que no se limite a actuar cuando las llamas ya están fuera de control.
Buena parte de esas recetas también figura en el pacto planteado por el Ejecutivo. Según ha publicado Público, ambos textos coinciden en aspectos como la contratación y formación de personal, la modernización de los medios de prevención y extinción, la coordinación entre administraciones, el uso de tecnología para anticipar riesgos o la recuperación de las áreas afectadas.
La coincidencia no significa que los documentos sean idénticos. El del PP se ocupa fundamentalmente de los incendios forestales y del medio rural, mientras que la propuesta gubernamental aborda la emergencia climática desde una perspectiva más amplia. El pacto presentado por el Gobierno incluye 15 ejes y 80 medidas relacionadas, entre otras cuestiones, con inundaciones, sequías, olas de calor, salud pública, biodiversidad, adaptación territorial y protección de los colectivos más vulnerables.
La principal diferencia, por tanto, no reside siempre en las soluciones concretas, sino en el marco político con el que se presentan. El Gobierno vincula los incendios a una transformación climática que multiplica los episodios extremos y exige una respuesta transversal. El PP prefiere centrar el debate en la prevención forestal, la recuperación económica y la gestión del territorio, evitando asumir el concepto de emergencia climática como punto de partida de un acuerdo estatal.
Mismas herramientas, distinto relato
El rechazo popular al pacto resulta especialmente llamativo porque varias de sus propuestas podrían integrarse sin demasiadas dificultades en el documento gubernamental. Ambos reclaman administraciones mejor coordinadas, más recursos disponibles, sistemas de alerta eficaces y una atención más rápida a quienes pierden sus viviendas, explotaciones o puestos de trabajo.
El plan de Feijóo incluye asimismo medidas para favorecer el pastoreo, la ganadería extensiva, el aprovechamiento de la biomasa y otras actividades que contribuyen a reducir el combustible acumulado en los montes. Son iniciativas que conectan con una idea ampliamente compartida: los incendios no se combaten únicamente durante el verano, sino mediante trabajos continuados de prevención, limpieza, ordenación territorial y mantenimiento de población en las zonas rurales.
Pese a ese terreno común, el PP insiste en presentar su documento como una alternativa propia y no como una posible aportación al pacto. De esta manera, el debate se desplaza desde el contenido técnico hacia la disputa por la autoría política. El resultado es una paradoja: los dos grandes partidos pueden coincidir en una parte relevante de las herramientas, pero siguen alejados por la denominación del acuerdo, el diagnóstico climático y el reparto de responsabilidades entre el Estado y las comunidades autónomas.
Rebajas fiscales y un registro bajo sospecha
Las aportaciones más reconocibles del PP se encuentran en el terreno fiscal y penal. El partido propone aplicar deducciones, exenciones y aplazamientos tributarios a los afectados por los incendios, así como incentivos para determinadas actividades relacionadas con el cuidado y el aprovechamiento de los montes. Público señala estas rebajas fiscales como una de las diferencias más claras respecto al planteamiento del Gobierno.
La otra medida con mayor impacto político es la creación de un registro nacional de personas condenadas por provocar incendios. El plan popular contempla además estudiar sistemas de seguimiento telemático durante los periodos de mayor peligro. La iniciativa ha sido resumida políticamente como un “registro de pirómanos”, aunque esa expresión puede resultar imprecisa: no todos los autores de incendios intencionados padecen piromanía ni todos los fuegos tienen la misma motivación.
La insistencia en este registro permite al PP centrar parte de su discurso en la persecución de los responsables individuales. Sin embargo, esa propuesta ocupa un espacio muy superior en el debate público al que tienen otras medidas menos llamativas, como la estabilidad laboral de los equipos forestales, la planificación preventiva o la gestión del paisaje.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.