Este lunes ElPlural.com informaba en exclusiva de que Elías Bendodo, actual coordinador general del Partido Popular, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación de miles de contratos exprés durante la pandemia en la Junta de Andalucía. Tras la publicación de esta noticia, como viene siendo habitual en el modus operandi de los populares ante este tipo de polémicas, el PP ha informado a sus medios afines de que esto no es cierto, puesto que la investigación ya ha sido archivada. Sin embargo, los populares mienten. En el documento que se adjunta a continuación, con fecha del 17 de febrero de 2023 y firmada por el fiscal jefe, Alejandro Luzón Cánovas, se comprueba cómo efectivamente “se han incoado las Diligencias de Investigación”.

Asimismo, el argumento de los populares de que la investigación ya se ha archivado también carece de fundamentos porque de ser así, la Fiscalía habría informado a todas las partes. Y este periódico ha comprobado que el PSOE no ha recibido ningún escrito por parte de Anticorrupción.

Miles de contratos exprés durante los meses más duros de la pandemia

En lo que respecta a la noticia, en marzo de 2020, en lo más agudo de la pandemia, fue la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior la que emitió nuevas normas de contratación de personal. Esto posiciona en el ojo del huracán al entonces hombre fuerte de Moreno Bonilla, Elías Bendodo. El actual coordinador general del PP Nacional y número 3 del equipo de Feijóo lideraba la Consejería andaluza entonces.

El hecho de que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, con sede en Madrid, esté investigando las contrataciones implica la existencia de indicios. Según ha podido saber ElPlural, las Diligencias de Investigación se abrieron el 6 de mayo de 2022, lo que se traduce en una triple ampliación del proceso de pesquisas para determinar si existe o no un delito penal por parte de la Junta.

La polémica vuelve a salpicar a Elías Bendodo por sus contrataciones de pandemia, que no consigue despejar la turbia neblina que provocaron sus contratos exprés. El modelo de contratación permitía que, tras la publicación de la oferta de empleo en la web de Empleo de la Junta y solo con la presentación de emails por parte de los concurrentes en un plazo de 24 horas, con titulación y declaración responsable, pudieran otorgarse plazas interinas en la administración andaluza. Funcionarios a golpe de clic, siempre que tengas la suerte de haberte enterado de la convocatoria durante las 24 horas que estaba abierta.

El modelo de contratación no respetaba los principios de igualdad, mérito y capacidad

Las contrataciones superaron las 3.400 plazas en distintas convocatorias, ya que hubo ofertas en las que no se especificó el número de puestos a cubrir. Las también conocidas como ‘contrataciones de los vigilantes de la playa’ fueron anuladas por la justicia contencioso administrativa y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que señaló la vulneración de principios “constitucionalmente consagrados” por parte del gobierno andaluz.

Decenas de sentencias de la justicia dictaminan que este modelo de contratación a la sombra de las urgencias del COVID no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad. La Junta de Andalucía, a pesar de que los gabinetes jurídicos de la administración recurren las sentencias en su contra por defecto, se allanó y acató las cautelares dictaminadas por la justicia.

Ante el rechazo generalizado de los tribunales y sin recurso de amparo por parte de los servicios jurídicos de la Junta, que quiso deshacer el entuerto y borrar todo el rastro de las contrataciones con una resolución de la Dirección general de Recursos Humanos de febrero de 2022, que anulaba las contrataciones y derechos a los interinos. Los puntos para baremación, antigüedad o experiencia obtenidos por estos contratos desaparecen. Los interinos exprés solo mantendrían, al menos, sus retribuciones y cotizaciones.

Sin embargo, esta orden no resolvió las irregularidades provocadas por las contrataciones exprés de Bendodo. Varios sindicatos denuncian la anulación que decretó Recursos Humanos, aludiendo que la carga agravante no podía recaer sobre unos trabajadores que se veían privados de los derechos que habían ganado a través de su puesto de trabajo en la administración, independientemente del acceso a este. De hecho, algunas sentencias judiciales en primera instancia fallan a favor de los interinos exprés despedidos y aún quedan muchas más sentencias por salir de los juzgados.

Otro aspecto que hace prever que la resaca será dura para Elías Bendondo es que la Junta de Andalucía no habría realizado una revisión de oficio para cada caso, un proceso extraordinario que analiza las particularidades del contrato y que se consolida con un dictamen del Consejo Consultivo.

El allanamiento ante sentencias judiciales y el hecho de que se hiciera pública una orden para deshacer el entuerto de los miles de contratos generados supone una rareza en el marco administrativo. Por lo general, las administraciones recurren sistemáticamente o cuentan con el respaldo del Consejo Consultivo o técnicos o letrados propios. No fue el caso.

Las convocatorias incurrían además en otro tipo de discriminaciones, como eran las de género, edad o discapacidad, ya que excluían a mujeres que estuvieran en periodo de lactancia o embarazadas, enfermos oncológicos o crónicos, como diabéticos, portadores de VIH o mayores de 60 años. En gran parte de las convocatorias aludidas, el trabajo no estaba conectado a la gestión sanitaria y al riesgo de contagio por COVID.

El caso paradigmático de Barveal

Las contrataciones de la Junta de Andalucía bajo el paraguas de la emergencia por COVID siguen provocando quebraderos de cabeza para el PP. Tras verse obligados a desmontar la estructura jurídica de los contratos exprés han salido a la luz concesiones a aseguradoras privadas que se prolongarán hasta el próximo mes de junio. Estos contratos por cientos de millones de euros han ido prologándose al amparo de del Real Decreto-ley 7/2020 que suspendía garantías administrativas.

Pero, como demuestran las contrataciones de los 'vigilantes de la playa', este expendio público dista mucho de ser una cuestión sanitaria. El caso paradigmático es el de Barveal, una empresa sin sede ni trabajadores y que en el ejercicio anterior presentó pérdidas, pero que recibió sin ningún tipo de concurrencia contratos por cuatro millones de euros para reparación de carreteras.