El Partido Popular ha llevado al Congreso de los Diputados una proposición de ley que busca dejar sin efecto el decreto del Gobierno que limita la creación de universidades privadas en aras de favorecer los centros públicos. El Grupo Parlamentario Popular (GPP) así lo ha registrado buscando modificar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la cual introduce una disposición derogativa relativa al real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades.
Los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Baja consideran que el Ejecutivo central de Pedro Sánchez viene, bajo este paraguas normativo, “extralimitando la regulación de una materia que precisa rango de ley”, además de que aducen a una “inseguridad jurídica” con ella.
Reprochan que el decreto se aprobara “sin consenso” y bajo unos criterios que, según consideran, “atentan a la calidad del sistema universitario, todo ello de conformidad entre otros informes, con lo señalado por el Consejo de Estado en su Dictamen”.
La alternativa del PP
El texto de los populares guarda como objetivo el asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a las prácticas curriculares compartido por todos los grupos parlamentarios, situando la redacción propuesta en la LOSU “no tiene en cuenta ni la realidad diversa del sistema universitario español ni las dificultades estructurales que afrontan muchas universidades -en especial las situadas en provincias con menor tejido empresarial- para garantizar la oferta de prácticas necesarias para sus titulaciones”.
En la exposición de motivos de la proposición de ley, aducen a la escasez de empresas y entidades receptoras que "limita de forma objetiva la disponibilidad de plazas de prácticas, lo que obliga a las universidades a desarrollar fórmulas de colaboración que a menudo requieren apoyo financiero o logístico por parte de las propias instituciones universitarias".
En este punto, advierten de que el problema se agrava particularmente en el ámbito de las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, donde la firma de convenios con hospitales y centros sanitarios "resulta imprescindible para la formación clínica del alumnado".
"La prohibición absoluta de cualquier tipo de aportación económica o material vinculada a esas prácticas puede poner en riesgo la continuidad de convenios ya existentes, dificultar la apertura de nuevos y reducir la oferta de plazas, en un contexto nacional marcado por la escasez de profesionales médicos y la necesidad urgente de reforzar la formación universitaria sanitaria", señala el PP.
Por todo ello, proponen dejar en pie el principio de gratuidad e igualdad en el acceso a las prácticas curriculares, pero "sin imponer restricciones que perjudiquen la viabilidad de los convenios, especialmente en territorios o sectores donde la colaboración público-privada resulta esencial".
El Gobierno aprobó el decreto en octubre y Madrid actuó en contra
El Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades fue aprobado en Consejo de Ministros el 7 de octubre del pasado año, buscando con él “reforzar la exigencia de calidad y mejorar los mecanismos de supervisión y control” de las instituciones universitarias, bajo el marco de que en España, en las dos últimas décadas, se han creado 24 centros privados, frente a ninguno público.
El decreto recibió la postura en negativo de la Comunidad de Madrid para su aplicación. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, en su cruzada contra el Gobierno en materia universitaria, se escudó en la redacción e impulso de su propia normativa autonómica, tachando la normativa estatal de constituirse como “un ataque contra la iniciativa privada”, advirtiendo que se opondrían a su entrada en vigor “con todas las herramientas legales”.
Ante esta postura, el Gobierno de Díaz Ayuso acudió al Tribunal Supremo el pasado 19 de noviembre denunciando “invasión competencial” bajo unos requisitos “arbitrarios”. Una reacción que desde Moncloa condenaron: “Estrangulamiento de lo público para dejar hueco a lo privado, provocando un debilitamiento del Estado del bienestar”, resolvieron desde el Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación de Diana Morant.