La Fiscalía General del Estado impidió este lunes reducir la pena solicitada por Anticorrupción para Víctor de Aldama, el presunto corruptor del caso Koldo. El Ministerio Público rechazó de esta manera la petición del Partido Popular, que ejerce la acusación popular en el juicio en el Tribunal Supremo, y que proponía una reducción de la pena que habría librado al empresario de pisar la prisión. Como la fiscal general, Teresa Peramato, no ha consentido estos deseos, desde Génova anuncian ahora represalias, y señalan a la institución por "su deriva de sometimiento al Gobierno". Los populares anuncian que van a pedir la comparecencia de Peramato, además de la del ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, dio por buenas sus conclusiones en la recta final del juicio, al que le queda una sesión tras la declaración de los tres acusados. De esta manera, después de la mediación de la Fiscalía General, se mantuvieron las peticiones de penas de cárcel: 24 años para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos; 19 años y medio para el que fuera su asesor en el Ministerio, Koldo García; y siete años para el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, a quien el Ministerio Público aplica un atenuante por colaborar con la Justicia.

Sin embargo, la acusación popular, que unifica el PP, pidió rebajar aún más la pena a Aldama. Casualidad o no, su cifra propuesta no superaba los dos años de condena para cada uno de los delitos que se le imputan al empresario, lo que, de aplicarse por el Tribunal, significaría que no entraría en la cárcel. De esta manera, los populares refuerzan su intento de proteger a Aldama, justo después de que, en su declaración, acusara sin pruebas a Pedro Sánchez de estar en la cúspide de la trama.

El PP señala a la Fiscalía

Y ahora, el PP amplía esa defensa al empresario, y acusa este martes la Fiscalía de romper "con el principio básico de que colaborar con la Justicia en contra de la corrupción tiene consecuencias jurídicas favorables en forma de beneficios a la hora de la petición de penas", un beneficio que Aldama ya tiene con esa pena reducida que ya pedía antes el Ministerio Público.

El mismo PP que ha pedido a Anticorrupción una pena concreta para el comisionista acusa a Fiscalía General del Estado de actuar "como un apéndice político más" del Ejecutivo. "Una posición que evidencia una contradicción flagrante incluso con el discurso que hasta ahora mantenía el propio Gobierno", aseguran, haciendo referencia a la propuesta de crear una nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante, registrada en 2024. "La aprobación de esta Autoridad, de hecho, llegó el mismo día en el que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunciaba un indulto, por parte de Moncloa, a un acusado de corrupción con la excusa de haber colaborado con la Justicia", apuntan.

Piden las comparecencias de Bolaños y Peramato

Aseguran que "colaborar con la Justicia solo compensa si es en contra del PP y a favor del Gobierno", y anuncian nuevas represalias. En primer lugar, los de Feijóo han registrado una petición para que comparezca ante las Cortes el ministro Félix Bolaños, "para que explique la situación actual de la comentada Autoridad Independiente de Protección al Informante, ante la ausencia de presupuesto propio, la dependencia del Ministerio o la insuficiente capacidad de recursos humanos".

Exigen, además, "un calendario concreto, los recursos previstos y los instrumentos normativos y de gestión para corregir dichas deficiencias y garantizar una protección real y homogénea de la personas informantes y un funcionamiento eficaz de la lucha contra la corrupción".

Del mismo modo, el PP ha registrado también la solicitud para que comparezca la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, a la que acusan de hacer una "purga" en el Ministerio Público con "su política de nombramientos". "El PP denuncia el patrón preocupante de control político de la Fiscalía por parte del sanchismo en un país que no puede normalizar que el Ministerio Fiscal premia o castigue a colaboradores con la Justicia en función de si su colaboración beneficia o perjudica al Gobierno de Sánchez", reiteran.

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