Si hay un protagonista en esta precampaña son las redes sociales. Los partidos están librando su propia batalla en el terreno virtual, llegando a traspasar incluso la frontera de la ética. El Partido Popular ha recurrido a la inteligencia artificial para recrear las imágenes y voces de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos y otras personas vinculadas al PSOE en un vídeo que le atribuyen palabras que nunca pronunciaron. El montaje, difundido a través de las cuentas oficiales de la formación conservadora, ha provocado que Ferraz estudie posibles acciones legales contra Génova.
Los populares lanzaron el vídeo como réplica a la campaña socialista “Zurdos y orgullosos”, con la que Pedro Sánchez reivindicó un término utilizado por el presidente argentino, Javier Milei, para referirse despectivamente a sus adversarios políticos. Los conservadores reprodujeron el formato, pero sustituyendo a sus protagonistas por versiones digitales de personas relacionadas con distintas investigaciones que afectan al PSOE. Un montaje en el que aparece una Begoña Gómez generada por inteligencia artificial que afirma haber conseguido una cátedra universitaria por ser la esposa del presidente del Gobierno.
Le precedió un José Luis Ábalos hablando sobre prostitución y comisiones ilegales, mientras una versión artificial de Zapatero asegura esconder joyas. El vídeo incluye igualmente a Santos Cerdán, Leire Díez y Montse Mínguez, a quienes atribuye ficticias relacionadas con sus respectivas polémicas. La pieza audiovisual termina convirtiendo el lema socialista en “Lerdos y orgullosos”. Declaraciones que, por supuesto, no son reales. Se trata de un contenido elaborado mediante la IA que reproduce apariencia y voz de sus protagonistas, incorporando un aviso sobre su carácter artificial a pesar de que la controversia ha reabierto la discusión sobre este tipo de recreaciones y sus fronteras legales.
El PSOE estudia acciones legales
La reacción en Ferraz llegó el mismo jueves. Según fuentes socialistas citadas por la Cadena SER, los servicios jurídicos del PSOE están analizando la publicación para determinar si existen motivos suficientes para actuar contra el Partido Popular. Por el momento, la formación no ha confirmado denuncia alguna ni tampoco ha precisado qué posibles infracciones atribuiría al montaje. No obstante, sí valoran acudir a la vía judicial o, en su defecto, la posibilidad de acudir a los organismos administrativos competentes en materia de protección de datos e inteligencia artificial.
En Génova defienden que su vídeo es una pieza satírica y niegan voluntad de engañar sobre la identidad de quienes aparecen en él. La portavoz de la campaña del PP, Ester Muñoz, indicó que el PSOE está en su derecho de acudir a la Justicia, pero reprochó a los socialistas que pretendan trasladar al campo judicial una controversia política. Los conservadores insisten en que el montaje es reconocible como parodia y remarcan que su origen está identificado.
Borja Sémper siguió la línea trazada por Muñoz, defendiendo el recurso de estas herramientas digitales como pare de la crítica política. En Génova consideran que la publicación está perfectamente amparada por la libertad de expresión y precisan que las declaraciones ficticias deben interpretarse dentro del contexto satírico en el que se presentan. El debate, no obstante, trasciende el enfrentamiento entre ambas siglas. La IA permite atribuir palabras a personas reales mediante reproducciones artificiales tanto de imagen como de voz, generando una visión distinta a la mera caricatura o sátira. La cuestión pivota sobre las garantías que deben acompañar a este tipo de contenidos cuando se difunden en periodo preelectoral y dónde se establecen los límites de la crítica política.
¿Qué dice la legislación europea?
La polémica atrapa la campaña electoral después de la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia recogidas en el artículo 50 del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, vigentes desde el pasado 2 de agosto. La normativa exige informar cuando se difunden imágenes, audios o vídeos generados o manipulados artificialmente que constituyan una ultrasuplantación o deepfake.
La normativa no prohíbe de manera general este tipo de creaciones. Contempla un tratamiento específico para los contenidos manifiestamente artísticos, creativos, satíricos o de ficción. En esos supuestos, la obligación de identificar su origen artificial debe cumplimentarse de manera que no impida la presentación de la obra. Una distinción crucial a la hora de analizar el caso particular, pues el empleo de IA no implica automáticamente una ilegalidad, de igual modo que el carácter satírico de una publicación no exonera de una posible vulneración. La valoración depende del contenido, las condiciones en las que se presenta y de los derechos de las personas representadas.
En este sentido, la regulación establece que la información sobre el carácter artificial de estos materiales debe facilitarse de forma clara y distinguible desde la primera exposición del usuario. Por lo tanto, no basta con examinar si existe o no advertencia, sino también a cómo aparece y si permite identificar adecuadamente la naturaleza del contenido. Este marco repercute también en la legislación española sobre el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, cuya aplicación ha de conciliar con la libertad de expresión.
La jurisprudencia reconoce un amplio margen a la crítica y a la sátira política, especialmente cuando afecta a personas de relevancia pública, aunque dicha protección no es ilimitada. Algunos expertos en la materia se han pronunciado en las últimas hora. En El País recogen algunas de etas opiniones, señalando precisamente la importancia del contexto. Para evaluar las posibles consecuencias jurídicas del montaje es capital distinguir entre la representación satírica, la atribución de afirmaciones potencialmente lesivas y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Una reforma interrumpida por el adelanto
La utilización de inteligencia artificial en la campaña coincide, además, con la interrupción de una reforma legislativa impulsada por el Gobierno para actualizar la protección de la imagen y la voz frente a las nuevas tecnologías. El Ejecutivo presentó en julio un proyecto de ley orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, cuya tramitación quedó interrumpida tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral. La iniciativa había llegado a la fase de enmiendas y pretendía adaptar la regulación española a nuevas formas de utilización y manipulación de imágenes y voces.
El texto abordaba determinados usos no consentidos de estos elementos, aunque también contemplaba las garantías vinculadas a la libertad de expresión y a las creaciones satíricas. Por ello, no puede darse por hecho que su aprobación hubiera prohibido el vídeo difundido por los populares. La paralización de la reforma deja pendiente una actualización de la protección civil frente a determinadas manipulaciones audiovisuales, mientras las obligaciones de transparencia establecidas por la legislación europea ya resultan aplicables. Ambas cuestiones deben distinguirse: una se refiere a la identificación de los contenidos artificiales y la otra, a los derechos que pueden verse afectados por su utilización.
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